ASUNTOS PÚBLICOS: Federalización de delitos contra periodistas

Representativo de la gravedad del problema del incremento sin precedentes de ataques impunes a periodistas y activistas sociales en México es la reforma a la Constitución Política de la República aprobada por el Congreso de la Unión, de la que ayer se declaró cumplido el trámite de validación en la mayoría de las legislaturas estatales, entre las que se encuentra la del estado de Veracruz.

La reforma al artículo 73 constitucional que fue turnada al Presidente de la República para su promulgación y que entrará en vigor una vez que sea publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación extiende la facultad de las autoridades federales, concretamente a la Procuraduría General de la República para conocer delitos del fuero común relacionados con la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. El nuevo texto constitucional dispone que «las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta».

La federalización de esta clase de delitos, si bien no garantiza una mayor eficacia en la procuración de justicia y en el abatimiento de la impunidad, significa un reconocimiento del tamaño que ha alcanzado en el país el ataque a los comunicadores y la necesidad de otorgarles un rango nacional a su atención.

En la exposición de motivos de la reforma consta esa preocupación: «Los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional, no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes... nunca antes en la historia de nuestro país se habían cometido tantos crímenes contra periodistas en un sexenio...» y que es «aberrante saber que nuestro país ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, después de Iraq tras la ocupación de los Estados Unidos en 2003».

Antecedentes

En la actualidad no es novedad la atracción federal de delitos del fuero común, en particular los cometidos contra periodistas o personas relacionadas con medios de comunicación. En Veracruz la conexidad se ha dado por presunciones de participación de delincuencia organizada, la PGR ha atraído todos los casos de periodistas victimados, o como coadyuvante, sin que se haya visto ningún éxito.

La nueva norma y la ley secundaria que debe aprobarse en los siguientes seis meses –una vez que entre en vigor la reforma constitucional– permitirá exigirle eficacia a la Federación, además de a las autoridades estatales.

En la misma dirección protectora a cargo de la Federación está en proceso la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada hasta ahora únicamente por el Senado de la República a fines de abril pasado.

En Veracruz han sido noticia la serie de crímenes cometidos entre 2011 y 2012 contra personas relacionadas con medios de comunicación que aún siguen pendientes de esclarecer. En la mayoría –los del Puerto de Veracruz asociados a un medio local y a la fuente policiaca, Milo Vela, su esposa e hijo, la reportera Yolanda Ordaz, asesinados el año anterior, y los tres foto reporteros y la pareja de uno de ellos, en los primeros días de mayo pasado, prevalece la hipótesis de que fueron ejecutados por la delincuencia organizada: a diferencia del caso de la reportera de Proceso, Regina Martínez, ahorcada en su domicilio a finales de abril en Xalapa, en el que siguen otras líneas de investigación, entre ellas, las de su esfera de actividades privadas. La secrecía de las investigaciones obligan a la no revelación de sus avances, pero mientras no se resuelva satisfactoriamente la confianza ciudadana no se restablecerá en esos casos. Aunque la acumulación de casos y el contexto nacional pudieran sugerir la elevación del riesgo para el ejercicio profesional de la comunicación, no necesariamente esto es cierto en Veracruz, sin embargo, sólo la solución de los casos pendientes y la protección a la libertad de expresión y prensa disipará las especulaciones.

Comisiones, Organos autónomos

Hoy que se conmemora el instituido Día de la Libertad de Expresión, el gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa anunciará el decreto que crea la Comisión para la Protección de Periodistas y la Comisión para la Protección de Víctimas de Delitos.

La intención es buena y muestra el compromiso del gobernador en garantizar la seguridad de los veracruzanos y en particular la defensa a los comunicadores que pudieran estar en riesgo, así como de las víctimas de delitos. Habrá que conocer su diseño institucional, en el que se ha previsto gocen de autonomía, inclusive rango constitucional a mediano plazo, y por tanto bases de credibilidad, así como la designación de las personas que los integrarán. Esperemos que funcionen.