A la conocida falta de credibilidad en sus trabajos de auditoría a las cuentas públicas gubernamentales, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que dirige el maquillista contable y colocador de servicios intercambiados por mejoras en resultados, Mauricio Audirac, suma esta vez el ocultamiento de información que está obligado a hacer del conocimiento público.
Sin justificación legal alguna, en violación al artículo 8 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, el Orfis decidió reservar del escrutinio público el Informe del Resultado de la Fiscalización a las cuentas públicas del año 2010.
La omisión de ese informe es más sospechoso pues no sólo incumple con una obligación legal, sino que rompe con la política de información pública seguida por ese organismo prácticamente desde su fundación. En la página de internet del Orfis pueden encontrarse en la liga de Información pública y en el segmento relativo de transparencia los informes de fiscalización a las cuentas a partir del año 2002 y consecutivos hasta el 2009, al igual que los decretos legislativos por los que dichas cuentas fueron aprobadas. Sin embargo, el informe a las cuentas de 2010, el último que ha entregado y donde se detectó presunto daño patrimonial a 80 municipios por irregularidades o ilicitud en el manejo de recursos públicos y observaciones, que supuestamente sólo constituyeron faltas administrativas a los poderes del estado, organismos descentralizados y autónomos, nomás no aparece. Únicamente colocaron como información pública el decreto del Congreso que aprobó las cuentas, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial del pasado 10 de febrero, pero no el informe de la fiscalización. ¿Qué hay en el detalle de las auditorías, que anteriormente publicaban en tres extensos tomos, para que ahora hayan sido escondidas?
COMPARACIONES ODIOSAS
En nada es comparable es el trabajo del Orfis con el que realiza sobre el gasto público federal su homólogo de funciones la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no sólo en la efectividad de las irregularidades detectadas –ya se vio la exhibida que le dio recientemente de modo profesional y técnico al Gobierno Federal y a los estados y municipios por las cuentas de 2010, entre estelas de luz, triangulaciones del Turissste, malas inversiones del IMSS, excesos presidenciales en propaganda, elevación de precios en la sede del Senado, pagos indebidos de los estados al SNTE. Tampoco se parecen en la transparencia. La ASF hizo público todo el informe con cientos de sus auditorías, incluso desde el mismo día en que lo entregó a la Cámara federal de Diputados.
Aquí el Orfis obliga al ciudadano con su incumplimiento de transparencia a recorrer el camino tortuoso de la solicitud de información, ir a regatear los datos omitidos y que aún podría negar, desalentando a los que no estén dispuestos a pedir la intervención del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Ocupados como están los del IVAI en conceder estrellitas en la frente de los ayuntamientos huéspedes de sus conferencias de transparencia (primer lugar, el cisne negro; segundo, Carolina Gudiño –siguen aplausos y porras), no se han percatado de que el Orfis tienen indebidamente reservado el detalle de las cuentas revisadas en 2010.
ÉRAMOS MUCHOS EN EL PODER JUDICIAL...
Como si en materia jurisdiccional rigiera el espíritu olímpico donde lo que importa no es ganar sino competir, el magistrado Alberto Sosa evitó aceptar como derrota, haber perdido el juicio de amparo promovido por la magistrada removida Concepción Flores Saviaga.
Con la prensa encima y la derrota a cuestas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia eludió su responsabilidad en los errores cometidos en la destitución revocada por el Poder Judicial federal. No fue un revés, aseguró, cuando para todos era claro que había sido un derechazo, por el que ahora deben restituirla en el cargo y pagarle salarios caídos por más de un millón de pesos. Igual cabeceó para no responder a la pregunta sobre de dónde habrán de tomar recursos para ese pago, y qué harán con el magistrado excedente, el magistrado sobrado, y quién sería el sacrificado. Nadie creyó que no estuviera enterado de los alcances de la sentencia, aunque no le haya sido aún notificada. En los corrillos del Poder Judicial cuentan a propósito de la demasía de magistrados ahora que deben restituir a Flores Saviaga, que «Ya éramos muchos... y parió la abuela». La ola sigue con que la actitud del presidente del Tribunal buscando a cuál de los magistrados expulsar se parecen a la advertencia «un chango se cae del mecate», y finalmente por la cadena de errores en que ha incurrido Sosa, ya se dice que a su circo le crecieron los enanos. Error tras error, no se ve para cuándo vaya a pegar un hit.
Des-aparecidos
Entre líneas y para los que saben del caso, la alusión del gobernador Javier Duarte a la comunicación entre padres e hijos: «Muchas veces se inculpa a la autoridad de que no está haciendo su labor, su trabajo en torno a las acciones de seguridad pública, pero también es responsabilidad de los padres saber en qué pasos andan sus hijos».
