Denuncian abogados del sur de Veracruz

Abogados de la zona sur del estado de Veracruz, denunciaron públicamente la persistencia de prácticas violatorias de derechos humanos dentro del sistema penal, particularmente el uso de pruebas obtenidas mediante tortura y la reactivación de causas penales del antiguo sistema inquisitivo, pese a su falta de vigencia legal.

En conferencia de prensa encabezada por los abogados Emiliano Olea, Fausto Vicente Torres Pérez y Yesica Palafox, afirmaron que este fenómeno no es un hecho aislado, sino un problema estructural que se repite en diversas regiones del estado. señalaron que, jueces penales continúan validando averiguaciones previas y carpetas de investigación fabricadas, elaboradas en periodos caracterizados por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura física, psicológica y sexual.

Advirtieron que, aunque el Ministerio Público puede ser objeto de cuestionamientos, el Poder Judicial no puede convertirse en cómplice de estas prácticas, ya que al validar pruebas ilícitas se vuelve parte activa de un procedimiento sistemático de criminalización indebida.

Caso emblemático: causa penal 05/2024 en Coatzacoalcos

El abogado Fausto Torres expuso como ejemplo concreto, la causa penal 05/2024, instruida por el juez Eleuterio Malpica Núñez, del sistema tradicional en Coatzacoalcos, por el delito de homicidio doloso calificado. El caso se remonta al 1 de febrero de 2012, cuando dos jóvenes estudiantes, Zuraima “X” y Eric “X”, fueron detenidos en la congregación de Mapachapa, Minatitlán, por elementos de la Policía Ministerial, quienes irrumpieron en su domicilio con golpes y actos denigrantes.

De acuerdo con la defensa, la detención se produjo por un error grave del Ministerio Público, que buscaba a personas distintas —Daniel “X” y Berta “X”— pero detuvo a los jóvenes por tener características físicas similares. A pesar de que los detenidos explicaron que eran hermanos y no pareja, fueron golpeados, incomunicados y torturados.

Tortura, violencia sexual y muerte bajo custodia

Los abogados relataron que ambos jóvenes fueron sometidos a tortura sistemática, incluyendo toques eléctricos, y que Zuraima fue víctima de violencia sexual, amenazas y humillaciones. Estas agresiones, afirmaron, constan en el expediente judicial, con referencias específicas a las fojas correspondientes.

Eric logró salir temporalmente gracias a la presión de vecinos de la comunidad, pero murió dos años después a consecuencia de los golpes recibidos. Antes de fallecer, narró a su madre que su hermana estaba siendo violada y electrocutada, mientras a él le aplicaban descargas eléctricas.

Irregularidades procesales y falta de defensa adecuada

Denunciaron también que, al momento de declarar, Zuraima fue privada de asistencia legal, trasladada sin previo aviso y obligada a rendir declaración sin garantía de defensa adecuada. Indicaron que el fiscal consintió estas actuaciones, permitiendo que la joven declarara bajo coerción. Incluso, durante una diligencia de confrontación, uno de los coimputados negó conocerla, afirmando que su declaración inicial se dio bajo golpes, lo cual también consta en actas oficiales.

Reaprehensión en 2026 y negativa a aplicar el Protocolo de Estambul

Aunque Zuraima había recuperado su libertad en febrero de 2012 bajo reservas de ley, el 7 de enero de 2026 fue nuevamente detenida, ahora mediante un operativo conjunto de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Ministerial, bajo una supuesta orden de cateo que nunca fue exhibida.

Actualmente se encuentra privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Coatzacoalcos, situación que la defensa califica como ilegal, ya que no existen pruebas suficientes ni válidas para justificar la medida.

Los abogados denunciaron que el juez se ha negado a ordenar la aplicación independiente del Protocolo de Estambul, pese a que existe denuncia expresa de tortura. Indicaron que cualquier peritaje realizado por personal adscrito al mismo Poder Judicial carece de imparcialidad, al tratarse del mismo Estado señalado como responsable.

Protocolo de Estambul, es un manual de la ONU, actualizado en 2022, que establece estándares internacionales para investigar, documentar y evaluar la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ofrece directrices médicas y psicológicas para que los peritos evidencien la tortura, sirviendo como prueba válida ante tribunales y combatiendo la impunidad.

Llamado a las autoridades y organismos de derechos humanos

La defensa informó que ya se presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denuncias penales por tortura ante la Fiscalía General del Estado, aunque acusaron lentitud, falta de peritos y omisión institucional.

Asimismo, hicieron un llamado directo a: El Órgano de Administración del Poder Judicial, La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, La Fiscal General del Estado y la Gobernadora del Estado, para que intervengan de manera inmediata, se esclarezcan los hechos, se aplique el Protocolo de Estambul de forma independiente y se ordene la libertad inmediata de Zuraima, quien —señalaron— es ingeniera y único sostén económico de su madre, una mujer que ya perdió a su hijo a consecuencia de la tortura.

Un problema estructural en Veracruz

Los abogados concluyeron que, este caso no es único, sino representativo de decenas de expedientes similares en Veracruz, donde causas del sistema penal antiguo continúan generando privaciones ilegales de la libertad, revictimizando a personas que ya habían sido exoneradas o liberadas. “Lo que pedimos no es impunidad, sino legalidad. Que se investigue si hubo tortura, y si la hubo, que se aplique la ley. Nadie debe estar en prisión por pruebas fabricadas”, subrayaron