#AsuntosPúblicos: CHICANADAS Y DESINFORMACIÓN

En el léxico de litigantes se conoce como chicanadas a las argucias sin ética profesional empleadas en el procedimiento judicial, que incluye desde falsedades y pedimentos engorrosos hasta recurrir a instancias improcedentes con el sólo propósito de demorar inevitables resoluciones o actos jurídicos que habrán de consumarse.

Por ignorancia o por propaganda, una u otra o por ambas, el grupo político de Miguel Ángel Yunes Linares, detractor del decreto del Congreso local que destina el impuesto a nómina para el pago de pasivos reconocidos del Gobierno del Estado, festina prematuramente un incidente de suspensión, como si fuera definitivo, en una controversia constitucional, sin fundamentos válidos, interpuesta como chicanada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El viernes pasado y en los días siguientes los allegados al gobernador electo, comenzando por su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez –alcalde de Boca del Río– y secundado por otros de su clan político, propalaron el acuerdo de suspensión al aludido decreto y a la creación de los fideicomisos de pago, exagerando sus alcances; soslayando la naturaleza de esa medida, sin tampoco admitir la debilidad de su recurso.

La suspensión es medida cautelar, no prejuzga ni resuelve

Para empezar deberían moderar su entusiasmo. La suspensión es sólo un incidente, que no prejuzga sobre el fondo, no resuelve ni se pronuncia sobre la controversia promovida por siete ayuntamientos, todos del PAN, es una medida precautoria, de buena fe (sorprendida en este caso) que busca congelar el acto impugnado para evitar que de ejecutarse cause algún daño irreparable. No lo dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en pleno, sino el ministro instructor (el que integra el proceso), Javier Laynes Putisek. Además, la suspensión concedida puede modificarse o revocarse, cabe para ello el recurso de reclamación, mismo que seguramente promoverán –el gobernador y el Congreso– como partes del proceso, lo que provocará que dicho recurso se turne a otro ministro, que someterá su proyecto respecto de la suspensión al pleno. Si hubo como se cree exceso en el ministro instructor, la suspensión puede revocarse. Por cierto, este ministro, de la última camada de Peña, es un abogado hacendario, que lo mismo le sirvió a Fox y a Calderón que a Videgaray y a Peña.

No hay fundamento para la controversia, No agravia a ayuntamientos

Por otro lado, el juicio constitucional elegido por el grupo de Yunes y promovido por siete ayuntamientos, no tiene fundamentos, el decreto que destina el impuesto al pago de acreedores no es inconstitucional, no causa agravio alguno a los ayuntamientos, en nada afecta al federalismo o la división de poderes, o invade la competencia de los ayuntamientos. No se dan los supuestos para que la Corte se pronuncie en la controversia entre “un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales”. Los impuestos en general son para sufragar el gasto público, no necesariamente deben estar etiquetados para un fin específico; además que el Impuesto a la Nómina, según el Código Financiero reformado, podrá usarse para pago de deuda pública y saneamiento financiero, que es el objeto del decreto que lo afectó al pago de pasivo circulante. Y para más, es un impuesto del estado, sobre el que los ayuntamientos no reciben ninguna participación. Es previsible por ello que el pleno de la Suprema Corte resuelva en contra de los ayuntamientos, desestime sus agravios y sostenga la constitucionalidad y legalidad del decreto que destina los ingresos del 3% a la Nómina al saneamiento de deuda. Si alguna influencia pudieron ejercer los del PAN sobre el ministro Laynes –sea por la vía de sus ligas con panistas o ahora con su conexión con Videgaray–, se duda de que pueda alcanzarles para a controlar dos veces a los 11 ministros –en el posible recurso de reclamación al exceso en la suspensión y en la sentencia a la controversia constitucional.

Hay que cuidarse de la propaganda y la desinformación en este periodo de guerra entre el grupo saliente de Javier Duarte y el que viene de Miguel Ángel Yunes, cada uno maneja los mensajes a su conveniencia, como en la campaña electoral, información manipulada para golpear al enemigo y presentar a la opinión pública su mejor imagen.

Acuerdo en El Lencero

Al final del gobierno de Duarte, no faltan la excentricidades en su método de trabajo, desde el aislamiento depresivo en Casa Veracruz, las ráfagas compulsivas de entrevistas a medios para divulgar su mundo feliz, donde todos creen que es honrado, posee bienes modestos, no tiene prestanombres, Peña lo quiere (Moi lo ama y lo heredará), el PRI no lo echará y se alegra de que lo investigue el SAT, hasta el nuevo formato para juntas de gabinete. Ahora despacha en el aeropuerto de El Lencero. El viernes el secretario de gobierno, Flavino Ríos, convocó a una reunión que presidió el gobernador Duarte, quien arribó de la Ciudad de México para incorporarse al evento. Sesionaron en la sala de espera, algunos sentados, la mayoría parados, ahí presentes todos los administrativos de Alberto Silva y Jorge Carvallo, además de Édgar Spinoso, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Juan Antonio Nemi, Adolfo Mota y Ricardo García Guzmán y el convocante Flavino. Dicen que Duarte dictó líneas para que revisaran sus pendientes y, según les dijo, ya la libró con el SAT –claro, en su mundo feliz. Hubo ahí varios siglos de cárcel.