Como ha venido ocurriendo sin interrupción desde 1997, de modo más acentuado a partir del 2000, como resultado de la votación plural y diferenciada en el país, el próximo gobierno de la República funcionará bajo el modelo dividido, como se llama a aquel en que el Poder Ejecutivo emana de un partido o coalición que no tiene la mayoría absoluta en el Poder Legislativo o Congreso.
De acuerdo con los cómputos de las elecciones efectuados por el IFE, el PRI y PVEM habrían ganado la Presidencia de la República, pero ni aun en coalición alcanzarían la mayoría decisoria simple, la mitad más uno, en ninguna de las dos cámaras del Congreso, no obstante que serán la primera fuerza en ambas.
Para la Cámara de Diputados, integrada por 500 miembros, incluidos las posiciones de mayoría y proyectadas las de representación proporcional, el PRI y el PVEM sumarían 240 diputados, la coalición PRD-PVEM-PT-MC 136, que sería la segunda fuerza si no se separan, el PAN la tercera con 114 y el Panal tendría 10. Aun con la adhesión del Panal, el PRI sólo llegaría a 250, necesitando todavía al menos un voto para tomar decisiones en esa cámara. El peso del PRI y su aliado el PVEM, que han gozado en estos tres años de mayoría absoluta, disminuyó de 262 a 240, 12 menos con respecto a la actual integración emanada de las elecciones de 2009.
En igual forma para el Senado, formado por 128 miembros, no hay mayoría absoluta para ninguno. El PRI y el PVEM serán la primera fuerza con 61 senadores (aumenta 20), el PAN la segunda con 38 (12 menos que los que tiene ahora, derivados de la elección de 2006), y la coalición PRD-PT-MC será tercera fuerza con 28 (5 menos), mientras el Panal tendrá 1. La primera fuerza, es decir, el PRI-PVEM, en esta otra cámara requerirá de 4 votos para tomar decisiones y de 11 en la de diputados y muchos más para la mayoría calificada, lo que evidentemente significa que el gobierno que presidirá Enrique Peña Nieto será dividido y que para realizar su proyecto necesariamente tendrá que haber negociaciones y consensos con las fuerzas de oposición en el Congreso. La tan temida y mitológica restauración del viejo régimen priista con gobierno unificado y mayorías absolutas no llegó. Tendrá Peña la oportunidad de probar en la práctica su prometida presidencia democrática, la conciliación y los acuerdos serán inevitables.
La agenda nacional
Caldeados o calderoneados y pejeados aún los ánimos en esta fase post electoral, y todavía con la sorpresa de sus nuevas posiciones, los actores políticos, los que detentarán los cargos de elección, no han precisado sus estrategias y agendas que impulsarán y no se exploran en su viabilidad de acuerdo a la correlación de fuerzas que habrá en el Congreso a partir del 1 de septiembre y en la Presidencia de la República desde el 1 de diciembre.
Las diferenciadas esferas de atribuciones entre poderes, que por mandato de ley obligan en muchos casos a la cooperación para formar decisiones, han tenido en estos 12 años de gobiernos divididos resultados no plenamente satisfactorios. Las campañas electorales permitieron el reconocimiento de los problemas nacionales y el bosquejo de proyectos de solución, en algunos puntos coincidentes y en otros discrepantes. El mandato electoral dividido en tres fuerzas debe buscar su concurrencia en un proyecto nacional común y evitar caer en la parálisis y el bloqueo.
Se deberá definir el papel del Congreso sin hacer de la función de contrapeso del Ejecutivo, necesaria y conveniente para evitar excesos, la misión única de la oposición legislativa. Habrá que exigir que prevalezca el interés colectivo por encima de las facciones, privilegiar el diálogo, el debate racional en la política de estado. ¿Se pondrán de acuerdo en las reformas estructurales?, ¿serán las mismas que no han pasado o habrá innovaciones en materia de energía, entre ellas, Pemex, hacendaria, laboral, política-electoral y federalismo, entre otras?
Hay que dejar atrás las elecciones y ver hacia la construcción de los acuerdos que atiendan los problemas del país e impulsen las políticas que se necesitan para recuperar el crecimiento, mejorar el empleo y los ingresos, bajar la violencia y la inseguridad, combatir la corrupción, disminuir los graves niveles de pobreza e impulsar los servicios de educación y salud; en general, promover el desarrollo nacional.
Causa legal perdida
Que siempre no; los del PAN no impugnarán la validez de la elección presidencial. El ruido que armaron (incluido el demócrata Calderón, el de la inaceptable compra de votos), en el que parecían sumarse a la demanda de anulación de López Obrador, se ha quedado al nivel de las quejas y lamentos. Ayer aclararon su postura los dirigentes del PAN y sólo le darán continuidad a las quejas ya presentadas ante el IFE para las que piden se apliquen sanciones, incluso reconocieron que no hay elementos para anular la elección y que el viaje de López Obrador es una causa perdida. Su endurecimiento con Peña lleva otras motivaciones, entre ellas, revaluarse como partido en debacle y venderse más caros en el Congreso.
El no me ayudes compadre para López Obrador se lo dio ayer uno de sus asesores estrellas en materia electoral, el ex priista Arturo Núñez, senador con licencia y gobernador electo de Tabasco por el PRD. Núñez, quien fue subsecretario de Gobernación y presidió el IFE cuando aún dependía del Ejecutivo federal, declaró que es imposible probar la compra de votos y por consiguiente anular la elección por esa causa, como lo ha planteado Andrés Manuel. «Al amparo del voto secreto, demostrar que el voto es comprado es imposible», sostuvo Núñez, «los votos que están en las urnas, ahí están, si fue voto comprado o libre, eso usted no lo puede decidir en la urna. La probanza está fuera de la casilla», y ejemplificó, «donde le quitan la credencial, se la condicionan, si retrataron la boleta o si la tuvieron que entregar en la operación carrusel. Dentro de la urna usted no puede decir, ‹este voto es comprado y este voto es libre›». Sin embargo, AMLO insiste en que se compraron cinco millones de votos y además se rellenaron urnas, lo que sin embargo no se acreditó después de abrirse más de la mitad de las casillas instaladas.
El otro asesor jurídico electoral de AMLO, Jaime Cárdenas, es más optimista, apuesta a la saturación de argumentos, y por ello ya se prepara hasta para incluir la declaración del presidente Calderón de que es inaceptable la compra de votos. Lástima que ya no haya causal abstracta de nulidad de elecciones ¡que si no!, rebasaba el Peje. Ahora para dentro de seis años, si Marcelo Ebrard se lo permite.
