#AsuntosPúblicos: ¿EXPROPIACIÓN O ACTO ARBITRARIO?

No se sabe si Miguel Ángel Yunes miente ante la opinión pública o pasa por encima de las leyes en el caso de la expropiación de la supuesta casa de Duarte en Tlacotalpan.

Conforme a derecho y al decreto expropiatorio que el mismo firmó, aunque diga misa, su gobierno está obligado a pagar una indemnización al propietario del inmueble.

La expropiación de la propiedad privada, según dispone el marco legal del país, desde la Constitución de la República, sólo podrá hacerse por causa de utilidad pública, garantizando los derechos a los particulares afectados; entre estos, además su derecho de audiencia en el procedimiento, a recibir del Estado una indemnización en dinero, basada en el valor comercial del bien expropiado.

Pero Yunes se hace o se quiere pasar de listo. Después de que fue exhibido con el referido decreto–evidencia del reconocimiento legal de que no era gratis la adquisición–, que su acto de justicia cuesta 3 millones de pesos al Estado, por un bien de 500 metros cuadrados, sobrevaluado para la zona, todavía se niega a admitir los hechos.

Contra lo dispuesto en el citado decreto, el cual fue publicado este lunes en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, por tanto es información pública y legal, Yunes todavía pretende, desafiando la inteligencia de los veracruzanos, o en ruptura del orden jurídico, que no pagará nada.

Alega que si los beneficiarios del decreto, a quienes señala como prestanombres del ex gobernador Javier Duarte, sin demostrarlo jurídicamente en ningún proceso legal o confesión, se atrevieran a intentar cobrar la indemnización que les corresponde, les diría que “deben de pasar antes a la Fiscalía General del estado” (???), lo que es desde ahora una amenaza a particulares que osen ejercer sus derechos. Una negativa del gobernador a cumplir con las leyes.

Esto además de la incertidumbre jurídica que introduce en el estado, con el exceso del acto expropiatorio, sin acreditar la causa de la utilidad pública, a capricho del gobernante se obliga la entrega de la propiedad privada, sin indemnización, equivalente a una confiscación ilegal. Los actos arbitrarios del Gobierno del Estado pueden combatirse ante la justicia federal, ya se sabe, pero implica tiempo y gastos.

El ansia de propaganda de Yunes de que recupera “los bienes que se robó Duarte”, lo perturba al punto de la mentira o la tiranía. Hasta donde se entiende Veracruz es un estado regido por leyes, un estado de derecho, los desplantes del tirano lo amenazan.

Más de la mitad en desacuerdo con Yunes: Encuesta Mitofsky

Para que no se crea la retórica de que Miguel Ángel Yunes representa el interés de los veracruzanos, la encuesta de Mitofsky levantada a fines del mes pasado, establece que carece del apoyo de la mayoría.
El principal resultado de la encuesta para evaluar al gobernador de Veracruz indica que el 53.8 % de los consultados está en desacuerdo con su gobierno, mientras que sólo 39.9% manifestó estar de acuerdo con él.

El grueso de los inconformes con su gestión se localiza en los estratos de desempleados, jubilados y amas de casa, así como mujeres y población mayor a 50 años.

No tiene Yunes bono del recién llegado. En su efímero ciclo bianual, del que ya consumió casi la cuarta parte, las múltiples crisis del estado –de seguridad, economía y finanzas públicas, entre otras– sin resultados positivos, lo arrastran. Seguirá cayendo a medida que agote su incompetente pero pretencioso gobierno de montajes y propaganda. Mientras tanto las matanzas y secuestros aterran a la población.

Coincidentemente, Yunes tiene el mismo nivel de desaprobación que Donald Trump. Igual de antipáticos.

El oficioso de la Fepade

El concierto de la orquesta “La mafia del poder” incorporó ayer a la tocada al fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, de la escuela panista mezclada con el PRI, para que se echara su solo en la partitura de temporada, Explotar el video de Eva contra Andrés Manuel López Obrador.

Delatando la evidente concertación del bloque para descarrillar a AMLO, el de la Fepade salió a escena para “abrir una carpeta de investigación, por la noticia criminal” de la que se enteró por los medios de comunicación, el video de la entrega de 500 mil pesos en efectivo a Eva Cadena, hoy ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz (¿sabrá Santiago Castillo dónde queda Las Choapas?), supuestamente para que se los entregara a Lopez Obrador.

Un caso débil jurídicamente para imputar un ilícito, y menos para vincular directamente en el asunto a López Obrador, de quien no hay en el video ninguna participación que lo comprometa. Además de que hay vías legales de recibir dinero, incluso en efectivo, para los partidos políticos, como donaciones o aportaciones de militantes, simpatizantes o candidatos, éstas consideradas financiamiento privado de acuerdo a las leyes electorales.

La recepción de dinero en efectivo para un partido político no es en sí un acto ilícito, sino sólo cuando proceda de recursos públicos distintos al financiamiento legal u otras formas prohibidas, como de personas no identificadas, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o los montos rebasen los permitidos por la ley.

Nadie debe estar por encima de la ley, cabe que investiguen a la nada ingenua Eva Cadena, quien por cierto pidió regresar a su curul como diputada local, aunque Morena ya no la quiere en su bancada. Es muy burdo el montaje y la repentina amplificación en los medios de comunicación, otro instrumento de la orquesta.

Estará en cartelera hasta la siguiente producción de lodo. Son ya muy cortos los ciclos noticiosos del escándalo político, eso sí, intensos hasta la saciedad y repulsión.