Jubilados de CFE y PEMEX, se manifiestan en rechazo a reforma al 127 constitucional

Con una manifestación y plantón frente a Palacio de gobierno, Integrantes de asociaciones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manifestaron su inconformidad ante la reciente reforma al artículo 127 constitucional, que de acuerdo a los ex trabajadores de las paraestatales vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica no solo para este sector, sino para toda la población.

La Reforma aprobada por la Cámara de diputados con 363 votos a favor 64 en contra y 25 abstenciones, aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Impone un tope máximo a las pensiones de exfuncionarios de Pemex y CFE, estableciéndolo en aproximadamente $70,000 pesos mensuales (la mitad del sueldo presidencial), afectando a quienes superan esta cantidad. Aunque busca eliminar "pensiones doradas" de altos directivos, genera incertidumbre por la posible retroactividad en jubilaciones. Jubilados de Pemex y CFE se han manifestado alertando que la reforma viola acuerdos previos y la no retroactividad de la ley, pudiendo recortar pensiones ya otorgadas. La reforma impacta directamente el patrimonio de exfuncionarios que reciben actualmente entre $100,000 y más.

Durante un pronunciamiento Jaime Hernández y representantes de la asociación de jubilados petroleros de confianza señalaron que esta modificación abre la puerta a afectaciones en materia de pensiones y jubilaciones, así como a posibles implicaciones en otros ámbitos del Estado de derecho. “Lo que hoy impacta directamente a los jubilados del sector público, mañana puede trasladarse a otras condiciones de vida, incluso a la propiedad y a la seguridad jurídica de los ciudadanos”, advirtieron.

Los inconformes sostuvieron que la reforma afecta el patrimonio familiar, el cual —subrayaron— es un derecho humano protegido por la Constitución, particularmente por el artículo 14, que garantiza la no retroactividad de la ley en perjuicio de las personas. En ese sentido, denunciaron que el Estado mexicano estaría colocando en situación de vulnerabilidad a miles de trabajadores que, tras décadas de servicio, lograron consolidar sus derechos laborales.

“Son 20, 30 o hasta 40 años de trabajo los que están en riesgo. Muchos compañeros incluso perdieron la vida en el desempeño de sus funciones, y ahora sus familias, viudas incluidas, podrían verse afectadas”, señalaron.

El ingeniero Roque Gracia, representante de jubilados de Pemex, detalló que existen más de 22 mil 597 jubilados de confianza en la empresa, de los cuales solo un 3 por ciento percibe pensiones consideradas altas, desmintiendo la narrativa de que todos reciben ingresos millonarios. “Se ha manejado información falsa. Hay jubilados con ingresos de 30, 40 o 50 mil pesos. No todos perciben grandes cantidades como se ha hecho creer”, afirmó.

Asimismo, advirtió que la reducción de pensiones no solo impactaría a un grupo reducido, sino que tendría un efecto en cadena debido a los tabuladores salariales, afectando a todos los niveles. Por su parte, Víctor Hugo Montalvo Hernández, jubilado de la CFE con 30 años de servicio, calificó la reforma como “discriminatoria y anticonstitucional”, al considerar que viola los artículos 1 y 14 de la Carta Magna.

“El artículo primero establece la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, mientras que el 14 prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Esta reforma vulnera ambos principios”, señaló. Los manifestantes coincidieron en que el problema trasciende al sector energético, al advertir que se sienta un precedente peligroso para futuras reformas que podrían afectar derechos fundamentales.

Indicaron que México ya presenta rezagos en materia de Estado de Derecho, citando evaluaciones internacionales que ubican al país en posiciones bajas a nivel global. “Cuando no se respeta el Estado de Derecho, aumenta el riesgo país, se encarecen las inversiones y se frena el desarrollo económico”, explicó Montalvo Hernández.

En el ámbito energético, alertaron que esta situación podría poner en riesgo proyectos estratégicos, la seguridad energética y la atracción de inversiones, lo que eventualmente impactaría en el suministro eléctrico y en la economía nacional.

Riesgos para el Estado de Derecho

Los manifestantes coincidieron en que el problema trasciende al sector energético, al advertir que se sienta un precedente peligroso para futuras reformas que podrían afectar derechos fundamentales. Indicaron que México ya presenta rezagos en materia de Estado de Derecho, citando evaluaciones internacionales que ubican al país en posiciones bajas a nivel global.

“Cuando no se respeta el Estado de Derecho, aumenta el riesgo país, se encarecen las inversiones y se frena el desarrollo económico”, explicó Montalvo Hernández. En el ámbito energético, alertaron que esta situación podría poner en riesgo proyectos estratégicos, la seguridad energética y la atracción de inversiones, lo que eventualmente impactaría en el suministro eléctrico y en la economía nacional.

No hay dialogo

Los jubilados señalaron que han intentado entablar diálogo con autoridades, sin obtener respuesta. “Hay silencio total. No hay voluntad para escuchar nuestras demandas ni reconocer las violaciones a nuestros derechos”, denunciaron. Ante ello, anunciaron que continuarán con acciones de protesta a nivel nacional. En diversas ciudades ya se han registrado movilizaciones, y se prevé una manifestación nacional en la Ciudad de México, frente a instalaciones de la CFE.

Finalmente, reiteraron que su lucha no es solo por las pensiones actuales, sino por la defensa de los derechos laborales y constitucionales de futuras generaciones. “No es un capricho, es un derecho. Si hoy permitimos que se violente la Constitución, mañana cualquier derecho podría ser vulnerado”, concluyeron.