Campañas en Veracruz

Mutuas acusaciones de corrupción, viejos grupos políticos atenazados al poder y los asesinatos de personajes políticos tensan las campañas electorales por la gubernatura en este estado donde el crimen organizado orquesta la violencia política.

Política

Agencia - 2024-04-27

En un estado controlado políticamente por Morena, que tiene la mayoría en los ayuntamientos locales y el Congreso de Veracruz, las campañas electorales se han crispado por acusaciones de corrupción, de uso de recursos públicos, grupos políticos afianzados en el poder y la violencia que han dejado en el último año al menos 15 políticos asesinados.


Norma Rocío Nahle García, senadora con licencia, es candidata de la coalición oficialista “Sigamos haciendo historia”, de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Fuerza por México.


El priista José Yunes Zorrilla busca la gubernatura por la coalición opositora “Fuerza y corazón por Veracruz”, que integran el PRI-PAN-PRD, mientras que Hipólito Deschamps Espino Barro es el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.


Nahle y su familia han sido acusados de tener casas y terrenos en fraccionamientos de lujo, mientras que Pepe Yunes, de representar al viejo PRI, que gobernó por años el estado de Veracruz.


Nahle, en entredicho. Foto: Montserrat López.
Pero en las boletas electorales para 2024 aparecerán también nombres que vuelven a ser los mismos de comicios anteriores, ya que varias familias políticas pretenden mantener el control de senadurías y diputaciones plurinominales.


Es el caso del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Sus hijos, Miguel Angel Yunes Márquez, quien perdió la pasada elección a gobernador, va como candidato al Senado. Otro hijo de Yunes Linares, Fernando, está en una posición plurinominal como diputado local.


Dante Delgado Morales, hijo del líder nacional de Movimiento Ciudadano y también exgobernador y excandidato, Dante Delgado, es candidato al Senado.


Las posiciones plurinominales a las diputaciones locales y federales también están controladas por los grupos políticos tradicionales y dirigentes de partido. Fidel Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, tiene una posición plurinominal del Partido Verde Ecologista de México.


El proceso electoral se vive durante el mandato de Cuitláhuac García, cuya llegada al poder en 2018 con Morena significó para la entidad la esperanza de un mejor gobierno y así se expresó en las urnas.


Veracruz venía de 86 años de un priismo que alcanzó su peor expresión con Javier Duarte al frente y luego pasó al panismo, con el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.


García arrasó con 1.4 millones de votos, dejando atrás a la alianza PAN-PRD con Miguel Ángel Yunes Márquez y al candidato del PRI, José Yunes Zorrilla —otro que repite en la boleta como candidato.


Pero con el paso del tiempo García se convirtió en un mandatario criticado por decisiones de gobierno, aunque ha sido evidente que es uno de los gobernadores preferidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha salido en su defensa innumerables veces; “no es rata ni corrupto”, ha dicho.


Para Fernando Vázquez Rigada, estratega político de PCN Consultores, Veracruz se encuentra en un momento crítico por los cuestionamientos al gobierno del morenista Cuitláhuac García, que no abonan a la campaña de Nahle.


Durante su gestión, por ejemplo, han sido encarcelados una veintena de personajes políticos, quienes han obtenido su libertad tras ganar amparos y demostrar su inocencia.


El caso más reciente fue el de la jueza Angélica Sánchez, acusada de supuesta actuación indebida en la liberación de un detenido. Fue capturada por la Fiscalía, pero logró librar varias imputaciones, situación que incluso derivó en una alerta de la ONU.


En 2021, el gobernador morenista ordenó una reforma al Código Penal para endurecer las penas por los delitos de “Ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones”, que implicaron cárcel para castigar a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones, incluidos policías. El delito fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser violatorio de los derechos humanos, pero dejó en prisión a más de mil personas.


Ante los abusos, una comisión del Senado se instaló para investigar las violaciones a derechos humanos por este delito y documentó al menos 90 casos, aunque fue cerrada tras la presión política de senadores de Morena.


En su informe “Violencia contra la prensa” presentado por la organización Artículo 19 en marzo pasado, se advirtió que en Veracruz hay un “efecto cascada” de estigmatización en contra de periodistas que cuestionan al gobernador.


El académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, considera que estas expresiones revelan que en Veracruz se vive un régimen autoritario. “Desde que llegó Morena al poder en Veracruz se restablecieron las peores prácticas del gobierno priista, las más radicales”.


Olvera consideró que Veracruz está entre dos posturas: “Si sigue Morena en el poder me temo que vamos a seguir con esta lógica de concentración del poder y restauración priista, del régimen más autoritario que es lo que en la práctica ha sufrido Veracruz. Por el contrario, el PRI —que antes era el partido autoritario—, ahora puede significar el combate a los autoritarios del presente y jugar un papel de fuerza democratizante. Un mundo al revés”, señaló.


Los candidatos
Rocío Nahle inició campaña en Veracruz con una fotografía nocturna del malecón costero de Veracruz (bastión panista) abarrotado para su evento. El mensaje fue: “¡Tengan, para que aprendan!”.


Así respondió a un desencuentro que horas antes tuvo en el tradicional café de La Parroquia, donde interrumpió su conferencia de prensa ante los gritos de comensales de “¡fuera, fuera!”, aunque algunos otros le llamaron “¡gobernadora!”.


Originaria de Río Grande, Zacatecas, el lugar de nacimiento habría sido un impedimento constitucional para que Rocío Nahle fuera candidata. Pero en 2022, su correligionario morenista Cuitláhuac García reformó la Constitución política de Veracruz para permitir que fueron considerados veracruzanos quienes tuvieran hijos registrados en el estado o una residencia mayor a cinco años, en lo que se la oposición bautizó como la “Ley Nahle”.


La reforma dio la posibilidad a la exsecretaria de contender. Para contrarrestar las críticas, argumentó que sus dos hijas son veracruzanas y tiene más de 30 viviendo en Coatzacoalcos, de donde fue diputada federal y senadora.


Como secretaria de Energía, la ingeniera química ha mostrado como uno de sus mayores logros la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, y en su campaña en Veracruz ha prometido que reactivará la petroquímica.


Pero el reportaje de Proceso y la organización Poder, titulado: “Contratos para Dos Bocas: entre la opacidad y los sobrecostos”, reveló que el megaproyecto tuvo un sobrecosto que no ha sido aclarado y hasta la fecha no ha producido su primer barril de gasolina.


Uno de los más recientes cuestionamientos es la adquisición de propiedades y la renta de una casa en el exclusivo fraccionamiento de El Dorado en Boca del Río.


Nahle ha hecho públicas siete declaraciones patrimoniales desde que ingresó como funcionaria al gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador.


Antes había sido senadora, diputada federal por Veracruz y asesora en materia energética en la Cámara de diputados.


En sus declaraciones, Nahle García dijo tener cuatro casas a su nombre, una de las cuales fue donada. En 2019 adquirió una casa de 2 millones de pesos y en 2022, otra más por la que habría pagado 1.5 millones de pesos.


Ese año adquirió dos préstamos, el primero por 1.5 millones en el banco Scotiabank y el segundo por 950 mil pesos a una persona física. También declaró tener un crédito hipotecario que contrató en 2016.


El escándalo que marcó el arranque de la campaña surgió unos días antes de su registro formal como candidata de la alianza, cuando el empresario Arturo Castagné Couturier mostró escrituras en las que se detalla que en diciembre del 2021 el esposo de la candidata, José Luis Peña, compró un terreno en el exclusivo fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río, con valor de 3.6 millones de pesos.


En el documento se evidencia que José Luis Peña —quien es jubilado de Pemex— pagó 1.4 millones de pesos a través de tres transferencias bancarias, y para cubrir el resto del costo del terreno pidió un crédito bancario a Banorte con garantía hipotecaria por 2.1 millones de pesos.


También exhibió escrituras de la compra de un terreno por 4 millones 970 mil pesos en el exclusivo fraccionamiento El Dorado de Boca del Río, adquisición que realizó Maribel Hoyos Peña, sobrina del esposo de Rocío Nahle.


