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El diputado Fernando Arteaga Aponte presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que este Congreso haga un llamado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) para que realice una auditoría integral al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. (Grupo MAS).
De acuerdo con el representante popular, dicha auditoría deberá incluir un informe técnico, financiero, de legalidad y de desempeño, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria para la prestación de servicios de agua y saneamiento en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. También sería efectuada una auditoría de legalidad de los ejercicios 2022, 2023 y lo transcurrido de 2024 a los municipios referidos.
En este sentido, el legislador recordó los diversos señalamientos que como Presidente de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento de la LXVI Legislatura ha realizado por las irregularidades detectadas por la referida concesionaria, la cuales constan en informes oficialmente expedidos por instancias federales y estatales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), entre otras.
Las acciones que se han puesto en marcha para sancionar a Grupo MAS no han sido suficientes para terminar esta situación, dijo el Diputado local. Razón por la cual “en lo que ha transcurrido de esta legislatura no se ha quitado el dedo del renglón, en virtud de que prevalece el firme propósito de encontrar una solución eficaz para finiquitar por la vía legal este asunto que para quienes lo padecemos sabemos que es injusto”.
Asimismo, consideró que, ante la opacidad del destino de la facturación anual por prestación del servicio y por concepto de cartera vencida de su antecesor, Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín (SAS), es necesario que se emita un dictamen fiscal en el que Grupo MAS absorba los costos que se generen al contratar un despacho externo en apoyo al Orfis, “no porque éste no tenga atribuciones, sino porque su presupuesto no le permite tener el personal que un trabajo de esta naturaleza demanda”.
Arteaga Aponte finalizó afirmando que este Congreso del Estado tiene un papel preponderante para atender y resolver la legítima exigencia de la población, que ya no quiere y no tiene por qué padecer los estragos causados por “una empresa que se enriquece a costa del pueblo y cuya única transparencia que conoce no es en el agua ni en las finanzas, sino en la ausencia de calidad en un servicio que deja mucho que desear”.
