Teresa García Flores, madre de una menor indígena de 16 años, alzó la voz para exigir justicia tras el abuso sexual que sufrió su hija el 11 de junio de 2022 en el municipio de Ixhuatlancillo. Durante una conferencia de prensa en Xalapa, denunció que el sistema judicial no solo ha fallado, sino que ha revictimizado a su hija, quien enfrenta constantes agresiones verbales, discriminación y amenazas.
García Flores expresó su indignación por el fallo absolutorio emitido el pasado 28 de noviembre por la jueza Norma Landa Villalba, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Orizaba. Según la madre, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades que favorecieron a Armando Lorenzo Nicolás, acusado de abuso sexual en el juicio 22/2024.
“El hombre señalado por mi hija como su agresor fue liberado gracias a un fallo que envía un mensaje devastador a niñas y mujeres indígenas: que no vale la pena denunciar porque el sistema no hará justicia. Este caso es un reflejo de cómo el sistema judicial desampara a las más vulnerables”, denunció.
Revictimización y hostigamiento en su comunidad
La madre relató que tras denunciar, ni su hija ni su familia recibieron medidas de protección. Por el contrario, enfrentaron amenazas, agresiones y un ambiente hostil en su comunidad. Entre los incidentes más graves, mencionó la muerte de su perro, que fue degollado, y las constantes amenazas directas de familiares del acusado.
“Mi hija ha sido humillada públicamente. En reuniones y por perifoneo en la comunidad la han señalado, insultado y denigrado, con comentarios aberrantes como que debería estar agradecida de que alguien se fijara en ella o que ya no tiene valor porque fue violada. Esto no solo la afecta a ella, sino también a toda nuestra familia”, declaró García Flores.
La madre también señaló un trato desigual en el proceso judicial, ya que la jueza desestimó a los testigos de la víctima por ser familiares, pero aceptó los testimonios presentados por la defensa del acusado.
Exigen revisión del caso y medidas de protección
Teresa García solicitó a las autoridades de Veracruz una revisión exhaustiva del proceso judicial, incluidas las pruebas y las razones del fallo absolutorio. También pidió medidas urgentes de protección para su familia, quienes enfrentan un riesgo inminente de represalias.
Adicionalmente, denunció posibles irregularidades en la actuación de la organización Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo, la cual tiene vínculos con el acusado. Exigió que la organización sea investigada y que cualquier hallazgo se notifique al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Un problema estructural en comunidades indígenas
García destacó que, según datos de la Secretaría de Gobernación, los municipios indígenas de Veracruz registran altos índices de violencia sexual contra menores. Estos delitos, en muchos casos, se justifican bajo usos y costumbres, perpetuando la impunidad.
“Este caso es un precedente histórico porque evidencia cómo el sistema judicial sigue fallando a las niñas indígenas, quienes enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por pertenecer a comunidades marginadas. Mi lucha no es solo por mi hija, sino por todas las niñas que merecen justicia y protección”, concluyó Teresa García.
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