Francia expulsa a 200 gitanos en redadas en su contra

El gobierno francés deportó a más de 200 gitanos luego que en la presente semana ha desmantelado varios de sus campamentos instalados de forma ilegal por razones de salud pública, reportaron autoridades locales.

Dos campamentos cerca de la ciudad de Lille, en el norte de Francia, se cerraron el jueves por la mañana, después de que se instrumentaron medidas similares en París y la región de Lyon.

Unos 240 gitanos de Europa del Este fueron puestos en un vuelo hacia Bucarest después de haber aceptado volver a Rumania de forma voluntaria.

Los críticos sostienen que los socialistas están copiando las mismas políticas anti migratorias defendidas por su antecesor, el conservador Nicolas Sarkozy, reportó el canal de televisión Channel 24 News.

Un tribunal autorizó el martes pasado la expulsión de las familias señalando que su presencia "era una amenaza seria al orden público".

Los críticos del desalojo sostienen que el nuevo presidente Francois Hollande le había prometido a los gitanos otras alternativas.

El ministro del Interior, Manuel Valls, señaló que las órdenes judiciales para eliminar los campamentos ilegales serían ejecutados "con firmeza".

"Los campamentos insalubres eran inaceptables", comentó Valls al añadir que plantea un reto a la vida comunitaria en los barrios populares donde los gitanos a menudo se instalan de forma ilegal.

Decenas de policías con equipo antidisturbios entraron a un campamento cerca de la ciudad de Lille, en el norte de Francia, poco después del amanecer para supervisar la evacuación de unos 200 gitanos que viven en casas móviles cerca de una carretera.

La evacuación sigue a una serie de redadas de la policía esta semana en París y Lyon, en donde cientos de inmigrantes indocumentados gitanos de Europa del Este se vieron obligados a abandonar sus hogares.

La mayor parte de los gitanos que habitan en estos campamentos son de nacionalidad búlgara o rumana pero, a pesar de que ambos países son miembros de la Unión Europea, no se les reconocen todos sus derechos como a cualquier otro ciudadano