La gestión escolar y otros asuntos

—¿Cuál es el primer deber de un gobernante, maestro Confucio?
—Devolverle a las palabras su sentido original.

Si atendemos a lo dicho el 6 de junio pasado por el diputado federal Jorge Federico de la Vega Membrillo, Presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a que los “decretos” o proyectos de leyes secundarias son materiales de trabajo, borradores para el debate, podríamos pensar que se pueden hacer varias enmiendas antes de convertirlos en leyes. Las versiones de mayor circulación fueron las que publicaron Excélsior y El Universal, y en ningún lugar decía que eran documentos de trabajo o borradores. Creo que es parte de la inquietud.

Como borradores o documentos de trabajo efectivamente dejarían abierta “una ruta para ir integrando, para ir haciéndonos de los elementos suficientes, y trabajar legislativamente sobre las leyes secundarias”, como dejó asentado el diputado federal. Y es que el espíritu que impregna tales documentos es contrario a la Constitución y lesivo al trabajador, no sólo para el que está en funciones, sino para aquel que habrá de ingresar al servicio y que tendrá como marco laboral la incertidumbre.

Dice De la Vega que el tema de la permanencia se mira en positivo, con respeto a los derechos, por lo que no habrá persecuciones ni despedidos. Decirlo así significa aceptar que hay –o que hubo– esa intención en quienes elaboraron el documento de trabajo original. Porque el borrador de la Ley General del Servicio Profesional Docente no se puede considerar en positivo, aún cuando ahora se pretenda aclarar que dicha ley procura fortalecer el trabajo docente y su profesionalismo. El espíritu de esa ley nació en negativo.

Las omisiones que hubo en este proyecto de ley y en la del INEE son muchas e imperdonables desde el punto de vista de la técnica jurídica. Suponiendo que no haya habido alguna intención dolosa en este hecho evidente, lo cierto es que antes de ser aprobadas deberán hacerse públicas las argumentaciones y los razonamientos que fundamenten la nueva ley (LGSPD), así como cada modificación y cada agregado a las leyes vigentes (LGE y LINEE). Y más resulta apremiante porque hasta ahora no queda claro si se trata de fortalecer o disgregar al sector educativo; actualizarlo o transformarlo en otro que conlleva el grave riesgo de una aventura incierta, sin raíces nacionales ni condiciones económicas, sociales, geográficas y culturales apropiadas.

El cuarto eje que menciona el diputado ha desatado muchísimo el debate sobre la privatización de la educación. En el Transitorio Quinto de la reforma hecha al Artículo Tercero Constitucional, y en la propuesta de reforma a la Ley General de Educación, artículo 10, fracción III Quáter, se incluye el Sistema de Información y Gestión Educativa; y el artículo 28 bis propone: “Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar las acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.”

“En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.”

De la Vega sostiene que en estas líneas se reafirma la obligatoriedad del Estado con la educación pues apela, para realizar la gestión escolar, a las “autoridades educativas federal, locales y municipales” y no se refiere a elementos de afuera ni a la iniciativa privada, sino a los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, este punto a mediano y largo plazo abre por segunda ocasión la puerta a la privatización, cuyo carácter empresarial es de temerse porque pretende la mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los futuros ciudadanos.

La autogestión es algo que ya se hace en las escuelas. Gracias a ella las escuelas públicas han podido sobrevivir durante décadas, pero parece que nadie se ha dado cuenta. Si los lineamientos que se emitan no cuidan la equidad en la autogestión escolar, se tendrán constitucionalmente escuelas de primera, de segunda y de tercera, lo que provocará un serio problema atribuible a la esfera federal y constitucional que obligará a buscar soluciones. Entonces se podría generar el argumento para un manejo político y económico de las escuelas que no se consideren autosuficientes contra las que sí lo sean.

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