Presuroso, con la cola entre las piernas, salió el Senador Juan Bueno Torio ayer de su conferencia de prensa en un hotel de Veracruz. Pensaba que llegaría en plan de matador a cortar oreja y rabos y que sería sacado en hombros y vítores por su intervención en un evento propagandístico del PAN, donde disertó sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, la que centró en la deuda pública de Veracruz, pero terminó acorralado por los medios de comunicación.
No consiguió nunca centrar la atención en el tema que le interesaba; de entrada fue cuestionado por su incongruencia en la predicación con su propia historia de corrupción como servidor público. El interés de la prensa y asistentes se enfocó a interrogarle sobre la gran cantidad de denuncias de comisiones de diputados, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública que se abrieron con motivo de la red de negocios desarrollada durante su gestión como director de Pemex-Refinación de 2003 a 2006, los contratos adjudicados sin concurso, directamente para beneficiar a sus familiares y amigos en el ramo del transporte de combustible, y otras más, en la renta de buques con los hijos de Marta Sahagún y Transportadora Marítima Mexicana, entre otros; todos ventilados en su momento en los medios de comunicación. Tuvo que admitir la veracidad de los negocios de la familia e intentó justificar que no había nada ilícito en ello. Tampoco le gustó el tema de su impunidad, la protección que le han dado, el gobierno de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, ni que se pusiera en entredicho su calidad moral, pretendiendo hacer creer que «tenía la cola limpia» y que según él lo habían difamado, presumió de haber demandado a cuatro o cinco medios, los que no pudo citar cuando se lo requirieron. Chocado por la insistencia, de plano dijo que él no le rendía cuentas a nadie: «yo no tengo por qué estar dando cuenta de mis actos ante nadie», alegando que había rendido todos sus informes de labores como senador y como servidor público, «los he dado cada vez que la ley me lo exige». Abruptamente, tundido por la prensa, concluyó la conferencia y salió por piernas de ahí. La nota fue su corrupción e impunidad, que bien se ve, no se ha olvidado, por más que quiera.
CORRUPCIÓN E INEFICIENCIA
Aparte de las historias conocidas de la corrupción de Juan Bueno Torio en Pemex-Refinación, está también la evaluación de ineficiencia en esa dependencia, otra forma de corrupción, incluso aludida en varias ocasiones por el propio Presidente de la República, Felipe Calderón, y que además puede corroborarse en los datos de la paraestatal.
En periodo en que Juan Bueno Torio fungió como director general de Pemex-Refinación, de 2003 a 2006, este segmento de la paraestatal perdió casi 150 mil millones de pesos, cifra que se aparece en su página de transparencia, en los estados financieros consolidados y dictaminados de Pemex.
Por otro lado, al término del gobierno de Fox, era muy comentado el estancamiento de Pemex Refinación, la incapacidad de la que Bueno Torio fue parte, para aumentar los niveles de refinación. De acuerdo con el estudio del ex secretario de Hacienda, el economista David Ibarra, titulado «El desmantelamiento de Pemex», a fines de 2007 (un año después de que dejaron la administración de Pemex), con cifras oficiales, la importación de productos petrolíferos era de 500 mil barriles y la de gasolina de 300 mil barriles, ambos por día. El valor total de ese intercambio sumó más de 14 mil millones de dólares, dejando un déficit neto de 11 mil millones; sólo la importación de gasolinas ascendía al 40% del consumo nacional. Se aplazó la construcción de una nueva refinería, y la reconfiguración –o modernización de las existentes– se realizó con gran ineficacia. En tiempos de Bueno Torio, en 2003-2004, se inició la reconfiguración de la refinería de Minatitlán y no pudo concluirse sino hasta el año pasado. En julio de 2011, al inaugurar Felipe Calderón por fin ese proyecto, que tuvo una inversión de 3 mil 500 millones de dólares, mientras celebraba la terminación, no dejó de aludir los problemas que recibió de Bueno Torio y Vicente Fox. Este proyecto, dijo Calderón, tuvo «innumerables vicisitudes y problemas», inició efectivamente allá por el año 2003-2004, cuando él se desempeñó como Secretario de Energía, y a su llegada, precisó, la reconfiguración llevaba ya un significativo retraso. Innumerables vicisitudes y problemas, asociados al costo de los insumos, a diversos proyectos, a la multiplicidad de empresas que finalmente participaron. Todo ello fue derivando en un atraso que, incluso, hacía peligrar la viabilidad del proyecto. Claro, Calderón se paró el cuello por haberlo destrabado, pero en otra ocasión más reciente, este año, al anunciar el inicio de la reconfiguración de la refinería de Salamanca (la nueva refinería en Tula, Hidalgo, aún no arranca), Calderón alcanzó a exclamar que ojalá y no vaya a resultar como la configuración de la de Minatitlán, que se tardó ocho años.
Y es que Juan Bueno Torio, más que ocuparse en mejorar la refinación del petróleo, se enfocó a hacer negocios con su familia y amigos. Para eso sí salió Bueno.
DE LA TREMENDA CORTE
Vaya lío en que se ha metido el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto Sosa, por la torpeza en el manejo de las sustituciones de magistrados. Al ser obligado el TSJ por la justicia federal en sentencia de amparo a restituir en el cargo a la magistrada Concepción Flores Saviaga, que les ganó el juicio por errores jurídicos incurridos para su remoción, se les hizo lo más fácil desalojar sin fundamento legal de su cargo al magistrado Alfredo Algarín; éste, a su vez, demandó el amparo para no ser afectado en sus derechos, obteniendo una suspensión para que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, hasta en tanto se resolvía el fondo de su demanda. Sin embargo, dicha suspensión le fue violada, y sin notificación alguna, desahuciado de su oficina como inquilino moroso. En respuesta a la secuela ilegal, el magistrado Algarín denunció ante el juez de distrito a los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura por violaciones al mandamiento de suspensión, mientras el Presidente del Tribunal presentó una queja contra el juez de distrito que concedió esa suspensión. El caso ha sido turnado al Tribunal Colegiado de Circuito, para que resuelva sobre la queja y la violación a la suspensión del juez federal. La violación a los mandamientos de amparo es considerada grave, y su sanción puede ser hasta la destitución de los servidores públicos responsables y su denuncia penal. Como el gato con el estambre, el magistrado Alberto Sosa cada vez se enreda más. Lo bueno es que cuando pierde el juicio, dice que no fue revés. Para resolver, un tremendo caso.
