A un mes del asesinato de cinco personas en un departamento de la Colonia Narvarte, la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) ya detuvo a dos sospechosos, pero no ha aclarado cuál fue el móvil.
Policías de investigación capturaron primero a Daniel Pacheco, acusado de los delitos de feminicidio agravado, homicidio calificado y robo agravado.
Según la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/1507, y su relacionada FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07-01, el detenido reconoció estar en el departamento y hurtar algunos objetos, pero dijo que él no había asesinado a las personas y tampoco aclaró el móvil del multihomicidio.
El domingo, el Procurador Rodolfo Ríos anunció la captura del segundo implicado en el crimen, un ex policía de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) identificado como Abraham Torres Tranquilino.
Él tiene antecedentes penales por torturar a una persona mientras estaba en funciones, y por ello fue sentenciado a 4 años 8 meses de prisión en 2012.
Durante el anuncio de la captura, Ríos rechazó pronunciarse sobre el móvil de los asesinatos y se negó a declarar sobre detalles del grado de participación del segundo detenido.
Familiares de Nadia Vera y de Rubén Espinosa, dos de las víctimas, han solicitado a la PGJDF que dentro de las líneas de investigación se contemplen las amenazas que el fotorreportero vivió por parte del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el acoso que la mujer padeció por su activismo político.
La PGJDF informó que el crimen ocurrió entre las 12:00 y las 15:00 horas del viernes 31 de julio, pero no explicó cómo ingresaron al departamento los homicidas, el motivo por el que mataron a las personas y si victimarios y víctimas se conocían.
Según la necropsia, las cinco personas fallecieron por un impacto de bala en la cabeza y todas, a excepción de Alejandra Negrete Avilés, que era la empleada del lugar, fueron golpeados y torturados.
Según los peritajes efectuados en el lugar, vertidos en el expediente al que REFORMA tuvo acceso, el departamento estaba desordenado y había sangre en la sala, en las tres recámaras y en el baño.
La PGJDF informó que está imposibilitada para realizar conferencias y detallar las detenciones y nuevos avances por el caso Narvarte, por un amparo otorgado a familiares del fotorreportero asesinado.
Sus allegados señalaron que las filtraciones de información y su manejo han generado actos de estigmatización, revictimización y criminalización.
A DEPARTAMENTO DE NARVARTE IBAN A ARREGLAR UN ASUNTO DE DROGAS
El ex agente de la Policía capitalina, Abraham Torres Tranquilino, confesó ante las autoridades que sí estuvo en el departamento de la colonia Narvarte el día del múltiple crimen, reconoció que el arma usada en el homicidio era suya y aseguró que fue a ese lugar para tratar un asunto relacionado con drogas.
Funcionarios capitalinos cercanos al caso revelaron ayer que tras ser detenido en Iztapalapa, el ex agente se negó a declarar sobre el asunto y que incluso se mostró agresivo contra las autoridades que trataron de interrogarlo.
Sin embargo, conforme pasaron las horas de su captura y encierro dentro de las galeras de la Fiscalía Central de Homicidios, el hombre terminó por aceptar su participación en el crimen.
Dijo que la pistola calibre 9 milímetros con la que fueron ejecutadas cada una de las cinco víctimas, sí era de su propiedad. Y reconoció que fue él quien se llevó del domicilio el automóvil Mustang rojo, que era propiedad de la joven colombiana Mile Virginia Martin, aquel 31 de julio.
Pese a ello, según él, quien mató al fotógrafo Rubén Espinosa y a las cuatro mujeres, fue el primer detenido por este crimen: Daniel Pacheco Gutiérrez. En su defensa aseguró que aunque la pistola sí era suya, ya dentro del departamento se la entregó a Pacheco y fue éste quien se la quedó.
Contrario a ello, en su declaración ministerial, Pacheco Gutiérrez aseguró que él no había hecho nada, que se había salido del departamento sin presenciar ningún crimen, pero que el responsable de los asesinatos era Abraham Torres Tranquilino.
“Hasta el día domingo me enteré que habían matado a unas personas, entre las que había un reportero… Les marqué a Abraham y Omar y les dije ‘¿qué pedo?’, me dijeron que no pasaba nada”, dijo.
El personal cercano a las indagatorias explicó que cuentan con indicios para presumir que dentro de la maleta que fue sacada del departamento aquella tarde del crimen, los hombres llevaban droga. Hasta ahora, las autoridades no han podido ubicar el destino de esta valija.
Ayer, el Ministerio Público, consignó a Abraham Torres Tranquilino ante un juez penal por los delitos de homicidio, feminicidio y robo. Es el segundo hombre encarcelado por este caso. Al igual que su cómplice fue enviado al Reclusorio Preventivo Oriente.
JUEZA PROHÍBE A PGJDF DIFUNDIR EL CASO
Por un amparo que la jueza novena de Distrito, María Catalina de la Rosa Ortega, otorgó a la familia del fotógrafo Rubén Espinosa para que las autoridades no den a conocer la información sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte, la Procuraduría capitalina ya ni siquiera puede dar conferencias de prensa sobre el caso.
El lunes, el procurador Rodolfo Ríos se había comprometido a dar este martes más datos sobre la captura del segundo implicado. Sin embargo, con el recurso obsequiado por la jueza la noche de ese mismo día, debió cancelar la conferencia.
Y es que familiares del fotoperiodista interpusieron el juicio de amparo solicitando que les proteja contra “actos de revictimización y omisiones que ha realizado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la investigación del homicidio múltiple”.
El juicio de garantías fue promovido por Alma Cristina y Perla Patricia Espinosa Becerril, hermanas del fotógrafo.
De acuerdo con el expediente 804/ 2015, iniciado el pasado 27 de agosto, las demandantes argumentan cinco violaciones a los derechos humanos relacionados con la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, la cual se abrió tras el múltiple crimen.
En el escrito, según ellos, hubo omisión por parte de la PGJDF, para el resguardo de la información contenida en el expediente, además de que acusaron filtraciones de la información a la prensa.
También se señala que en el manejo de la información del caso se generan actos de estigmatización, criminalización y revictimización, que, aseguran, resultan equiparables a tormento y con efectos de infamia, prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución.
Según la demanda, con estas acciones se advierten violaciones de los derechos a la vida privada, integridad personal, intimidad y datos personales; y las consecuencias sociales de hecho y de derecho que se generan en la esfera jurídica de los quejosos.
(Con infomración de Yáscara López y Carlos Jiménez)
