La historia Presunto Culpable II, continuará. La expectación por el caso de la francesa Florence Cassez, levantada por el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para liberarla inmediatamente debido a las violaciones graves a su proceso penal en que fue sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro, el famoso montaje policiaco en diciembre de 2005 que habría viciado todos sus frutos, no terminó ayer de manera espectacular con su salida de prisión, sino con la devolución del expediente a otro ministro de la misma sala para que se presente a votación un nuevo proyecto de sentencia.
La división de posturas entre los cinco ministros integrantes de la primera sala no permitió que el proyecto de Zaldívar alcanzara los tres votos necesarios –sólo contó con dos, el propio y el de la ministra Olga Sánchez, quien sostuvo que no se juzgaba la inocencia o culpabilidad, sino la actuación de las autoridades, en cambio, los tres restantes se opusieron a que se concediera un amparo con efectos de liberación. No obstante, el debate celebrado por el caso dejó en claro que 4 de ellos coincidieron en reconocer que en el proceso hay violaciones graves a los derechos fundamentales de la procesada, si bien difirieron en los alcances de éstos y en los términos en que habría de buscarse la posible protección de la justicia constitucional. Con excepción del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, para quien de plano habría que declarar improcedente la demanda de amparo, los demás, que harían mayoría en el próximo proyecto, criticaron duramente el montaje policiaco para la televisión que exhibió a la sentenciada como culpable. Hubo consenso en que las autoridades policiacas violaron las garantías al debido proceso, el principio de presunción de inocencia, la retención fuera de plazo constitucional y la falta de asistencia consular a que tiene derecho todo extranjero detenido, pero no en que se le concediera la libertad. El ministro Mario Pardo Rebolledo, uno de los que se opusieron a la liberación, sin embargo calificó de reprobable el montaje televisivo, que «deja mal parado el principio de buena fe ministerial», y que por ello «debe ser castigado».
Al parecer, se abre la vía para que se conceda a Cassez un amparo para efectos –como lo propuso el ministro José Ramón Cossío–, es decir, anular la sentencia impugnada a fin de que el Tribunal Colegiado de Circuito que siguió la causa dicte una nueva sentencia. El nuevo proyecto podría fijar lineamientos a ese tribunal para la valoración de las pruebas, entre éstas, el desechamiento de dos testimonios de víctimas de secuestro que identificaron a la francesa sólo después de que fue presentada en la televisión como culpable.
Costo electoral
Con todo, la reapertura del juicio ha pegado al sistema de justicia mexicano, puesto en entredicho, y políticamente sin duda alguna al autor de montaje, Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), desde el principio del actual sexenio, secretario de Seguridad Pública federal, y en carambola, a su inexplicable protector, el Presidente de la República, Felipe Calderón.
La división entre ministros fue menor a la radicalización condenatoria promovida por el presidente Calderón. Desde que hace unos 10 días el ministro Zaldívar hizo público su proyecto, distintos actores del Gobierno Federal (y su candidata del PAN al gobierno del DF, Isabel Miranda), y en la víspera de la sesión, el propio presidente Calderón, ejercieron presiones sobre la Suprema Corte de Justicia, apelando retóricamente a los «derechos de las víctimas», y exigieron a los ministros que «cumplieran con la ley» y que no por interpretaciones abrieran el camino a la impunidad. Como si la Policía Federal, entonces bajo el mando de efectos especiales García Luna, hubiese actuado apegada a derecho, lo que la mayoría de los ministros estableció ayer que no fue así, y sin considerar que violar el debido proceso a una persona significa que ésta es también una víctima de los actos arbitrarios de autoridad. No por casualidad ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, ayer pidió respeto a la división de poderes y se pronunció a favor de corregir las desviaciones y los abusos de poder.
A pesar de la actualización de los señalamientos contra Genaro García Luna, en los días recientes Calderón más lo arropó, avalando con ello su actuación fraudulenta en el controvertido proceso, manchado precisamente por su hoy secretario de Seguridad Pública. Como una de las tantas debilidades de los gobiernos del PAN, el autor del montaje y su protector serían tema clave en la agenda de justicia simulada en la campaña electoral. Presunto Culpable II.
Sigue la burla azul
La insólita resolución de la dirigencia nacional del PAN a la impugnación de la elección interna para la candidatura al Senado, anulan el cochinero, pero ungen al cochino candidato (Fernando Yunes Márquez) sigue dando de qué hablar. Ahora resulta que la candidata designada para la segunda fórmula, Gloria Olivares, no le quiso entrar de comparsa y les mandó una carta declinando el inmerecido honor. Prefirió quedarse a cargo de la secretaría de promoción política de la mujer en el Comité Municipal del PAN en Xalapa. Luego de conocerse la negativa de la dama, se difundió que el Comité Nacional había convocado para cubrir la posición a Julen Rementería, uno de los impugnadores del proceso interno en cuyo fraudulento resultado ya tenía ese lugar asegurado. ¿Más burla o de que se trata?, ¿de conocer los límites de la humillación?
Por cierto, Julen Rementería anunció que hoy dará una rueda de prensa para informar de su postura, aunque en su comunicado de ayer sostiene que no le notificaron el resolutivo de la nulidad del proceso, sino hasta después de habían cocinado el tamal de cochinito; tampoco le hicieron propuesta alguna, ni participado en negociaciones, que ni se vende ni lo han comprado y que «a pesar de todo (te quiero a pesar de todo) y sobre todo, seguiré en las filas de mi partido». A ver qué más dice hoy sobre la burla y el pan partido.
