Irregularidades detectadas durante auditoría, derivaría en denuncias penales: ASF

Luego de detectar subejercicios y un daño al erario público por 70 mil millones de pesos, el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, comentó que aún hay tiempo de aclarar y comprobar estos recursos, así como que en algunos casos se derivará en denuncias penales.

El auditor Portal señaló que la entrega de su informe es el comienzo de este proceso, pues "tenemos unos tiempos establecidos por la ley para que los entes que han sido auditados, presenten información que no fue presentada durante el proceso de la auditoria".

Juan Manuel Portal señaló que son los estados los que principalmente incurren en el uso indebido de recursos, detrás se encuentran los municipios. "Hay desviaciones importantes que siguen pendientes de poderse comprobar, de poderse subsanar".

En entrevista telefónica con Ricardo Rocha, Juan Manuel Portal fue cuestionado sobre mil millones de pesos que involucraría a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y dos universidades –la de Morelos, Guanajuato del Estado de México-, el funcionario explicó que en este caso se contratan servicios o bienes a las casas de estudios, con precios que no son debidamente justificados.

Agregó que las universidades, abusando de la ley, se quedan con un porcentaje del monto por el que les contrata, subcontratando en varias ocasiones. Señaló que estos actos propician corrupción, "esto llega, finalmente, a denuncias penales en todos los casos".

Al preguntarle sobre una solución, el auditor señaló la necesidad de modificar la ley de Responsabilidades Administrativas para servidores públicos de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como dotar al Tribunal de Justicia Administrativa para que sea este el que sanciones y no las contralorías internas.

Asimismo, se podría realizar una nueva ley de fiscalización para la realización de auditorías preliminares, antes del cierre del ejercicio; "llevar a cabo auditorias en tiempo real", lo que permitiría auditar el primer día hábil siguiente a la terminación de una cuenta pública, o hasta cuatro meses después de que se recibe.