Proponen ley para contar con elecciones limpias en 2012 en Caracas, Venezuela

La diputada María Corina Machado (Indep-Miranda) lanzó un reto al presidente Hugo Chávez: si no tiene "miedo", acepte que la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral "acuerden" las normas que aseguren la transparencia de los comicios de 2012.

"¿Cuál es el miedo del Presidente al juego limpio en las próximas elecciones?", preguntó ayer Machado, quien tiene previsto presentar un proyecto de Ley de Garantías Electorales.

La legisladora exigió al chavismo aprobar el mencionado instrumento y planteó otras cuatro demandas para proteger la voluntad popular en 2012: revisar a fondo los registros Electoral y Civil, brindar facilidades a los venezolanos que residen en el extranjero para que se inscriban en el padrón, que el Estado invite a los observadores internacionales y la pronta entrega del cronograma y las reglas del proceso.

Machado lanzó esta serie de peticiones, luego de criticar que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no haya llevado ayer a la AN personalmente su informe de gestión de 2010. A diferencia de la defensora del pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, y la defensora pública, Omaira Camacho, Lucena no asistió a la Cámara y se limitó a enviar su memoria y cuenta a la Secretaría. La parlamentaria indicó que el árbitro "tuvo miedo de ser interpelado" y añadió: "Aún los informes del CNE de 2007, 2008 y 2009 son desconocidos por la gente".

Amenaza policial

Aunque en principio se había anunciado que acudirían hasta la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, la fiscal Luisa Ortega Díaz y el contralor Clodosbaldo Russián, por la AN solo pasaron Ramírez y Camacho.

La defensora del pueblo describió un panorama alentador en el campo de los derechos humanos. Apuntó que en 2010 recibió 97 denuncias sobre "privaciones arbitrarias de la vida", 40 menos que en 2009.

La mayoría de esas acusaciones recayeron sobre las policías estadales (43,30%) y municipales (22,8%). La funcionaria también manifestó su preocupación por el desempeño del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

"La vulneración del derecho a la libertad personal disminuyó en 86,5%", observó Ramírez, sin ofrecer detalles más precisos. Igualmente, dijo que recabaron "2 mil 230 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal". El mismo número que reportaron en 2009.

Por su parte, Camacho contó que en el país 43 mil 520 personas están privadas de libertad. De ellas, 41 mil 868 están "en condición intramuros" (cárcel). "De ese total, 31 mil 652 son atendidos por la Defensa Pública", celebró como un logro.

Además, destacó que de los 98 mil 797 ciudadanos que enfrentan a los tribunales en el país, 65 mil 741 están siendo juzgados en libertad.

El diputado William Ojeda (UNT-Miranda) rechazó las intervenciones de Ramírez y Camacho. "No tenemos Gobierno, tenemos una gran obra de teatro", fustigó Ojeda.