Como a los priistas se les dificulta esconder la línea y la cargada, la abyecta disciplina, cuando son mayoría, estaba más que cantado que la Comisión de Vigilancia del Congreso local se pronunciaría por la reelección del Mauricio Audirac, cuestionado Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, por siete años más.
Para nadie es un secreto el descrédito del enriquecido Auditor General Mauricio Audirac, señalado de múltiples corruptelas al amparo de la función de fiscalización de cuentas públicas; dejó pasar a los peces gordos de la administración estatal, los poderes y organismos, y apenas atrapó a alguna morralla municipal, caída en desgracia o que no se pusieron a mano. Hasta ocioso resulta enumerar sus cartas credenciales, maquillista de cuentas públicas, negociante de contratos de despachos de auditores, extorsionador de alcaldes y traficante de contratos, de obras y servicios en las entidades, cuya gestión financiera debe revisar para comprobar el uso legal y eficaz de los recursos públicos.
Con todo, la Comisión de Vigilancia del Congreso fue fraguando su reelección. Primero, sin hacer olas, dejaron correr el tiempo sin publicar la convocatoria para aspirantes al cargo. Aprovecharon incluso la ignorancia de los mismos diputados que equivocadamente creían que la renovación del nombramiento se haría hasta el año próximo, cuando era claro que el periodo de Audirac, designado para seis años, tiene vencimiento el próximo 18 de agosto. Luego, intentaron justificar que podrían prorrogar su nombramiento por un año más para acoplarlo a la reforma a la Constitución federal que dispuso que los titulares de los órganos de fiscalización en los estados debían ser nombrados por un periodo no menor a siete años. Finalmente, con el tiempo encima, desestimaron la mala fama y los pobres resultados de Audirac, a ojos cerrados, dicen no tener denuncias, sino sólo «versiones o rumores de corrupción» (temerario sería para los entes vulnerables a la revisión denunciar a la mafia), y comenzaron a declarar vaguedades en pro de la reelección, como procurar la profesionalización requerida del órgano y su autonomía.
Carta fiel marcada
Acabaron sacando la carta fiel marcada: el artículo 67 inciso 2 que les dejaron en la nueva Ley de Fiscalización, que aprobó en julio de 2008 la anterior legislatura, aún bajo el gobierno de Fidel Herrera, una clara dedicatoria de fidelidad para Audirac. Por los favores intercambiados, no hace falta dar las gracias.
No se recuerda observación alguna de la oposición de entonces, el caso es que los legisladores permitieron se incluyera en la ley un procedimiento ventajoso y de excepción para el auditor general en funciones. Dicho artículo confirió facultades discrecionales a la Comisión de Vigilancia del Congreso para optar libremente por un procedimiento abierto de convocatoria pública a aspirantes al cargo de auditor general, o bien, poder «dictaminar que el auditor general en funciones sea considerado para el nuevo nombramiento», en cuyo caso «no será necesario surtir el procedimiento» de convocatoria pública.
Así quedó en manos de los 11 integrantes de la Comisión de Vigilancia –ampliamente dominada por el PRI, tiene 6 diputados, incluida la Presidencia, y varios más «libres» o de otros partidos, pero de votación «adherente» con el PRI, decidir o no la reelección de Audirac. Aunque el mayoriteo de la Comisión de Vigilancia no es suficiente para la reelección, pues su dictamen de reelección debe ser aprobado en el pleno por mayoría calificada, es decir, 34 votos de 50, esta fase es decisiva, pues de entrada, excluye a otros prospectos de la competencia, sólo propone a uno, en su menú sólo hay sopa o tamal de Audi-rata, Además de que no es difícil para el PRI conseguir ese número de votos en las condiciones actuales de la legislatura, donde tiene 30 diputados y varios satélites de otros partidos o «independientes».
Por otro lado, se advierte la complicidad del PAN en la decisión, no obstante que hace unos meses varios de sus diputados también criticaban la actuación de Audi-rat y le recriminaban que había sido designado hace seis años con el apoyo de su partido, pero que se había fidelizado. El viraje de ahora llega al absurdo de declarar a favor de la reelección de Audirac, porque aunque ha sido sólo «regular», si no hay una propuesta mejor, prefieren que este se reelija. ¿Cómo van a conocer los perfiles profesionales de otros aspirantes, si no van a convocar a nadie más?
La cocina de Américo
El chef de la sopa de Audi-rata es el diputado del PRI, Américo Zúñiga Martínez, quien preside la Comisión de Vigilancia, comisión que de vigilancia sólo tiene el nombre, pues no vigilan ni la entrada del Congreso. El sub chef es el panista Danilo Alvízar, quien últimamente se ha visto muy rojo y no precisamente de coraje, sino por la causa del PRIAN. Y hay nueve diputados más que son vocales pinches, pinches diputados: los priistas Ricardo Calleja y Arroyo, Anabel Ponce Calderón, Karime Aguilera Guzmán, Tomas Montoya y Lilia Zepahua García. El independiente (del PAN, pero sumado al PRI), Ricardo García Escalante, la perredista que siempre vota con el PRI, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Isaac Gonzales, del Panal, y Germán Yescas, del PAN.
Exigencia de justificar el dictamen
Confirmado ayer lo que todo mundo daba por hecho, ante el burdo caldo gordo reeleccionista, el diputado Américo Zúñiga refirió que la Comisión Permanente deberá citar, antes del 18 del mes en curso a sesión extraordinaria del Congreso para votar el dictamen del nuevo periodo del auditor del Orfis.
Lo menos que debe exigirse es que funden y motiven la causa de la reelección de Audirac, y que muestren a la opinión pública la evaluación mínima con indicadores de desempeño de la actuación de Audirac durante los seis años que ha ocupado el cargo.
se esperaría, por decoro legislativo (si es que alguno pueden tener), expusieran un análisis de los informes de resultados del Orfis efectuados en ese periodo, los montos de recursos revisados en todos los entes fiscalizados, las observaciones encontradas y su seguimiento, a cuánto asciende, con evidencias, las cantidades recuperadas o resarcidas al erario público, a cuantos servidores públicos se le fincaron responsabilidades administrativas y penales y cuál es el estado de dichos procedimientos.
La discrecionalidad de la Comisión de Vigilancia para optar por la reelección del auditor general no la exime de justificar públicamente los datos objetivos en que debió basar su decisión. Estaremos esperando esa información.
