#AsuntosPúblicos: RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESLINDES

En un contexto de presunciones y acusaciones de corrupción al gobierno saliente de Javier Duarte, es importante conocer cómo van a actuar los servidores públicos locales que intervienen en la fiscalización y el control de los recursos públicos ejercidos.

Hay factores que condicionan el deslinde de responsabilidades de cada quien: la magnitud de las irregularidades de las que ya hay hilos públicamente difundidos –las observaciones y denuncias en el gasto federal señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el servicio de Administración Tributaria (SAT), las investigaciones abiertas por la PGR por enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero, o las bajas calificaciones y la perspectiva negativa a las finanzas públicas de las firmas calificadoras de riesgos crediticio–; además del inminente relevo en el poder, a dos meses y días de entregar la administración a un grupo político adversario al que termina, todo ello apunta a que es inevitable transparentar los resultados de las auditorías posteriores y en ejercicio de los recursos públicos del estado. El que se la comió que lo devuelva.

El Orfis

El titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla, ya dio muestras de que no participa en encubrimientos; como es sabido denunció a mediados del mes pasado en la Fiscalía del Estado un daño patrimonial cercano a los mil millones de pesos, involucrando a servidores públicos de la Secretarías de despacho del Ejecutivo (Desarrollo Social, Educación y Protección Civil ) y en el DIF estatal, en el sonado caso de los amañados contratos de compra a las empresas fachada o fantasmas.

El próximo lunes, el auditor Portilla entregará a la Comisión de Vigilancia del Congreso que preside el diputado Francisco Garrido el Informe de la Fiscalización a la Cuenta Pública de 2015; dicha cuenta sacó a la carrera lo que tenían escondido debajo de la alfombra en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Adelantó ayer que el informe abordará de manera especial temas controvertidos, tales como la situación del IPE, la UV, el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, el SAS, la Torre Pediátrica, la deuda pública.

El Contralor del Estado

Ricardo García Guzmán, quien se incorporó a la administración de Javier Duarte cuando el desorden y el saqueo ya iba bastante adelantado (a mediados de 2014), tiene como precedentes la inhabilitación de un grupo de servidores públicos del equipo de Duarte, incluidos Mauricio Audirac (ex secretario de Finanzas, del Orfis y Contralor) y Carlos Aguirre (ex encargado del despacho de la Sefiplan, subsecretario de Egresos y Tesorero), dos manos largas de Duarte, sacrificados en su momento.

Ayer declaró que ya le encontró la ruta (turbia) de la utilización de los fondos federales tanto de los años que llegó a tratar de solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación –de 2008 a 2012–, como de los siguientes, hasta el primer semestre de 2016. No existía registro y control de dónde se aplicaban esos recursos, es decir, la licuadora en acción.
García Guzmán afirmó que su área identifica las responsabilidades administrativas y de otro tipo en que incurrieron servidores y ex servidores públicos, y que en las próximas dos o tres semanas notificarán a más de 100 de distinto tamaño. No habría que ser adivino para saber quiénes son, pues dio la pista. “Cualquier nombre de un funcionario o ex funcionario que usted recuerde se le haya imputado una irregularidad o transgresión de la ley, le puedo asegurar que forma parte de los procesos que tenemos abiertos y que en unas semanas habrán de desahogarse en su totalidad”.

Golpeado por las pocas plumas locales que le quedan al Cisne –en parte debido a la participación de sus hijos, uno presidente municipal y otro diputado local electo, en un acto en su territorio, Pánuco, sobre el Plan de Desarrollo organizado por la UV para el acérrimo enemigo de Duarte, el panista gobernador electo Miguel Ángel Yunes–, no se descarta que otro origen sean los que sospechan les fincarán responsabilidades, como El Cisne, por supuesto. Hay cisnes que cruzan el pantano con Duarte, y obviamente se manchan juntos.

Emparejarse en la limpieza: Duarte y Yunes Linares

Una vez que el PRI ha comenzado a sacar su basura –ya envolvió al aún gobernador Javier Duarte como indeseable, suspendió sus derechos como militante y prepara su expulsión ante las numerosas imputaciones de corrupción en su contra–, Enrique Ochoa, el presidente nacional de ese partido, ahora pide a los demás partidos políticos que hagan lo mismo, que también limpien su casa.

Por lo pronto tiró la piedra al PAN; pidió a este partido que no se haga de la vista gorda y que proceda contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien no se limpia por haber ganado la elección, ambos acusados de casos de corrupción; y al PRD les recordó el caso del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y la línea 12 del Metro.

La petición de que investiguen a Yunes linares la resonó en la Cámara de Diputados el vice coordinador del PRI, José Carlos Ramírez Marín, refiriendo la impunidad que le han brindado en el PAN, primero Felipe Calderón y ahora Ricardo Anaya. Ganó la elección en Veracruz, reconoce Ramírez, y nadie lo niega, pero “no tiene las manos limpias” agrega; el mensaje del PRI cabe mandarlo al PAN (y a otros partidos), pero donde ponen la barrera es en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría. Para que no le hagan al cuento, que dirijan allá también su excitativa.

Al fin que ni quería (ser del PRI)

La reacción de Javier Duarte a la sanción y el estigma de apestado que le puso el PRI, su partido del que se ostentaba tan orgulloso, fue infantil. Primero enmudeció en Twitter, rompió su récord de silencio, más de 24 horas, un día sin Twitter de Duarte, al día siguiente se puso la concha; montó un patético acto en el patio central de Palacio de Gobierno, al que nunca asistía, para presumir dudosos logros en desarrollo económico; asistieron los pocos acarreados que puede llevar, no más de dos alcaldes –el de Veracruz y el de Martínez de la Torre–, algunos de sus secretarios de despacho, empleados y ciertos empresarios con los que ha hecho negocios, como los brasileños, cuyo jefe corporativo Marcelo Odebretch está en prisión por reparto de sobornos –y su buscador en Brasil, Gerardo Mancilla, titular de Sedeco, involucrado en el trastupije de la concesión del agua SAS a una de las filiales.

Tras la infructuosa revuelta de papel y firmas falsas de diputados federales y líderes de sectores del PRI con que intentó detener la decisión de justicia partidaria, ahora Duarte, dice que “su gobierno responde con trabajo a la agenda política de las grillas….” Al fin que ni quería jugar en ese equipo.

Después del procedimiento partidista, hay los que piden la declaración de procedencia y hasta los que reclaman juicio político. Ninguno suple al proceso penal, aparte de la sanción privativa de libertad, el resarcimiento del daño patrimonial, la confiscación de los bienes mal habidos de Duarte y toda la banda.