En medio de estridencias, frustraciones y rechazo a los resultados por parte de los perdedores, hemos entrado a la fase judicial del proceso en el que con la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación se deberán resolver en definitiva las impugnaciones y declararse la validez o no de las elecciones celebradas el pasado 1 de julio para renovar la Presidencia de la República, el Senado y los diputados al Congreso de la Unión.
No sorprende la recurrencia de los partidos y candidatos que quedaron abajo en los cómputos –la judicialización de las elecciones ha sido el destino de la mayoría de las competencias– y no sólo por la participación de nueva cuenta en esta elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el candidato postulado por el PRD, PT y MC, y su proverbial actitud de no admitir su derrota y combinar una estrategia de protesta mediática y callejera con la interposición de recursos jurídicos para buscar anular la elección cuando no le han favorecido los resultados. En realidad, el sistema electoral mexicano prevé un sistema de medios de impugnación de nivel constitucional, que tutela los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votado, la efectividad y libertad del sufragio así como que la función estatal de organización de las elecciones se rija por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Y si bien es cierto que el proceso electoral aún no ha terminado y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está recibiendo las impugnaciones que abrirán numerosos juicios de inconformidad, por lo que se ha visto, luego de la apertura y nuevos cómputos que hizo el IFE, de más de la mitad de las casillas instaladas, donde no variaron los resultados iniciales, no se esperan modificaciones significativas a lo que ya conocemos. Cuando mucho habrá ajustes de votación en algunas elecciones aisladas, que podrían incluso revertir triunfos hasta ahora concedidos para diputados o al Senado, pero se ve sumamente improbable, por no decir imposible, la procedencia de la nulidad de la elección a la Presidencia de la República que concedió la ventaja a Enrique Peña Nieto del PRI-PVEM sobre López Obrador por más de 3 millones de votos.
La preparación mediática de la impugnación de Andrés Manuel López Obrador exhibiendo un cúmulo de pruebas retóricas –las famosas tarjetas de Soriana, o las tarjetas de Monex–, con sus acusaciones de compra de votos y rebase de gastos de campaña de su rival Peña Nieto, a la que cada día agrega nuevas «evidencias», ahora el uso de las encuestas como propaganda y supuesta contratación indebida de tiempos de publicidad en radio y TV, acaso hayan impresionado y convencido a sus simpatizantes y seguidores, pero se duda en que tengan eficacia probatoria en una instancia jurídica, tal y como lo han sostenido numerosos especialistas en derecho electoral, incluyendo a uno de sus principales asesores, Arturo Núñez, quien admitió imposible de probar la compra de votos.
Tales irregularidades que alega AMLO en su elección no las proyecta obviamente a las victorias que tuvieron los candidatos de su coalición en el Distrito Federal ni en crecimiento de posiciones de diputados y al Senado.
Tampoco el PAN (y el presidente Calderón), que recientemente dio el bandazo de la legitimación de los resultados en favor de Peña Nieto al cuestionamiento de la compra de votos, cree viable la anulación y se han conformado en la exigencia de sanciones en la vía de queja ante el IFE y denuncia penal en la Fepade.
Añoranza del pasado
Hoy, día límite para que López Obrador presente la demanda de juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral, ya se sabe que la pretensión de nulidad la basarán en violaciones a principios constitucionales, la falta de equidad y a la libertad de sufragio, no en casillas concretas sino en la totalidad de la elección, invocando una causal derogada, que era conocida como causal abstracta de nulidad, aplicada en el pasado por el Trife, pero que fue prohibida en la Constitución y suprimida en el Código Electoral y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las normas vigentes, producto de la reforma electoral de 2007, prevén en la Constitución en su artículo 99, relativo a la integración y competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que la Sala Superior y regionales del tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Por su parte, la ley federal del sistema de medios de impugnación prevé los supuestos para la nulidad de la votación recibida en las casillas y para la nulidad de la elección de Presidente. Para anular esta última deben demostrar irregularidades graves en por lo menos el 25% de las casillas, más de 30 mil, y que no hubieran sido reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado. Nada fácil.
AMLO y los suyos están tan bravos que hasta pedirán la recusación del presidente del Tribunal Electoral, magistrado Alejandro Luna Ramos, porque dijo que velará por el respeto al sufragio y que no ganarán en la mesa lo que no ganaron en las urnas, y de la magistrada María del Carmen Alanís, porque es «priista». Esperemos la sentencia del Tribunal, que será a más tardar el 31 de agosto (de los demás juicios de inconformidad de las elecciones de senadores y diputados, el 3 de agosto).
El 6 de septiembre habrá presidente electo. Después de este ramalazo anunciado, a ver con qué sale López Obrador, ¿su reelección, por otros seis años, como presidente «legítimo»?
EN VERACRUZ
En la misma línea que su mesías, la coalición PRD, PT y MC impugnarán la elección presidencial en todo el estado, pero se abstendrán en la de senadores, donde quedaron muy lejos, y se concentrarán en pelear 4 diputaciones: Xalapa Rural, Papantla, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, todas ganadas por los candidatos del PRI.
El PAN no impugnará la elección presidencial, la que ganó aquí Josefina Vázquez Mota por 1,518 votos sobre el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. En cambio, la dirigencia estatal contra el idilio de los tres Yunes disputará en el Tribunal el primer lugar al Senado, para ver si puede revertir en favor de Julen Rementería, el segundo de la fórmula, los 55 mil votos que el PRI sacó de ventaja sobre el PAN. Además, impugnarán en dos distritos los resultados para diputados federales, en Martínez de la Torre, y Xalapa Rural, ambos ganados por el PRI.
El pri de Veracruz se conformó con los resultados y no impugnara ninguna elección.
