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Luego de que la presidenta del congreso local Naomi Edith Gómez Santos, confirmó sin decir sus nombres que dos presidentes municipales que ya fueron notificados enfrentan procedimientos de declaración de procedencia es decir desafuero y tienen hasta el próximo martes para responder ante la Comisión Instructora del Congreso local, para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la comisión, para responder “a lo que a derecho corresponda”.
Una vez vencido el plazo, la Comisión Instructora deberá fijar una audiencia para recibir pruebas y alegatos, continuar con la integración de los expedientes y elaborar los dictámenes correspondientes. Gómez Santos evitó revelar los nombres de los ediles, los municipios donde suceden los hechos que se les atribuyen y las autoridades que solicitaron retirarles el fuero. Explicó que la identidad de los ediles permanecerá reservada mientras la Comisión Instructora recibe sus respuestas y prepara las audiencias.
“El proceso debe llevarse ante la Comisión Instructora, que evaluará los expedientes que le fueron enviados”, dijo. Después de las audiencias, la comisión analizará la documentación, las pruebas y los argumentos de cada alcalde para determinar si existen elementos que justifiquen continuar con el procedimiento. “En su momento, la Comisión Instructora hará un dictamen que deberá votarse ante el Pleno. Entonces será del conocimiento de todas y todos los diputados”, agregó.
La presidente de la mesa directiva, precisó que el plazo de defensa comenzó entre el lunes y el martes, por lo que concluirá el martes siguiente. “Hasta el martes culminaría el plazo de siete días. Ellos pueden responder por escrito o venir al Congreso; después se fija la fecha de audiencia”, expuso.
Qué es la declaración de procedencia
La declaración de procedencia, también conocida como desafuero, permite al Congreso retirar la inmunidad procesal de un servidor público para que pueda enfrentar una acusación penal. No determina su culpabilidad ni sustituye la actuación de la Fiscalía o de los jueces. El procedimiento comienza con una solicitud del Ministerio Público. Las comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales revisan que el funcionario tenga fuero, que exista que el expediente contenga elementos para presumir su participación.
Si la solicitud cumple los requisitos, el caso pasa a la Comisión Instructora, que dispone de tres días para notificar al servidor público. A partir del emplazamiento, éste cuenta con siete días para responder, fase en la que se encuentran los actuales ediles señalados.
Concluido ese periodo, la comisión debe celebrar una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los diez días siguientes. Después tendrá tres días para elaborar un dictamen y establecer si procede retirar el fuero. El Pleno se constituye entonces en Jurado de Procedencia. El servidor público o su defensa puede exponer sus argumentos antes de que los diputados deliberen y voten. Para aprobar el desafuero se requieren los votos de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del Congreso.
Si no se alcanza esa mayoría, el procedimiento penal no puede continuar mientras el funcionario conserve el fuero, aunque la investigación podrá reanudarse cuando concluya su encargo. Si el Congreso aprueba la declaración de procedencia, el servidor público pierde el fuero, queda separado del cargo y puede ser sometido a la jurisdicción penal. La resolución legislativa no implica una condena. Corresponde a la Fiscalía continuar la investigación y a los jueces resolver las órdenes, medidas cautelares y, en su caso, la responsabilidad penal.
La Fiscalía general del Estado (FGE) investiga a los alcaldes Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, respectivamente, ambos integrantes de Movimiento Ciudadano. El primero presuntamente podría estar implicado con la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán.
De acuerdo con información confirmada por fuentes legislativas, la FGE presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de procedencia contra los munícipes con la finalidad de retirarles la protección constitucional para que puedan enfrentar las investigaciones penales.
Según la versión presentada por la FGE ante la Comisión Instructora del Congreso, un testigo habría declarado que escuchó una conversación en la que el alcalde presuntamente solicitaba a un líder criminal de la región privar de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella poseía una fotografía donde aparecía portando un arma larga. Dichas acusaciones forman parte de una investigación ministerial y no constituyen una sentencia judicial.
En el mes de mayo próximo pasado, la gobernadora Rocío Nahle García sostuvo que algunos candidatos postulados por MC mantenían presuntos vínculos con actividades ilícitas y como ejemplo mencionó en diversas ocasiones el caso de Las Choapas, donde cuestionó la postulación de Jesús Uribe, quien terminó ganando la elección.
Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell, ha denunciado una estrategia de presión política contra sus alcaldes, síndicos y regidores, señalando públicamente actos de persecución y presiones para que autoridades municipales emanadas de MC abandonen las filas del partido naranja y se sumen al proyecto morenista.
Ahora la definición del caso está en manos de la Comisión Instructora del Congreso; si el dictamen concluye que existen elementos suficientes para retirar el fuero constitucional, el Pleno deberá votar el desafuero y abrir la puerta para que la Fiscalía continúe las investigaciones contra los dos ediles señalados. De última hora se informa que el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez (Movimiento Ciudadano), promovió un amparo para evitar ser detenido, en el contexto de un proceso de desafuero solicitado por la fiscalía general del Estado de Veracruz.
