Colectivos exigen se juzgue a Bermúdez por su crimen más grave: los desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas en Veracruz piden que Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, sea juzgado por las desapariciones y no solo por los delitos de desvío de recursos en la entidad.

En el 2013, año en el que desaparecieron los policías de Úrsulo Galván, Arturo Bermúdez Zurita ya fungía como Secretario de Seguridad Pública de Duarte. Ahora se encuentra tras las rejas del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo.

Al ex titular de la SSP solo se le está juzgando por desvío de recursos. Hasta ahora no existe ningún proceso penal por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada que están revelándose en Veracruz.


No obstante, ya cayó el primer alto ex funcionario de la SSP por dichas arbitrariedades ocurridas en su periodo. Se trata de Alfonso Zenteno Pérez, quien también está recluido en el penal de Pacho Viejo.

Durante un recorrido por la localidad de Los Arenales, el pasado 11 de enero de 2013 ocho policías municipales que trabajaban en la Comandancia de Úrsulo Galván desaparecieron sin dejar rastro.

Desde entonces han pasado cuatro años sin que se sepa qué les ocurrió, pero su caso derivó en la primera recomendación por desaparición forzada que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz.

Sólo existe certeza de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron los responsables del plagio de los 8 policías de aquel municipio.

Sin embargo, cada vez es más evidente que la desaparición forzada fue una práctica común en la administración de Javier Duarte de Ochoa y que ese solo es uno de los varios casos que se suscitaron en los últimos años.

Por esta razón, ante el descrédito de la SSP de Arturo Bermúdez Zurita, quien estuvo a cargo de la dependencia durante casi todo el sexenio pasado, la CEDH anunció que emitirá la primera recomendación general de la historia de Veracruz.

La presidenta de dicho organismo, Namiko Matzumoto Benítez, reconoce que son tantos los señalamientos de desaparición forzada de decenas de familiares que es necesario que intervengan para que todas las autoridades estatales sepan cómo actuar ante esta realidad que está por destaparse en Veracruz.

Cuando ocurrió la desaparición de los policías de Úrsulo Galván, al siguiente día de que no fueron localizados uno de sus compañeros de dicha comandancia les comunicó a las esposas y familiares que Agustín Rivera Bonastre, Luis Valenzuela González, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Molina y Guillermo Torres Perdomo fueron “levantados”.

Además, según la información que proporcionaron los vecinos de la localidad “Los Arenales”, una camioneta de la Policía Estatal del Grupo Tajín había interceptado a los municipales y se los llevaron.

Con esta información las mujeres decidieron ir a la comandancia a ver qué ocurrió, pero solo notaron la camioneta del Grupo Tajín de la SSP con seis policías a bordo, quienes les dijeron que “habían ido a buscar a sus esposos” pero no los localizaron.

Los familiares dieron conocimiento de lo anterior a la Agencia del Ministerio Público Investigador de Ciudad Cardel, en La Antigua. Poco a poco fueron cayendo en la cuenta de que se trató de un asunto interno, que los encargados de desaparecer a sus seres queridos fueron los mismos policías de la SSP.

Así, al concluir las investigaciones de estos hechos el pasado 15 de febrero de este 2017, Matzumoto Benítez emitió la primera recomendación por desaparición forzada contra la Secretaría de Seguridad Pública.

Aunque no existe una versión definitiva, la CEDH reconoce que pudo tratarse con un asunto relacionado con el tráfico de drogas en la zona y que los policías municipales habrían sido castigados por la SSP.

De acuerdo con Matzumoto Benítez, desde que llegó al cargo ha aumentado tanto el número de quejas que se han presentado ante la CEDH por presunta desaparición forzada, que se hará la primera Recomendación General, ya que es un hecho que habrán de registrarse más y más casos.

Explicó que la Recomendación General abarca a todo el aparato de gobierno, para que existan responsabilidades administrativas e incluso penales de los funcionarios involucrados, aunque dependerá de los actuales titulares de las dependencias aplicar las sanciones o denuncias correspondientes a los funcionarios o ex funcionarios involucrados.

Human Rights Watch establece que una Recomendación General se emite cuando se han documentado en las investigaciones prácticas generalizadas o abusos sistémicos, en donde la Comisión interviene para recomendar al Gobierno cómo abordar esta situación.

En el 2013, año en el que desaparecieron los policías de Úrsulo Galván, Arturo Bermúdez Zurita ya fungía como secretario de Seguridad Pública de Duarte. Ahora se encuentra tras las rejas del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo.

Al ex titular de la SSP solo se le está juzgando por desvío de recursos. Hasta ahora no existe ningún proceso penal por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada que están revelándose en Veracruz.

No obstante, ya cayó el primer alto ex funcionario de la SSP por dichas arbitrariedades ocurridas en su periodo. Se trata de Alfonso Zenteno Pérez, quien también está recluido en el penal de Pacho Viejo.

Zenteno Pérez es acusado además de pederastia, de delitos de lesa humanidad, por lo que podría pasar más de 50 años en prisión.

Quien fuera nombrado como “Policía del Año” por Bermúdez en el 2015, fue imputado el pasado sábado 6 de mayo por los delitos de secuestro agravado, aunque ya estaba vinculado al de pederastia.

El ex comisariado general de la SSP es imputado por la Fiscalía General del Estado de haber realizado, junto a otros elementos de la SSP, el allanamiento de una vivienda, llevándose a tres personas cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2013.

Pese a esto, integrantes de los colectivos de búsqueda de desaparecidos sostienen que el ex mando policiaco en realidad estuvo involucrado en la desaparición forzada de más de 30 personas, aunque apenas inicia su proceso.

Mientras va revelándose la verdad sobre las prácticas en las que incurrió el pasado gobierno, la presidenta de la CEDH adelantó que también está por lanzarse, en este mes, la segunda recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por desaparición forzada.

Sin embargo, apuntó que por ahora no puede revelar información de qué caso se trata, agregando que es un hecho que conforme avancen los meses además de los cuerpos en fosas clandestinas saldrán a la luz casos en los que las autoridades de seguridad serían las responsables de cometer un crimen.