Tuiteros en Veracruz, 5 debates pendientes

El pasado miércoles 21 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz se desistió de ejercer acción penal en contra de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez, detenidos el 25 de agosto por la publicación de mensajes en Twitter que hacían referencia a supuestos ataques a escuelas en la entidad.

El martes 20 de septiembre, el Congreso local aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal del estado para incluir el delito de Perturbación del Orden Público en Veracruz, de manera que, en casos como los de los usuarios, éstos no fueran acusados de terrorismo y sabotaje.


De acuerdo a la nueva legislación, quienes cometan actos que provoquen esta perturbación por cualquier medio podrán ser sentenciados a penas de uno hasta cuatro años de prisión.

Sin embargo, el debate no debe quedarse ahí, afirma el legislador panista Francisco Javier Lara Arano, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la legislatura local, quien señala que este caso trajo cinco aspectos que legisladores, gobierno y sociedad civil deben poner a discusión.


Legislación sobre seguridad. De acuerdo al diputado veracruzano, la situación está superando la realidad contemplada en las leyes, por eso es necesario entrar a temas de seguridad incluidas las acciones de emergencia en la población: "Todos mundo sabe cómo actuar en un terremoto, pero nadie sabe cómo hacerlo en una balacera", señala el legislador.

Abrir el debate de la legislación de Internet: "Hay palabras como Twitter o ciberespacio, que la gente asimila pero que cuando se llega ante un juez, puede echar para atrás un procedimiento porque no están tipificados", afirma el legislador.

Transparencia. Lara Arano señala que los cuestionamientos en redes sociales son totalmente válidos ya que, a fin de cuentas "el dinero es del pueblo", por lo que el debate debe fomentar la rendición de cuentas y transparencia a través de los nuevos medios como redes sociales.

Uso efectivo de las redes por parte de ciudadanía y gobierno. Lara Arano recuerda que el uso de Twitter en 2010, tras el paso de Karl y Matthew sirvió para identificar algunos puntos de devastación y brindar respuestas efectivas. Afirma, sin embargo, que si la autoridad no brinda respuesta oportunas a través de ellas se deja un vacío que puede ser aprovechado para difundir información no oficial, "se deja el espacio abierto al crimen organizado y como no hay capacidad de respuesta, del gobierno, el espacio se utiliza", indicó.

Respeto a la libertad de expresión. "El artículo sexto constitucional es muy claro", esos son los límites que debemos respetar; la cuestión es que la libertad no debe ser coartada jamás, pero si debe fomentarse el uso responsable", indicó.