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Integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de la organización COPIPEV, denunciaron la falta de justicia y la prescripción de delitos relacionados con el desvío de más de 2,mil 200 millones de pesos de la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
En conferencia de prensa, Sergio Téllez Galván, presidente de la CEE; expuso que jubilados del estado siguen en pie de lucha para exigir transparencia y justicia
Explicó qué en 2016 se autorizó indebidamente el uso de la reserva técnica del IPE para solventar el gasto operativo, lo cual violó la ley al no destinarse exclusivamente al pago de pensiones.
“Desaparece el recurso que ya estaba aprobado en el presupuesto anual de 2016. Utilizan el recurso de la reserva y nunca se volvió a aclarar qué pasó con el dinero que se llevaron.
¿A quién le cometen ese delito? Al patrimonio del Estado”, denunció.
De acuerdo con los jubilados, además del uso irregular de la reserva técnica, parte del dinero fue entregado a sindicatos sin justificación clara ni registro transparente de los montos.
Complicidad de la Fiscalía
Los integrantes de COPIPEV señalaron que, después de nueve años de investigación, la Fiscalía General del Estado concluyó que los delitos habían prescrito y que no existía daño patrimonial, basándose únicamente en una auditoría como prueba, contra 141 evidencias presentadas por los propios jubilados.
“Es inaudito que sea el propio Estado, víctima del saqueo, quien prefiera convertirse en cómplice al callar o frenar las investigaciones”, acusaron.
Actualmente han promovido impugnaciones en juzgados federales, aunque enfrentan constantes dilaciones y cancelaciones de audiencias, lo que calificaron como un desgaste intencional hacia los adultos mayores.
Agresiones en Plaza Lerdo
Los jubilados también recordaron las agresiones sufridas en diciembre de 2015 en la Plaza Lerdo, cuando protestaban por retrasos y suspensiones en sus pagos., señalaron como responsable al entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, que ordenó el operativo policial.
En este particular caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó en 2018 que el Estado había violado los derechos humanos de los jubilados, y en 2019 el gobierno estatal ofreció una disculpa pública. Sin embargo, hasta la fecha no se han fincado responsabilidades a los funcionarios de alto nivel, pues solo se han imputado a mandos medios y menores de la policía.
Llamado a la justicia
Reiteraron que su lucha no termina con la jubilación y que seguirán exigiendo verdad, justicia y reparación del daño.
“No importa cuántos partidos políticos lleguen al poder ni cuántas transformaciones ideológicas se anuncien, si el Estado sigue trabajando de la misma manera que en 2015 o 2016, con complicidad e impunidad, el saqueo a Veracruz continuará impune”, concluyeron.