La candidata reconoció que vive en la casa del fraccionamiento El Dorado, pero negó que sea de su propiedad y dijo que era rentada por la campaña electoral, mientras que ha acusado al frente opositor de querer difamarla: “Yo no me enredo en sus intrigas y sus disparates”.


El candidato opositor José Yunes presentó una denuncia ante la fiscalía general de la República (FGR) en contra de Rocío Nahle, por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


Nahle respondió que después del 2 de junio interpondrá una denuncia por lo que califica como una campaña de difamación y acoso en contra de su familia.


El estratega político Fernando Vázquez aseguró que la candidata de Morena ha perdido puntos de ventaja por los errores cometidos durante los primeros días de su campaña.


“La candidata ha perdido los puntos de ventajas. Calculamos que ahora lleva poco más de diez puntos de ventaja cuando empezó con 30, porque ha tenido complicaciones hacia adentro de Morena por fracturas de las corrientes partidistas, los señalamientos de falta de arraigo y conocimiento sobre Veracruz y los temas de corrupción que no ha logrado responder”, opinó.


Sobre las acusaciones de presunta corrupción por la compra de propiedades, consideró que los temas patrimoniales son sensibles y agregó: “Ya viene de haber sido cuestionada por el tema fallido como la refinería de Dos Bocas que aumentó su costo. Bajo esta sombra de sospecha, la irrupción de esta cantidad de inmuebles y el hecho de que no hayan sido transparentados está mermando su campaña, con una tendencia a la baja y un crecimiento del frente opositor que está aprovechando el momento”.


Mientras tanto, José Yunes Zorrilla irá por su tercer intento para ser gobernador de Veracruz, esta vez en una coalición histórica a nivel local, en el frente opositor PAN-PRI-PRD.


El candidato, que obtuvo 456 mil votos en la última elección donde perdió frente al actual gobernador de Morena, Cuitláhuac García, asegura que la competencia está cerrada y esta vez tiene posibilidad de ganar.


“Las encuestas no ganan elecciones, los votos sí, yo llamo a que salgamos a votar este 2 de junio, en unidad, por un cambio”, ha dicho en sus mítines.


Yunes Zorrilla es de Perote, egresado en Administración del ITAM y descendiente de un priista de la vieja escuela política. Ha sido senador, diputado local y federal dos veces, además de presidente municipal de su natal Perote y ha tenido diversos cargos partidistas dentro de su partido.


Al presentar su declaración 3 de 3 ante la organización Transparencia Mexicana, Yunes Zorrilla retó a Nahle a hacer lo mismo.


El candidato también ha sido cuestionado por propiedades de su familia. “El tener propiedades no es delito, el origen de los recursos para obtener esas propiedades es lo que estamos cuestionando. Hay un patrimonio antes y después de ser funcionaria. Por el contrario, yo tengo el mismo patrimonio desde 2015”, ha dicho al respecto.


Además de los ingresos por la función pública, Yunes declaró ganancias por un inmueble que le fue donado y cuyo valor asciende a los siete millones de pesos. También tiene participación accionaria en empresas de su familia, como una calera y negocios forestales. Entre sus propiedades declaró un terreno de 50 mil metros cuadrados con valor de 7.5 millones de pesos que le fue donado por padre, el también priista José Yunes Suárez.


Hipólito Deschamps Espino Barro, candidato de Movimiento Ciudadano, era panista hasta unos días antes de ser designado como aspirante.


Su campaña ha estado alejada de mítines políticos y concentraciones, más bien ha recorrido el estado de casa en casa. Como peculiaridad, en su cuenta de TikTok, que alcanza más de 50 mil seguidores, ha hecho una ruta gastronómica.


Es abogado por la Escuela Libre de Derecho; proviene de una familia de empresarios y es socio de varias empresas. Hasta el momento no ha hecho pública su declaración patrimonial.


Desde su cuenta de TikTok ha impulsado sus principales propuestas y a través de ésta ha intentado sumarse al debate de los otros dos candidatos, que le llevan amplia ventaja.


Más allá de las acusaciones mediáticas, la candidata de Morena ha anunciado la creación de 12 mil comités electorales rumbo a la gubernatura.


