Tarek Abdalá, en la mira de la PGR por desvíos al Seguro Popular

+En los cinco años fiscales revisados (2013-2017) Veracruz acumulo 4 mil 73 millones de pesos en observaciones.

Nacionales

MILENIO - 2018-10-16

Una revisión de MILENIO a las auditorías que se han hecho a los recursos federales entregados a los estados para el funcionamiento del Seguro Popular durante este sexenio revela las huellas del desorden: operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.

El Seguro Popular se creó en el gobierno del presidente Vicente Fox en 2004, con el propósito de dar servicios médicos a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.

En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. Seis de ellas, en cuatro estados, concentran 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar. Esas auditorías corresponden a los estados de Veracruz (4 mil 73 millones de pesos), Michoacán (mil 587 mdp), Jalisco (mil 138 mdp) y Oaxaca (914 mdp).

IRREGULARIDADES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

En la auditoría 864, la ASF detectó que en 2013 el gobierno del estado “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, ni apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

Desde hace cinco años el gobierno estatal no ha subsanado la irregularidad por mil 29 millones de pesos de ese ejercicio fiscal. A esa suma millonaria se adicionan los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta la fecha.

La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado transfirió los recursos destinados para la salud de los beneficiarios del Seguro Popular a favor de cuentas bancarias a nombre del gobierno del estado de Veracruz.

Resultado de esta auditoria, la ASF presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese mismo año, la ASF detectó que Veracruz compró medicamentos a un precio superior al de referencia, pero gastó menos dinero del que tenía destinado a ese rubro, lo que generó desabasto de medicamentos, reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas.

“Se destinó 4.9% de los recursos para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, cuando la normativa establece para este rubro hasta 30% de dichos recursos”, señala la ASF.

Ese año, entre las quejas más recurrentes estuvieron la atención médica deficiente, la falta de medicamento, el maltrato del gestor social y el cobro de medicamentos y estudios de laboratorio. El número promedio de médicos que ese año atendieron a pacientes en Veracruz fue de .5 doctores por cada mil derechohabientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al menos se tengan 2.5 médicos por cada millar de solicitantes.

Y esa no es la única irregularidad. En la administración del ex gobernador Javier Duarte, hoy sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, la ASF también exige la aclaración o devolución de 2 mil 477 millones de pesos.

Resultado de la auditoría 1544, las autoridades interpusieron una denuncia de hechos ante la PGR porque, una vez más, los recursos federales fueron transferidos a cuentas distintas por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad, quien hasta el 31 de agosto pasado gozaba del fuero que le daba ser diputado federal del PRI.

La Fiscalía General de Veracruz (FGE) solicitó su desafuero en 2017, pero el PRI mandó el juicio de desafuero a la congeladora. Tarek Abdalá ha sido señalado como parte del mecanismo de Duarte para desviar miles de millones de pesos de fondos federales y estatales mediante el uso de empresas fantasma.

En la auditoría 1544 se documenta que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Veracruz destinó recursos por 163 mil 205 pesos para el pago de facturas de un proveedor fantasma, así como 254 millones 700 mil pesos que fueron transferidos de la cuenta bancaria donde estaban los recursos federales enviados para el Seguro Popular a las cuentas del gobierno del estado, sin evidencia de que se hayan empleado para el fin que tenían.

Tarek Abdalá fue inhabilitado en noviembre de 2016 por 10 años por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público, a raíz de la investigación derivada de la denuncia de la ASF, pero el dinero para la salud de los veracruzanos no se ha devuelto.

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