En Veracruz es prioritario el protocolo de atención a periodistas: FGE

El fiscal especializado en Delitos Electorales y en la Atención a Periodistas de la Fiscalía General del Estado (FGE), José René Álvarez Márquez, aseguró que en Veracruz es prioritario el cumplimiento del protocolo de atención a los comunicadores, cuando sus derechos relacionados con la libertad de expresión y de información se vulneran.

Al intervenir en la mesa de discusión Ser periodista en México: un peligro de muerte, celebrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el servidor público destacó que los 400 agentes del Ministerio Público de Veracruz tienen la obligación de atender toda investigación presentada por los comunicadores, para analizar si es en agravio a la libertad de expresión y a su ejercicio profesional.

“Se ha capacitado a los agentes ministeriales en la aplicación del protocolo, mediante el cual se estudian publicaciones, audios, videos o redes del agraviado durante los últimos seis meses; se investiga si es por motivo de la actividad profesional o de otra índole para determinar responsabilidades”.

En el foro, organizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y en el que participaron autoridades federales, académicos de la UNAM y periodistas, expuso que Veracruz, por su geografía, se ve inmerso en distintas situaciones que obligan a conjuntar esfuerzos con otras instancias de justicia y de derechos humanos hacia los comunicadores.

“Tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), hemos signado convenio con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que estos casos sean atendidos”.

Participaron en el debate el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera Herrera; el director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), José Omar Rábago Vital; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Roberto Ochoa Romero; el director general del ONC, Francisco Rivas, y la periodista Elia Baltasar.

Todos ellos señalaron los riesgos a los que han estado sujetos medios y comunicadores en todo el país, que han afectado a muchos estados, por lo cual es necesario aplicar la ley y garantizar libertad de expresión y de información, así como preservar los derechos humanos.