La ley, por encima de mi jefe: Virgilio

Más allá de la instrucción que recibió del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, afirmó que en todas las investigaciones hará prevalecer y cumplir el marco legal.

En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, de MILENIO Televisión, el funcionario explicó que los secretarios de Estado están sujetos a la rendición de cuentas y acatar reglas y leyes.

Bajo ese contexto investigará si existió conflicto de interés en la adquisición de bienes inmuebles que concretó el Ejecutivo federal con una casa de descanso en Ixtapan de la Sal; la de su esposa, Angélica Rivera de Peña, en las Lomas de Chapultepec, o la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México.

"El Presidente nombra a los secretarios, son miembros de su gobierno, solo que con un detalle: el ejercicio del cargo de los secretarios está sujeto a la rendición de cuentas ante el Congreso y a una serie de reglas y conjuntos de leyes. Entonces, el encargo pasa automáticamente a ser una situación, primero, que tiene que estar sustentada en la ley, y segundo, a ser vigilada por instituciones que no son del Presidente de la República.

"Es decir, más allá de que sea la instrucción del jefe, una vez dada, lo que tiene que hacerse es prevalecer el marco legal y su cumplimiento, y el ejercicio del cargo está observado por el Poder Legislativo, además de la opinión pública", dijo.

Consciente de la tarea que tiene frente a él, Andrade fue tácito al advertir que los conflictos de interés no son exclusivos de México, como tampoco lo son los actos de corrupción.

Por ello se pronunció por cerrar todos los caminos que conlleven a los abusos de poder, desviación de recursos y aprovechamientos indebidos que se dan entre servidores públicos y particulares.

"Es importante cerrar el paso en todos los frentes, incluso más allá de los menos manchados o violentos, pero que son igualmente lastimosos. Digo menos violentos porque no estamos hablando propiamente del crimen organizado, pero igualmente lastimosos no solo porque violan la ley, sino porque hay desviación de recursos, aprovechamientos indebidos, abusos de poder.

"Por eso es importante abordar este tema y por eso tiene valor ponerlo en la palestra y en el primer plano, y el gobierno empieza haciéndolo con lo que tiene a la mano. Lo afortunado es que también el Congreso está discutiendo elementos para completar", comentó.

El secretario se refirió así a la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) —y que apoya el PRI— para crear un nuevo sistema "radical e integral" con el fin de combatir la corrupción creando nuevos órganos y dotando de más facultades a otros ya existentes.

"Tema central de agenda"

Durante la charla insistió que si no se consiguen los objetivos de frenar las acciones de corrupción y conflictos de interés, las instituciones simplemente reventarán.

"El punto es, como ha pasado en otros países, que si sigue creciendo la práctica, las instituciones revientan porque pierden fuerza frente a los privados y porque la sociedad, quieras que no, tiene voces y elementos de equilibrio, comenzando por la propia decepción.

"Si la sociedad tiene una decepción y le da la espalda al gobierno, entonces el mal endémico también contamina las relaciones sociales", agregó Andrade, designado secretario de la Función Pública apenas el pasado 3 de febrero.

Por ello, dijo, "de lo que se trata es de tomar el tema de la corrupción y el conflicto de interés como un elemento central de la agenda de gobierno, y lo primero que hace el Presidente es notificar que la Secretaría de la Función Pública está viva".

El funcionario explicó que su primera tarea consistirá en revisar la legalidad de los contratos que suscribió el gobierno federal con Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, propietario de las tres casas que generaron el aparente conflicto de interés.

Además de analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios involucrados, en este caso de Videgaray y de Peña Nieto, toda vez que "arroja un grupo de datos y de situaciones" útiles para la aclaración de los hechos.

"Se reitera que vamos a investigar si hay conflicto de interés o no, y en el propio discurso presidencial se dice que hay que asomarse a los contratos y a la relación que tienen los privados que vendieron la casa con el gobierno, si jugaron derecho.

"A lo mejor no hay conflicto de interés, pero si no jugaron derecho hay que ver, y en ese sentido no está cerrada ninguna posibilidad de declaración de conflictos, para eso es la investigación justamente", abundó.

Recordó que para darle mayor credibilidad al quehacer de la SFP, en breve darán a conocer los nombres de quienes conformarán el panel de expertos que supervisará la indagatoria.

"La Secretaría de la Función Pública hace investigación sobre los servidores públicos vigentes federales; es un compromiso legal determinar si hubo conflicto de interés entre el gobierno y los particulares que habían vendido las casas y derivado también de la situación patrimonial. Estos son los dos elementos que se tienen que enlazar para llegar a una conclusión y ser sometida al panel de expertos", precisó.

Aclaró que sancionar e inhabilitar al mandatario es imposible, toda vez que la Constitución indica que el Presidente de la República únicamente será juzgado por traición a la patria y la comisión de delitos graves del orden común.

"Eso dice la Constitución, así están constituída, hace un régimen presidencial que al jefe de Estado se le pone en esa esfera y en esa calidad. Yo entiendo que es discutible y se está discutiendo en otras partes incluso, pero así nació y el sistema así se está manteniendo. No es el único país, es la protección que tiene el jefe de Estado", afirmó Andrade.