Como una gira de cinco días, no un cambio de sede oficial del Poder Ejecutivo, debe verse el traslado del gobernado iniciado ayer por el gobernador Javier Duarte de Ochoa al municipio de Córdoba, el cual se prolongará hasta el próximo viernes.
A diferencia del Congreso local, el cual puede cambiar su sede provisionalmente, con el acuerdo de mayoría calificada de diputados, y además está obligado a sesionar al menos una vez cada año en algún municipio del norte, centro o sur del estado, para los otros dos poderes –Ejecutivo y Judicial- no existe previsión constitucional para el cambio de sede oficial de los poderes, que es la capital Xalapa.
Sin embargo, no hay ningún impedimento para que el gobernador, titular unipersonal del Poder Ejecutivo, se desplace a cualquier municipio, en este caso a Córdoba, y desde ahí realice actividades propias de su encargo, aunque no por ello se hace a este municipio sede oficial de dicho poder.
Por lo pronto, el gobernador Duarte ocupa desde ayer como su despacho provisional la oficina del presidente municipal y Francisco Portilla Bonilla se ha pasado a la del secretario del Ayuntamiento y a éste quién sabe a dónde le habilitaron. En su primer día de gobierno cordobés, Javier Duarte dio a conocer una iniciativa de decreto para exentar a motociclistas del pago del emplacamiento, pero su principal declaración tuvo que ver con el debate de candidatos a la Presidencia de la República del pasado domingo.
Embarcado con la Marina
Sin aludirla directamente, el gobernador hizo una precisión a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien en una de sus intervenciones en la línea de apoyo a la política de Calderón (que no la hace diferente de él), sostuvo que la Marina estaba en Veracruz porque la había mandado el presidente Felipe Calderón.
Al margen de que el incremento en la violencia, las pugnas entre bandas criminales y la estadística de muertos es consecuencia de la guerra emprendida por Calderón, Duarte corrigió a Josefina: «La Marina está en Veracruz porque yo la solicité», aclarando que la Presidencia de la República no tiene facultades para disuadir o disolver la policía de ningún estado. El gobernador argumentó que fue a instancias suyas y con base en un modelo operativo de seguridad por él planteado que se incorporó la Marina a realizar tareas de seguridad en Veracruz. Y no sólo eso, sino que el Gobierno del Estado eroga mensualmente 7 millones de pesos en favor de la Marina por participar en los operativos de seguridad. Es comprensible ese gasto en seguridad, que obviamente nadie debe escatimar, pero ¿acaso no tiene suficiente presupuesto la Marina? Y al Ejército ¿se le paga también, adicionalmente con fondos del Estado?
Habrá Marina para rato, pues el gobernador también dijo que pretende mantengan su participación en las tareas de seguridad durante los próximos cinco años de su gobierno. El candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, se comprometió a mantener la Marina en Veracruz hasta que sea necesario, entendiéndose que en tanto no se contara a nivel local con la fuerza policiaca propia capaz de hacer frente a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de los veracruzanos. En la víspera del día de la Marina, el gobernador promovió ante el Congreso local se colocara con letras de oro el nombre de H. Marina de México en el muro de honor del recinto legislativo y apenas hace unos días emitió un decreto por el que se declaró «Veracruzano Emérito» al Almirante secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza. Por lo que se ve, el plan del gobernador con la Marina va para largo. Y el fortalecimiento de las instituciones propias de seguridad, ¿para cuándo?
Reforma judicial estancada
No hacía falta que el consejero de la Judicatura del Estado, magistrado Raúl Pimentel, reconociera que Veracruz va rezagado en la implantación de los juicios orales, aunque la palabra más precisa es que aquí se han quedado estancados.
Cuando han transcurrido ya cuatro años de la reforma constitucional que dispuso el sistema de justicia penal acusatorio, que incluye los juicios orales, la mitad de plazo para la obligatoriedad total, sólo en tres estados –Chihuahua, Estado de México y Morelos– la han aplicado y se encuentra en operación. En su crítica a la lentitud del proceso de implantación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, agregó que en siete entidades se encuentra en operación parcial, tres en etapa de entrada en vigencia, 16 en etapa de planeación, dentro de los que está Veracruz, y tres estados aún en la etapa inicial.
En Veracruz en el pasado gobierno se reformó el Código Penal para aplicar el sistema oral a delitos menores y con carácter optativo, debido a lo cual estos juicios fueron escasos, lo que no detuvo el dispendio en la construcción y equipamiento de salas no utilizadas para esos juicios; además una reforma posterior para extender la obligatoriedad de los juicios orales fue prorrogada por el Congreso a petición del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia.
No obstante que en mayo de 2011, a iniciativa del gobernador Javier Duarte, se reformó la Constitución local para reproducir la norma constitucional federal sobre justicia penal acusatoria y oral, la implantación de la reforma otra vez fue demorada. Se estableció el inicio de vigencia de esta reforma a dos años posteriores a la publicación, es decir, hasta mayo de 2013, y la obligación al Congreso de aprobar la legislación procesal al límite previsto en la Constitución federal. Hasta 2016.
Con esa holgura de plazos no sorprende que Veracruz siga estancado en la implantación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio y oral, y que el magistrado Raúl Pimentel haya explicado que «apenas se van a instaurar los mecanismos de programación para los juicios orales» y que recibirían la visita del maestro Iker Ibarreche, especialista en juicios orales, a fin de dar inicio a este sistema acusatorio adversarial. El presidente del Tribunal, Alberto Sosa, y los demás integrantes del Consejo de la Judicatura, entre los que está el magistrado declarante Raúl Pimentel, ya han consumido un año y medio de su gestión (la mitad del periodo del presidente, y un tercio del de consejeros) con nulo avance en esta reforma judicial. Como que la reforma judicial que les interesa es la de las pensiones a magistrados y más dinero del presupuesto al Poder Judicial, que por descabellada (como la testa del Presidente del Tribunal) tampoco ha prosperado.
