El Poder Judicial del Estado de Veracruz integra la denuncia correspondiente para que quien resulte responsable, responda por el presunto daño patrimonial que asciende a 80 millones de pesos y corresponde a la cuenta pública 2022.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó al Poder Judicial por detectar que algunos trabajadores ganaron más de lo establecido por el tabulador y por la adjudicación de contratos de las ciudades judiciales.
