ASUNTOS PÚBLICOS: Mini recuento, no cambiará la tendencia

Pese a todo el alboroto callejero y mediático de los inconformes con las elecciones del pasado 1 de julio, sobre todo de la coalición que postuló a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, quienes acusan un sin fin de irregularidades en el proceso, desde rebase de gastos de campaña y lavado de dinero hasta compra y coacción de votos, no han conseguido variar los resultados de la votación en las instancias legales. No pudieron en el Instituto Federal Electoral (IFE), que revisó o recontó la votación de más de 14 mil casillas, primeramente efectuada por ciudadanos habilitados como funcionarios de casilla, y tampoco han avanzado en las impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia definitiva del proceso electoral. Y por lo que se ve, cada vez es más difícil que puedan revertirlos o anularlos.

El pasado viernes, las cinco salas regionales del TEPJF resolvieron las impugnaciones legales presentadas sobre las elecciones de senadores y diputados, un total de 140 juicios de inconformidad de los que sólo uno de ellos procedió. Y no en favor de la coalición de López Obrador, sino de la coalición Compromiso con México. Aquí la Sala Regional con sede en Toluca invalidó la votación de 13 casillas de la elección de diputado en un distrito, concediendo el triunfo al candidato del PRI-PVEM. En Veracruz, la Sala Regional de Xalapa, como se difundió, dejó los resultados igual. Aunque hay todavía un recurso final, que de presentarse deberá resolverse a mediados de este mes, se puede ya observar una tendencia en los fallos del Tribunal Electoral, no influenciado por movimientos de presión.

La revisión de la elección presidencial a cargo de la Sala Superior del Tribunal se encuentra en fase de resolución preliminar y en ésta tampoco se ve que haya alguna intimidación de las escandalosas protestas de AMLO y sus simpatizantes. Los magistrados todavía no han entrado al fondo de la cuestión central planteada por la coalición de AMLO, la nulidad de la elección o su validez, opuesta por el candidato con mayoría de votos, pero en el avance en los incidentes dejan en claro que se apegarán estrictamente a derecho. De entrada, desligaron la pretensión de AMLO de que el Tribunal obligara al IFE a adelantar fechas de sus informes de fiscalización sobre las denuncias de los monederos de Monex y las tarjetas de Soriana, la «acción de excitativa de justicia», como le llamaron, y resolvieron que tal actividad era de plena competencia del IFE y por tanto no podían suplantarlo, así que se deberá esperar a que ese órgano electoral administrativo concluya dicha investigación, sin que pueda incidir en la calificación de la elección para Presidente de la República.

El más reciente acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral para limpiar la elección, el nuevo escrutinio y cómputo de 1,109 casillas, no es un buen augurio para la coalición inconforme. Es propiamente un mini recuento, que no se cree vaya a modificar significativamente los resultados. En los 300 distritos electorales del IFE en la semana que siguió a las elecciones, aplicando la nueva legislación electoral, se abrieron y recontaron voto por voto 78 mil 12 casillas, más de la mitad de las que se instalaron, y no hubo variaciones importantes sobre las cifras consignadas en las originales actas de cómputo. Al contrario, Enrique Peña Nieto obtuvo una ventaja ligeramente mayor sobre AMLO, quedando, después de este recuento, con 3 millones 329 mil 785 votos de diferencia, equivalente al 6.62%. Con ese precedente de recuento, mucho más amplio del que ahora realizará a partir del miércoles, el Tribunal Electoral, de los que sala de Veracruz recontará casillas de 8 distritos, se anticipa un resultado confirmatorio de la tendencia marcada en previas instancias. Los recuentos no han encontrado al gato encerrado. Ni lo encontrarán. Anular la elección requeriría invalidar el 25% de las casillas, y ya se ve que el Tribunal Electoral no va por ahí. Y es que las toneladas de pruebas que dicen tener y haber aportado los AMLOS no son pruebas de valor jurídico, sino de artificio mediático. El fin esta cerca. El Tribunal Electoral tiene hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones de la elección de Presidente de la República, lo que se prevé hará antes, y como límite para calificar su validez y emitir la declaratoria presidente electo el 6 de septiembre.
Ciudad Judicial de Veracruz

finalmente, con un retraso sin explicación de nueve meses y un pago mayor al contratado, hoy entrará en funcionamiento el nuevo edificio para juzgados del fuero común en el Puerto de Veracruz, según presumió el pasado viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández.

Aunque no se puede negar la necesidad que había de realizar esas instalaciones para proporcionar espacios dignos de impartición de justicia en el Puerto, tampoco pueden pasarse por alto, sin rendición de cuentas, no sólo los detalles del retraso en la ejecución, que habrían ameritado sanciones a la empresa contratada, sino las razones para pagar más del precio convenido.

El contrato de obra de la llamada Ciudad Judicial de Veracruz, en un inmueble donado por el ayuntamiento porteño, la adjudicó la anterior judicatura, la que presidió Reynaldo Madruga y compartían José Luis Ocampo y Gladys Pérez Maldonado en un proceso amañado, de historia peculiar. Primero convocaron a una licitación pública nacional a la que acudieron 7 empresas y a todas las batearon, declararon desierta la licitación y luego, un mes más tarde, sólo invitaron a nuevo concurso a tres, una de las cuales, «Ingeniería Eléctrica y Proyectos de Veracruz», representada por Arturo Martínez Pendas, resultó la ganadora con un precio de 112 millones de pesos, inferior sólo en 3 y 6 millones de pesos a las otras dos, éstas desechadas por rebasar el presupuesto base.

Las obras debieron entregarse en noviembre del año pasado y no había porque pagar de más. El magistrado Sosa declaró que se habían invertido en la construcción 115 millones de pesos, es decir, casi 3 millones de pesos más de lo contratado originalmente. Se podría decir que 3 millones no es mucho dinero, aunque da para un reparto en corto entre los interesados en el asunto, además del perdón de las sanciones por incumplimiento. Pero en principio, no había por qué pagar esa suma del presupuesto del Poder Judicial. Ahí hasta el más calvo y con tres pelos se hace trenza y transa.