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En el olvido, las familias de los desaparecidos en Tierra Blanca
+ La mensualidad que les depositaban y el psicólogo, sólo los tuvieron unos meses; cuando el tema dejó de estar en los medios de comunicación, los apoyos dejaron de llegar.
Publicado: Viernes, 14 de Julio de 2017
Por: Noticieros Televisa
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/ Tierra Blanca, Ver.
SIN RESPUESTA .- En el olvido, las familias de los desaparecidos en Tierra Blanca
Tierra Blanca, Ver. Año y medio después de la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, que fueron detenidos y entregados por policías estatales al crimen organizado, las familias están en el abandono pese a que el gobierno federal se había comprometido a hacerles llegar apoyos económicos y sicológicos del Fondo de Víctimas de la Violencia.

La mensualidad que les depositaban y el psicólogo, sólo los tuvieron unos meses; cuando el tema dejó de estar en los medios de comunicación, los apoyos dejaron de llegar.

En la casa de José Alfredo González, de 26 años, en Playa Vicente, Veracruz, aún no terminaba el luto por su desaparición y muerte, cuando otro miembro de la familia falleció.

Su hermana Mariana, de 33 años, enfermó de diabetes después de la desaparición de José Alfredo, uno de los 5 jóvenes detenidos y asesinados en Tierra Blanca.

“Se volvió diabética a raíz del problema con mi hermano. Fue una diabetes muy agresiva”, dijo Adriana González, hermana de Alfredo.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal les prometió también el apoyo de un médico especialista que la atendería, pero nunca llegó.

Mariana falleció el 23 de abril pasado; en esta familia que era integrada por 5 miembros, hoy sólo son 3.

La Comisión Ejecutiva de Apoyo a Víctimas, que es una instancia federal, entregaba 2 mil pesos mensuales a cada una de las familias de los cinco jóvenes desaparecidos.

“Hasta ahorita no nos han depositado, dejaron de mandar la mensualidad desde el mes de enero ¿Por qué? No nos han dicho por qué”, señaló Adriana.

“Al principio sí nos apoyaban, pero últimamente ya se olvidaron de nosotros, venía el psicólogo y nos lo quitaron”, refirió María del Carmen Díaz, madre de Alfredo.

“Ellos piden que todo se compruebe, si vamos a una tienda quién te va a facturar, es un pueblo pequeño”, comentó Adriana.

Después de la muerte de Alfredo y Mariana, Adriana, la hermana menor, se esfuerza por mantener a sus padres.

No tiene empleo fijo.

La tragedia empezó el 11 de enero del 2016, cuando policías de Seguridad Pública del Estado de Veracruz detuvieron a los 5 jóvenes que regresaban de divertirse en el Puerto.

Los jóvenes fueron entregados por los policías estatales a un grupo criminal.

Y llevados al municipio de Tlalixcoyan, en donde fueron asesinados y sus restos desaparecidos.

“Las investigaciones hablan que ahí los cocinaban, cocinarlos es hacerlos pedazos, triturarlos, ácido y echarlos a un riachuelo”, explica Octavio Bravo, periodista y profesor de Tierra Blanca, Veracruz.

A la familia de José Alfredo le entregaron solo restos de sangre

“Perdí a mi hijo y jamás supe donde quedó, yo le decía cómo no me lo entregan, porque mi esperanza era que mi hijo regresara”, reclamó María del Carmen.

José Benítez, Bernardo Benítez, Mario Arturo Orozco, Susana Tapia y José Alfredo González, los 5, tuvieron un destino similar.

Eran jóvenes de 16 a 28 años, de Playa Vicente, Veracruz.

“Los quisieron desaparecer completamente de este mundo, cuál fue su afán de hacerlo”, destacó Adriana.

Por el caso Tierra Blanca siguen detenidos 7 policías, un mando y 13 civiles, acusados de desaparición forzada.

José Benítez, representante de los padres dice que la CNDH no ha emitido la recomendación necesaria para deslindar responsabilidades de policías y mandos de Veracruz.

“Nuestro caso tiene un año 6 meses y ellos han sacado casos que tienen más poco tiempo y el nuestro está estancado”, señaló José Benítez, representante de los padres de desaparecidos en Tierra Blanca.

Pide que se investigue a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, que hoy está preso por enriquecimiento ilícito.

“El Secretario de Seguridad Pública anterior emitió los nombramientos de los policías que cometieron el delito, sin que ellos hubieran pasado sus exámenes de control de confianza”, enfatizó Celestino Espinosa, abogado de los padres de desaparecidos.

“El caso no ha dado avance y las autoridades se han olvidado de nosotros”, afirmó Adriana.

“La verdad, necesitamos el apoyo”, pidió María del Carmen Díaz.

“Muchísimas veces han ido a tomarnos el pelo, porque nos han pedido documentación casi las veces que van ¿para qué? para nada, jamás nos han cumplido, nada de lo que nos han ofrecido nos han cumplido”, dijo José Benítez.

La CNDH informó que en unos días emitirá su recomendación.

“Durante el desarrollo de esta investigación ha integrado un expediente de cerca de 20 mil fojas, entre otras cuestiones ha analizado 273 dictámenes periciales que se han practicado”, afirmó Ismael Eslava, primer Visitador de la CNDH.

Jaime Rochín, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, aseguró que no fueron suspendidos los apoyos, sino que solo son retrasos.

“Esos rezagos que traen desde diciembre, enero del año pasado, hoy apenas los estamos pudiendo sacar adelante”, reiteró Rochín.

“Hubo muchas cosas que dejaron de funcionar en esta medida, pero hoy estamos en esta nueva etapa, de hecho, estamos planteando poder visitar a estas familias, para ya presentarles el plan que operaría”, explicó el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas.

Dijo que hay un fondo de 500 millones de pesos anuales, de donde saldrá el dinero para la reparación del daño a cada familia de desaparecidos.

“Nosotros ya estamos listos para que en cuanto surja esa recomendación, podamos proceder a la reparación de manera inmediata”, concluyó Rochín.

Agrega que se les brindará atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica en forma permanente, si así lo determina el médico.

Mientras que las medidas de reparación integral, como la indemnización económica, sí se podrán aplicar, por ser un caso de violación de derechos humanos.

La Ley General de Víctimas señala que recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida para cubrir las necesidades inmediatas, en condiciones dignas y seguras.

No establece un plazo límite para la entrega de la ayuda.
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