#AsuntosPúblicos: UN BOTÓN DE LA LAVANDERÍA DUARTE
+ Columna de Eduardo Coronel Chiu, escrita en Diario AZ Xalapa y Veracruz
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2016-10-25
La audiencia en que un juez federal sujetó a proceso a las dos mujeres detenidas en el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el que también se giró orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, permite conocer qué es lo que hasta ahora se les imputa.
De los intercambios procesales, la exposición del agente del ministerio público y la defensa de las imputadas, se alcanza a ver que las causas penales sobre Duarte y su banda apenas comienzan.
Por el momento la pgR no tiene activados todos los posibles hechos delictivos, y el expediente más avanzado con el que pretenden meterlo tras las rejas no es el más cuantioso, tampoco el más conocido.
Contrario a lo que se especulaba, dado el revuelo que se le dio en su momento a las revelaciones de la red de 33 empresas fantasmas con las que el Gobierno del Estado simuló compras por cerca de mil millones, asunto reportado por el Animal Político, denunciado por el SAT y también aquí por el Orfis, el proceso penal en curso no está basado en ese tema.
El mecanismo para ocultar el dinero ilícito de la causa penal abierta, si bien utiliza empresas de paja, fantasmas o fachadas, éstas son otras. Se equiparan en el mecanismo fraudulento, pero no son las mismas. Habrá que revisar el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado, pues todo indica que tiene más fantasmas que una noche de brujas.
Cómo comprar un rancho de lujo con dinero público: por J Duarte
El botón de muestra que exhibe la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, base de la denuncia de la PGR, consiste en un esquema de extracción de dinero del Gobierno del Estado, supuestamente depósitos de las Secretarías de Educación y de Salud y una secuela de operaciones para su ocultamiento que concluyen con la adquisición del rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Estado de México, finalmente escriturado en favor de tres prestanombres de Javier Duarte.
En los tramos que van desde la obtención ilícita del dinero –se habla de 345 millones de salida hasta la compra final por 253 millones de pesos– se involucra a numerosas empresas, el agente del ministerio público señaló a 16 –presuntamente controladas por las mismas personas–, con el objeto de diseminar el dinero, simular operaciones de compra-venta con exceso de precio de terrenos ejidales en Campeche, comprados en 200 mil pesos y vendidos en 253 millones de pesos, con el propósito de reconcentrar el dinero y adquirir en diciembre de 2013 el inmueble objetivo, el rancho en Valle de Bravo en una cantidad equivalente (253 millones de pesos), luego subdividir la propiedad.
Se requiere un pizarrón o una infografía para integrar el esquema que tiene como eje a dos personas allegadas a Javier Duarte: Moisés Mansur Cysneiros, quien adquiere los terrenos ejidales, los vende a una de sus empresas y obtiene el dinero para comprar a su nombre el Rancho en Valle de Bravo, mismo que después subdivide, escriturando una porción al abogado José Juan Janeiro –diseñador de las empresas de paja– y otro tercio a Rafael Gerardo Rosas Bocardo, todos testaferros de Javier Duarte.
El modelo “Cómo comprar un rancho de lujo con dinero público” es más sofisticado que el de las fantasmas del SAT, pero, ahora se ve, inútil. Prueba de que cuando Hacienda quiere atrapar a alguien lo hace.
El ministerio público presentó ante el juez un testimonio en video de un abogado de nombre Alfonso Ortega López, quien trabajo para la banda en el diseño de modelo delictivo; además delata a Duarte en una serie de propiedades en diversos puntos del mundo, ahora sí que a Duarte, como al nopal, cada día le encuentran más propiedades.
Tipos delictivos
La PGR ejerció la acción penal en contra de Javier Duarte y 8 personas más (dos de ellas detenidas y sujetas a proceso) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los que el juez federal, de control, como se sabe, giró las ordenes de aprehensión.
Para la PGR se acredita el origen ilegal de los recursos –fondos del Gobierno del Estado– y las acciones para su ocultamiento, hechas éstas como estructura para delinquir, probando la delincuencia organizada.
El acoplamiento de los delitos acumula también las penas; el lavado de dinero, como se le conoce, conforme al Código Penal federal (Art. 400 bis) tiene una pena de 5 a 15 años de prisión y multa de mil a 5 mil salarios, que debe sumarse a quien reciba sentencia como miembro de la delincuencia organizada, de acuerdo a la ley de la materia (Art 4), se adiciona cuando menos de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días de multa.
Además de la extinción de dominio, es decir, la pérdida de los derechos sobre bienes propiedad del sentenciado y de aquellos respecto de los que se conduzca como dueño a favor del estado, sin contraprestación alguna. La devolución de lo robado.
Y los que faltan
Como se ve, el caso Duarte apenas comienza. Lo que tienen es sólo una muestra pequeña, 253 millones del rancho por el que se ha ejercido la acción penal no es nada al lado de la enorme lista de bienes que se le ubican y del cuantioso saqueo sistemático en el que participó en el Gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) y que profundizó durante su cargo de gobernador de 2010 hasta el pasado 12 de octubre.
El resto de la banda aún está intacta, sus prestanombres y familia, los diputados federales todavía tienen fuero; muchos operadores y hasta los de medio pelo andan sueltos.
Por algo tenían que comenzar, pero la acción penal debe extenderse en cuanto a los bienes y a las operaciones de extracción ilegal del dinero público.
Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, dice que si lo van a capturar, que atraparon al Chapo y a más de 100 de los más buscados, cómo no van a cazar a Duarte, “nadie puede esconderse para siempre”, le sentenció.
Duarte y su banda se sintieron muy listos. Pasados de listos.