Confuso, decreto de desincorporaicón de ingenios: Bueno Torio

La Secretaría de Agricultura (Sagarpa) deberá precisar si existe un acuerdo extrajudicial con Enrique Molina para que éste sea el beneficiario final de la venta de los ingenios expropiados, pues no se entiende si el Gobierno federal es dueño o sólo intermediario.

“El decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que todo interesado deberá resolver la venta con el anterior propietario, lo cual es “absurdo”, salvo que el Gobierno federal esté reconociendo que deberá compensarse a Enrique Molina por la expropiación del 2001”, expresó Juan Bueno Torio, senador integrante de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera.

Indicó que el acuerdo de la Sagarpa tampoco precisa si la desincorporación se dará en la totalidad de los nueve ingenios, si se ofertarán en bloque o la venta será individual, “hay muchos vacíos que deberán resolverse pronto”.

Se pronunció porque la venta de los nueve ingenios del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), se vigile de tal forma que se evite crear monopolios azucareros.

“Se debe evitar que un grupo controle la producción azucarera nacional y con ello, tenga injerencia en la fijación de precios en el mercado doméstico, pues ello iría en contra del interés del consumidor final”, expuso.

El legislador cordobés apuntó que casi cuatro meses de concluir la administración federal, este decreto es sorpresivo por la forma en que se publicó, pues se espera que el Gobierno federal venciera a grupo CAZE en los tribunales.

“Da la impresión de que los fallos en los Tribunales obligarán al Gobierno federal a indemnizar con cierta cantidad a Molina Sobrino, por lo que en esta recta final del sexenio, está proponiendo que los grupos interesados en las factorías lleguen a acuerdos directos con CAZE para el pago de las diferencias”, puntualizó.

Recordó que a Enrique Molina se le expropiaron los ingenios al caer en una serie de incumplimiento de pagos con cañeros, obreros y proveedores, así como en lo referente a los impuestos federales, por lo que el balance con los activos de las factorías expropiadas debe ser resuelto por un juez.