En la historia política reciente, por segunda ocasión consecutiva, la elección de Presidente de la República en México ha sido puesta en duda en su totalidad, y no casualmente por el mismo candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador, de la coalición PRD-PT-MC, aunque con diferentes argumentos y pretensiones; primero en 2006, cuando fue derrotado por el actual presidente Felipe Calderón, del PAN, y ahora que fue superado por el candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.
Entonces como hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial, tendrá bajo su responsabilidad resolver en definitiva en su Sala Superior las impugnaciones presentadas por López Obrador, además de realizar el cómputo final de la elección, declarar su validez, y en su caso, de presidente electo en favor del candidato que hubiera obtenido el mayor número de votos.
El precedente de hace seis años, en el que no valieron las marchas y plantones ni las toneladas de presuntas pruebas presentadas por el entonces candidato de la Coalición por el Bien de Todos, muy mediáticas pero de ineficacia jurídica probatoria, al igual que ahora, perfila un fallo confirmatorio del Tribunal Electoral de los resultados ya conocidos.
Las dos estrategias de impugnación de AMLO, la de 2006 y la actual, coincidentes en el fondo, revertir los resultados no favorables, tienen sin embargo diferencias importantes, pero la de hoy, como la anterior, se ven insuficientes y no fundadas para conseguir su objetivo. En las variaciones de estrategia se resaltan dos nuevas situaciones, la menor competitividad electoral de López Obrador y el nuevo marco jurídico que rigió la reciente elección.
La película de hace seis años
La elección presidencial de 2006 es la más cerrada que se ha tenido, la diferencia de votos entre el candidato del PAN y López Obrador fue menor a un 1 por ciento de la votación, y por ello, la parte medular de su impugnación fue, como se recuerda, la exigencia de la apertura de las casillas y el recuento voto por voto en la totalidad de ellas. Para AMLO, el fraude estaba en las casillas, bajo el supuesto de que su contenido de boletas electorales no se correspondía con las actas de cómputo, apoyado en la tesis de que el IFE había introducido un algoritmo al sistema de resultados para descontar los votos a su favor.
Además de esta demanda, acusó al entonces presidente Vicente Fox de injerencia indebida en el proceso, una campaña de financiamiento paralelo, desvío de recursos públicos a la campaña de Felipe Calderón, inequidad en los medios electrónicos (entonces partidos y candidatos podrían comprar propaganda), y participación ilegal de la clase empresarial en aquella campaña que lo estigmatizaba como «un peligro para México» (igualmente se ha prohibido que particulares adquieran propaganda electoral y que se denigre en cualquier forma a los candidatos o partidos).
No obstante las presiones políticas y las posturas incendiarias de López Obrador, el Tribunal Electoral sólo autorizó la apertura y recuento de casi 12 mil casillas, el 9% del total. El Tribunal, aunque consideró que sí hubo intromisión del presidente Fox y que igualmente era indebida la campaña negativa de los empresarios, no eran suficientemente graves y determinantes para anular la elección y eso que estaba vigente la causal abstracta que le habría facultado a hacerlo. Al cómputo final no hubo variaciones significativas en la votación y AMLO quedó bajo de Calderón por 233 mil 831 votos, el 0.56% del total, por lo que el Tribunal avaló el triunfo del panista, hoy Presidente de la República.
EL remake
Nada se quejó en 2006 de las dádivas en dinero o en especie ofrecidas por sus rivales para ganar votos y que es sabido practican todas las fuerzas electorales, al contrario, acuñó su frase de que recibe lo que te den pero vota por mí. Su imagen de fraude estaba fundamentalmente al interior de las urnas.
La protesta postelectoral en 2006 de AMLO dio lugar a una reforma a las reglas electorales de 2007-2008, que son las vigentes y que en lo más significativo, buscando corregir los vicios de aquella, centralizaron en el IFE la administración de la propaganda en radio y TV, prohibieron la compra de publicidad en dichos medios, la difusión de programas gubernamentales durante las campañas, el uso de los mismos en la inducción de votos, suprimieron la causal abstracta de nulidad, remitiéndola a una casuística, y se autorizó una mayor amplitud para la apertura de los paquetes electorales y el recuento voto por voto, especialmente cuando la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea menor a 1 por ciento.
Esta vez, en que debido a la nueva legislación electoral se abrieron y recontaron voto por voto en 78 mil 12 casillas, más de la mitad instaladas, más del 40% que en 2006, con una diferencia de votos de 3 millones 329 mil 785 votos, el 6.62% en contra de López Obrador, obviamente no cabe acusar el fraude en las urnas, sino fuera de ellas, pero sin centrar una causal específica como ahora lo exige la legislación. Con menos elementos jurídicos de nulidad, la estrategia de AMLO está apostando a la violación de principios constitucionales con situaciones no directas de la casilla y sumamente difíciles de probar como causa determinante de vulneración de la libertad de sufragio y la equidad de la competencia. La coacción y compra de votos (como el lavado de dinero) es materia penal, que además apenas está en fase de integración de la denuncia y si la misma Fepade sostiene no tiene ninguna comprobación, menos lo valorará de acuerdo a sus pretensiones el Tribunal Electoral. Igualmente, la denuncia de exceso de gastos de campaña, o el uso de las tarjetas de supermercado, una infracción administrativa, no causa de nulidad, que está en curso y no tendrá resultados antes del fallo del Tribunal Electoral. Aparte de eso está la autonomía del Tribunal Electoral, cuyos siete magistrados fueron electos por el Senado, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, es decir, sin mediación del Presidente de la República, por lo que algunos se confundieron por las declaraciones recientes de Calderón en la que parecía querer dar línea al Tribunal, con eso de que era inaceptable la compra de votos y que el tribunal debía corregirlo y sancionarlo. Si este Tribunal avaló una elección más cuestionada y por menor diferencia de votos, la actual, desarrollada en un marco jurídico más rígido para la anulación, deben probarse irregularidades graves en el 25% de las casillas, y cuando ya se recontó más de la mitad de la elección, nadie cree (más que AMLO y los suyos) en un fallo distinto a la confirmación de validez de la elección presidencial.
La renuncia de Tomás Carrillo
La sorpresiva renuncia del subsecretario de Gobierno, Tomás Carrillo Sánchez, no tiene aún una clara explicación, lo que ha dado lugar a un sin fin de especulaciones. Ya se sabía que el gobernador haría cambios en el gabinete, pero no que Carrillo fuera a encabezar la lista de los ajustados. Algunos buscan la causa en la derrota del PRI en Cosamaloapan, pero de ser así, hay otros operadores que también fallaron y aún permanecen. Si fuera la ineficacia o falta de resultados en su encargo, otros muchos podrían haberle antecedido. Las ligas con el ex gobernador igualmente alcanzan a más.
Otra versión ubica el tema en una falla reciente del área a su cargo, donde pese a que no los había nombrado Carrillo, todos fueron removidos.
Lo cierto es que se quebró la confianza con el gobernador Javier Duarte y éste tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Por ahora sólo ellos dos saben qué hubo en el fondo de la olla. Cunde el pánico en Palacio y hay muchas barbas remojándose, mientras los que quieren trepar se relamen los bigotes. Nada más que regrese el jefe y verán.
