Les agarraron las apuraciones con el nuevo Código Electoral, el que regirá las elecciones para ayuntamientos y Congreso el próximo año, derivado de la reciente modificación a la Constitución Política del Estado, aprobada en segunda vuelta a mediados de mes y todavía pendiente de ratificación en la mayoría de ayuntamientos.
Aunque ayer el gobernador se reunió con los dirigentes de los partidos políticos y éstos manifestaron en lo general su conformidad de someter a discusión y aprobación, para la sesión de hoy en el Congreso local, la iniciativa de nuevo Código enviado por el Ejecutivo el pasado 20 de julio, al que se incorporaron algunas de las observaciones de los partidos, no deja de quedar la impresión de que se ha tratado de una reforma electoral apresurada.
Con todo y que el gobernador Javier Duarte de Ochoa, principal promotor de esta reforma electoral, abrió algunos lineamientos de nuevas reglas en sucesivas iniciativas de reformas en esta materia, se dejaron pasar las oportunidades para efectuar una revisión conjunta y a fondo de la legislación secundaria que ahora ha sido abordada contra reloj.
La primera intervención del gobernador se ocupó únicamente del periodo de mandato de los ayuntamientos, para aumentarlo de tres a cuatro años, una reforma a la Constitución que entró en vigor en enero de este año; pero en ese mismo mes se envió otra iniciativa igualmente de nivel constitucional que abarcó otros aspectos –entre ellos la integración del Congreso, en 30 diputados de mayoría y 20 de representación proporcional, el candado de sobre representación a un máximo de 16%, cambios en el Instituto Electoral sobre duración de consejeros, su procedimiento de elección, incluido el novedoso método alternativo y preferencial, y el otorgamiento de la facultad de realizar el cómputo y entregar la constancia de mayoría en la elección de gobernador, atribuciones que tiene aún el Tribunal Electoral.
Si bien estas modificaciones obligan a una reglamentación en la ley secundaria, en vez de una reforma al código vigente, se optó por proponer un nuevo Código Electoral, que aunque retomó gran parte del actual código, desarrolló otros puntos que tomaron por sorpresa a los partidos, como la regulación del acceso a los medios de comunicación que plantearon supuestos interpretados como restrictivos a la libertad de expresión y que ante las protestas habrán de ser retirados de la iniciativa que será dictaminada y discutida hoy en el Congreso.
En realidad se observan apretados los tiempos de discusión de un nuevo Código Electoral.
Como se sabe, la iniciativa ingresó en la sesión del pasado 20 de julio, apenas unos días después de haberse aprobado en segunda vuelta la reforma constitucional. La semana pasada que se conoció su contenido hubo reacciones encontradas y no obstante la apertura del Gobierno del Estado y de la mayoritaria bancada legislativa del PRI en el Congreso, los consensos ayer manifestados sugieren más la concertación de acuerdos políticos que la convicción de que se ha logrado el mejor diseño institucional para este momento.
El problema es que no hay más tiempo. La Constitución de la República limita los plazos para que se realicen las reformas electorales y hay disposición expresa de que éstas deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. El proceso electoral del estado para renovar ayuntamientos y Congreso local en 2013 inicia en el próximo mes de noviembre, así que ya estamos en el límite. Hoy veremos qué es lo que finalmente se aprueba. Las mesas de diálogo y participación, para la otra. Lo bueno es que ya están planchados los partidos políticos.
Reelección comprada
También se le acaba el tiempo a la Comisión de Vigilancia del Congreso para revelar cuál es la línea que obedecerá sobre el nuevo periodo del Auditor General del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis).
Las penosas declaraciones de malabarismo cínico de sus integrantes, tanto del PRI como del PAN, como la campaña de planas pagadas por el actual titular, Mauricio Audi-rata, son signos claros de que pretenden imponer una reelección por siete años más de quien ha hecho de la fiscalización de recursos públicos un súper negocio personal de encubrimiento, extorsión y tráfico de contratos, compartido con sus apoyos. Visto el rechazo que ha generado en varios sectores de empresarios, profesionales e incluso en el mismo Congreso del Estado, esa antidemocrática y corrupta pretensión, la complicidad no les saldrá barata.
Ese show lo tienen programado para este martes. Sorpresa sería que abrieran la convocatoria a otros aspirantes. Es secreto a voces que Audi-rata ya compró la reelección.
