Entre otras medidas, los capacitadores no usan uniformes ni distintivos del Instituto Nacional Electoral y evitan recorrer ciertas rutas peligrosas.
Nacionales
MILENIO - 2015-03-11
En Chilpancingo y Tixtla "no hay condiciones para realizar la elección federal" ante el elevado nivel de encono y riesgo de violencia social que prevalece en todas sus secciones electorales, reconoció la presidenta del Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Leonor Vélez.
"En este momento mi opinión personal es que no hay condiciones", dijo a MILENIO.
Vélez está encargada de una tarea nada sencilla: la organización de la elección federal en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Quechultenango, Mochitlán y Tixtla, sede de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En su conjunto, la zona es el epicentro de las protestas derivadas de la desaparición de estudiantes y uno de los bastiones más recalcitrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
La funcionaria electoral denunció que desde hace meses se mantiene una campaña permanente de hostigamiento contra el personal del instituto en la zona, donde esta semana el Consejo Distrital se vio obligado a aprobar "medidas de carácter extraordinario" para tratar de reducir los riesgos a sus capacitadores en Chilpancingo.
Entre otras recomendaciones, se les pidió no usar uniformes ni distintivos del INE y no recorrer ciertas rutas peligrosas. El ciento por ciento de las secciones electorales del distrito fueron ya catalogadas como de "atención especial", lo que apunta a una potencial alta tasa de rechazo entre los ciudadanos para ejercer funciones en casilla.
"Desde el 8 de diciembre que no estamos en nuestra oficina y esto nos está dificultando el trabajo tanto de gabinete como de campo", dijo. "Estamos haciendo lo que podemos para mantener viva la llama del proceso electoral (...) y acordamos hacer uso de medidas extraordinarias para mitigar algunas acciones del movimiento social. En este momento portar el uniforme es motivo de riesgo".
Junto con el resto de sus compañeros del séptimo distrito federal en Guerrero, Vélez se ha transformado en una funcionaria nómada; ni ella ni el resto de los integrantes del INE en la capital guerrerense tienen oficina fija desde el 8 de diciembre, cuando la Ceteg clausuró la Junta Local Electoral, donde hoy hay una pinta amenazadora en una de sus puertas: "Si abren, volvemos".
Ahí, bajo candado, permanece el equipo de cómputo necesario para echar a andar el Programa de Resultados Preliminares (PREP), además de papelería electoral diversa y bases de datos. Pero la dificultad de no tener una sede para trabajar no se limita solo a la infraestructura. Vélez sentenció que en unas semanas se recibirán los manuales de capacitación de los funcionarios de casilla y, en este momento, no hay ni siquiera donde almacenarlos.
"Necesitamos nuestra sede", dijo. "Nos urge".
El peregrinar de las autoridades electorales del séptimo distrito ha sido permanente desde que perdieron su sede. Por un tiempo, como caravana beduina, se trasladaron a Mochitlán con computadoras y actas a cuestas. A un municipio de distancia estaban lo suficientemente alejados del plantón de la CETEG en Chilpancingo como para operar con tranquilidad. Pero a finales de febrero, con la llegada de cientos de hombres armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) a la zona, la situación se tornó insostenible de nueva cuenta. Tuvieron que mudarse otra vez.
"Hay muchas balaceras, bloqueos y enfrentamientos por allá y por eso nos regresamos a Chilpancingo", lamentó Vélez. Esta semana, para poder sesionar con el consejo local, pidieron prestada por unos días la sede alterna del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, la autoridad electoral local que, a su vez, pasa por algo similar: también tiene sus oficinas centrales clausuradas.
La sede de la Junta Local Ejecutiva del séptimo distrito no es la única que ha sido vandalizada o que se encuentra cerrada. Las juntas distritales 04 y 09 de Acapulco también han sido ocupadas, lo mismo que la 05 de Tlapa, 08 de Ayutla, la 05 de Chilpancingo y la 03 de Zihuatanejo.
En lo que toca al séptimo distrito, que se encuentra justo en la zona donde la Ceteg mantiene su plantón base —el zócalo de Chilpancingo—, el 6 de enero una de sus oficinas de credencialización fue atacada por normalistas y maestros y sus computadoras terminaron destruidas. De nueva cuenta, a manera de advertencia se dejaron pintas en el módulo. La más repetida: "No habrá elecciones".
Como resultado de las amenazas, el personal del INE se trasladó a principios de este mes a una casa rentada en un punto secreto de Chilpancingo. Una veintena de funcionarios se encuentran hoy laborando en estas oficinas hechizas, entre cajas de cartón, paredes descascarilladas y mesas improvisadas. Se trata de una vivienda con las ventanas tapiadas y cubiertas por cobijas para que los maestros de la CETEG no descubran las instalaciones.
Fermín Vargas, vocal secretario del séptimo distrito, admitió que los maestros rondan la zona y ya se han acercado a preguntar si ahí trabajan funcionarios del INE. "Nos están buscando", deploró. "Hacemos un llamado a las autoridades para que nos ayuden a recuperar la normalidad democrática".
Las dificultades se han filtrado hasta el nivel básico de la preparación de la elección: los capacitadores. Estos trabajadores del INE, encargados de informar y entrenar a los ciudadanos insaculados que han sido seleccionados para fungir como funcionarios de casilla, experimentan de primera mano las complicaciones de trabajar en territorio de la CETEG.
"Hay maestros que hacen patrullajes en camioneta buscándonos", dijo Zuly Dayan Brito, una capacitadora que hace funciones en la sección 1225, una de las más cercanas al plantón en Chilpancingo y en donde el nivel de rechazo a participar en la elección federal es más elevado.
"Me ha tocado que me han cerrado como 15 puertas. Algunos me han gritado y otros dicen que tienen miedo de participar por lo que pueda pasar en la
elección", dijo. En total, se requiere 18 ciudadanos para que sirvan de funcionarios en cada casilla.
"Hemos tenido como unos 350 rechazos", detalló Moisés Acosta, encargado de capacitación. Como fuere, estimó que hay un avance del 40 por ciento en los trabajos para integrar las mesas de casilla. "Nosotros seguimos trabajando para preparar la elección", insistió.