ASUNTOS PÚBLICOS: Las consecuencias del montaje

Columna de Eduardo Coronel Chiu

Zona Centro

Eduardo Coronel Chiu - 2012-03-10

El proyecto de sentencia del ministro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el que propone en el juicio de amparo en revisión, la liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, ha cimbrado al sistema judicial mexicano y en particular al Gobierno Federal, cuyas autoridades serían responsables de haber violado sus derechos fundamentales, a partir de una escenificación ajena a la realidad –el montaje para la televisión de su falsa captura en vivo en diciembre de 2005– con lo que viciaron todo el proceso.

El inesperado golpe de la posible revocación de un caso muy mediático que se creía cerrado y además «juzgado en la opinión pública», aunque no se sabe ahora cómo vaya a ser votado por los otros 4 ministros de la sala, y si será aprobado, al menos por tres de ellos, pero ya causó un gran revuelo no sólo en los medios judiciales sino también políticos.

En principio reabrió el asunto de las anomalías del proceso judicial, especialmente el montaje de la detención –y otros más–, admitido tras de ser expuestos a los hechos, en su momento por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). La actualización de los hechos del montaje y sus consecuencias repercuten al Gobierno Federal actual, ya que el entonces jefe de la AFI, Genaro García Luna, resulta ser el mismo que funge desde el principio de la administración del presidente Felipe Calderón como Secretario de Seguridad Pública Federal. Además, el propio Felipe Calderón tomó el caso de la francesa acusada de ser miembro del grupo de secuestradores, conocidos como La banda de los Zodiacos, cuyo jefe, Israel Vallarta, era su pareja, como una de sus historias de éxito en el combate a la delincuencia, uno de los pocos de los que podía presumir ante el reclamo ciudadano de cese a la impunidad para el delito de secuestro, uno de los que provocan mayor dolor social en las familias que lo padecen. Ha sido tal el uso político del caso de la francesa que el propio presidente Calderón apostó a su mayor popularidad que a la diplomacia y todavía el año pasado asumió las fricciones con el gobierno de Francés, al negarse a que Cassez purgara su condena y fase final de juicio en su país, como lo solicitó el presidente Sarkozy, que en respuesta canceló los festejos de México programados para realizarse allá, incluso, se recuerda, nuestros voladores de Papantla se quedaron con las maletas listas.

El proyecto

Aunque extenso en su exposición –se compone de 145 páginas– el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar establece en pocos principios su argumento para la liberación inmediata y absoluta de Florence Cassez, echando abajo dos instancias previas del judicial federal, un juez de distrito y un tribunal colegiado, que la han encontrado culpable del delito de secuestro y sentenciado a 60 años de prisión. La premisa central es el montaje como violación al debido proceso, la escenificación falsa de su captura, el recordado episodio en el que se mostró ante las cámaras de televisión a los agentes de la AFI en un operativo, supuestamente en vivo, en el rancho Las Chinitas en el Estado de México, al momento de ingresar para detener a los secuestradores y liberar a las víctimas, cuando se comprobó que los acusados habían sido detenidos con anterioridad en un lugar distinto y trasladados al rancho, donde estaban los reporteros de TV para el reality show de Genaro García Luna.

Además, la acusada fue retenida para su actuación mediática forzada por más tiempo del estipulado en la Constitución, que ordena la inmediata puesta a disposición del Ministerio Público. Igualmente no recibió la asesoría consular a que tenía derecho por su condición de extranjera.

La violación fundamental de origen, su presentación como culpable, vulneró su derecho a la presunción de inocencia, junto con las violaciones al derecho de asistencia consular y la falta de disposición inmediata ante el Ministerio Público. Del montaje y la vulneración a la presunción de inocencia se deriva, a juicio del ministro, la corrupción de las otras pruebas, minando su fiabilidad. Entre ellos, los testimonios de las tres víctimas que fueron variados para puntualizar la identificación de Florence Cassez, sólo después de que la vieron en el noticiero de la televisión que la exhibió culpable y de que los oficiales de la AFI les informaron que ella había participado en el secuestro.

La violación a sus derechos fundamentales, sostiene Zaldívar en su proyecto, han producido un efecto corruptor a la totalidad del proceso como a sus resultados, por lo que al conceder el amparo y la protección de la justicia federal se revoca la sentencia recurrida y se ordena la absoluta e inmediata libertad de Florence Cassez.

Las defensas mediáticas

Sin ser parte en el juicio, el Gobierno Federal echó a andar su aparato defensivo a través de los medios de comunicación. La Procuraduría pugnó por que se deseche la propuesta del ministro y minimizó el montaje: «Sería grave que a partir de un video se interprete que las víctimas deformaron lo que vivieron durante su secuestro», y todavía aseguran que Cassez y coacusados fueron detenidos en flagrancia, como si se creyeran veraz el video. La Secretaría de Gobernación, en el mismo sentido, manifestó que «el gobierno mexicano ha actuado en todo momento con estricto apego a la ley en el caso de Florence Cassez», y que se abstendrá de opinar sobre el asunto, aunque invocar la legalidad sea también una forma de opinar. El PAN sí fijó su postura directa, esperan que la Corte sostenga la sentencia condenatoria en contra de la francesa. Su candidata Josefina Vázquez Mota nada dijo de la justicia a las mujeres extranjeras, y eso que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, dejó el asunto en manos de la Corte y mejor se abstuvo. Calderón calló y Genaro García Luna, su jefe policiaco productor del montaje que enredó el caso, va cayendo.

No se duda que el juicio de Cassez, cualquiera que sea el fallo final, tendrá un costo electoral al Gobierno Federal y al PAN. Presunto Culpable II no la dirigirán Calderón ni García Luna (ojalá tampoco Loret de Mola Jr., con su churro-documental De panzazo ya tuvimos bastante).

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