Debe Sedesol informar de funcionarios beneficiados por Prospera en Veracruz

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dirigida por José Antonio Meade, deberá informar sobre los servidores públicos del municipio de Acayucan, Veracruz, que presuntamente son beneficiarios del programa Prospera o de alguno de sus programas sociales, así como su fecha de ingreso al mismo y el monto de recursos asignados.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de analizar el recurso de revisión que un particular presentó ante la respuesta de la Sedesol.

De acuerdo con un comunicado del Instituto, el solicitante envió a la Secretaría una lista de nombres entre los que presuntamente se encuentran servidores públicos y le pidió informar quiénes reciben recursos se los programas sociales que opera.Particularmente, le pidió conocer si determinado funcionario municipal de Acayucan es beneficiario de Prospera.

En su respuesta, la Sedesol dijo que no era competente para conocer de la información y orientó al recurrente a consultar a la Unidad de Enlace de Prospera.


Inconforme ante tal respuesta, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, quien consideró procedente la orientación que le dieron hacia la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, aunque sólo respecto al programa operado por dicho órgano.

Sobre el resto de los contenidos de información, el INAI consideró que la Sedesol es competente para conocer los beneficiarios adscritos a los programas sociales a su cargo

Aclaró que la Sedesol “no realizó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, no obstante que cuenta con atribuciones para conocer de los beneficiarios de sus programas sociales”.

Por estas razones, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Sedesol y la instruyó a buscar la información solicitada, sin omitir la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios. Con ello, le dijo que debe dar a conocer al particular quién de los presuntos servidores públicos está inscrito en algún programa de la Secretaría, su fecha de ingreso y el monto de recursos que recibe.

La comisionada ponente del caso, María Patricia Kurczyn Villalobos, resaltó que éste representa “un ejercicio de rendición de cuentas para fortalecer la confianza en las instituciones y combatir la corrupción, principalmente porque se tratade un tema que tanto interés genera entre la sociedad como lo es el funcionamiento, operación y financiamiento de los programas sociales”.