Para contrarrestar esta estructura, en su reciente visita a Veracruz, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo nombramientos para cuidar los votos y designó a Beatriz Paredes, Manuel Cota —líder nacional de CNC y exsenador— y al exgobernador de Coahuila Rubén Moreira para blindar la elección.


Morena, el control
En las elecciones del 2 de junio próximo, el estado también serán una prioridad a nivel presidencial, pues tiene el cuarto padrón más grande del país. En la última elección del 2018 votaron 3.3 millones de electores y la entidad aportó 1.7 millones de votos al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.


Desde que ganó la gubernatura en 2018, Morena ha avanzado en posiciones.


En la elección intermedia del 2021 ganó 103 municipios, 26 diputaciones en el Congreso local y 18 en la Cámara de Diputados. El triunfo hizo que el estado cambiara su configuración política y significó la peor derrota electoral del PAN-PRD-PRI, quienes en conjunto perdieron 99 municipios y decenas de posiciones en el Congreso.


Además, desde que es partido en el poder, Morena ha sumado a una treintena de alcaldes que eran de oposición a sus filas.


El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, dijo en entrevista que al menos 15 alcaldes han sido amenazados por autoridades estatales para brindar apoyo a Morena: “Los alcaldes están sufriendo todo tipo de presiones de parte de gobierno del Estado, del propio Órgano de Fiscalización y hasta la Fiscalía”.


El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Esteban Ramírez Zepeta, ha señalado que Morena representa el partido más fuerte en esta contienda electoral y un bastión electoral a nivel nacional.


Aseguró que, según las encuestas electorales, su candidata Rocío Nahle estará al frente de la elección con más de 30 puntos de diferencia con su contrincante más cercano.


El líder del PAN en Veracruz, Federico Salomón, informó que ha promovido quejas ante los organismos electorales y la fiscalía por el uso de recursos públicos en favor de la candidata de Morena, Rocío Nahle, pero la mayoría ha sido desechada.


La única sanción fue aplicada en enero pasado, cuando el Organismo Público Local Electoral ordenó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez eliminar de sus redes sociales el video que grabó en Casa de gobierno Veracruz, donde anuncia a Rocío Nahle como ganadora del proceso interno de Morena.


Un estado violento
Los candidatos arrancaron campaña el 31 de marzo en eventos masivos y hasta el 29 de mayo recorrerán este estado que se ubica entre los diez con más homicidios dolosos en el país.


El estudio de Data Cívica “Votar entre balas” señala que Veracruz, junto con Guerrero, Guanajuato y Oaxaca, registran el 38.4% de los eventos violentos durante el presente proceso electoral.


La numeralia respalda estos datos: En octubre del 2023 fue asesinado el exalcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje, quien era aspirante de Movimiento Ciudadano. Tres meses más tarde, Alejandro Naredo, presidente del comité municipal de Cuitláhuac, del PRD, fue ultimado a balazos.


En febrero de este año fueron asesinados Andrés Valencia Río, exalcalde de San Juan Evangelista por la alianza PAN-PRD y Manuel Hernández, funcionario municipal de Misantla y aspirante a una diputación local por Morena.


El asesinato más reciente fue el de Policarpo Ramírez Coria, primo de dirigente del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana.


Otros políticos y funcionarios asesinados durante el último año son: Fernando Pérez Vega, excandidato de Fuerza por México en el municipio de Coxquihui, asesinado junto a su familia en enero de 2023; Leonardo Guzmán, director del Bienestar en Tlapacoyan; Alexis Sánchez, exdiputado local, así como Antonio Hernández, director de obras públicas en Amatlán, entre otros.


A estos ataques se suman por otro lado varias masacres, como el abandono —en dos hechos distintos— de al menos 15 cuerpos en hieleras en espacios públicos de Tuxpan al norte de Veracruz, el de otros cuerpos que fueron dejados frente al palacio municipal de Cazones y el asesinato de siete personas en Acultzingo.


El gobernador Cuitláhuac García ha salido al paso de estas expresiones de violencia diciendo que se trata de la disputa de bandas del crimen organizado.


Sobre esta situación de inseguridad, el Organismo Público Local Electoral y el Instituto Nacional Electoral en Veracruz ha señalado que espera ser incluido en las mesas de seguridad.

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