ASUNTOS PÚBLICOS: Nueva reforma política y actual coyuntura

Después de casi tres años que duró el proceso de iniciativa y negociación, así como su fase legislativa para reformar la Constitución de la República en materia política, ayer quedó concluido con la promulgación del decreto y la publicación de las reformas que pudieron ser alcanzadas por las fuerzas políticas.

Como es sabido, el proceso significó un avance en varios aspectos, tales como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, la iniciativa preferente del Presidente de la República, y se dejaron fuera la reelección legislativa y de alcaldes. Aunque varias de estas reformas, para ser aplicables, tendrán todavía que ser detalladas por la legislación secundaria, cobran importancia en la actual coyuntura de conflicto postelectoral al menos dos de ellas.

La menos probable por el curso perfilado por el Tribunal Electoral hacia una confirmación de la validez de las elecciones de Presidente de la República, pero alentada por la demanda del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, es la del interinato en la presidencia. No obstante que ya había un mecanismo constitucional para una hipótesis de falta absoluta de presidente de la República, la reforma dispone precisiones al respecto. El nuevo artículo 85 establece que si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso, en términos del artículo 84, el cual indica que éste será nombrado por el Congreso constituido en colegio electoral en escrutinio secreto y por mayoría absoluta –lo que concede la mano al partido mayoritario–, en cuyo caso, el mismo Congreso expedirá convocatoria para elección de Presidente, la que se realizará en un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. Asimismo el nuevo artículo 85 prevé que asuma provisionalmente el cargo el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino y obviamente convoca a nuevas elecciones.

Más probable que la anterior es la puerta de emergencia para la toma de posesión del próximo Presidente de la República. Hay ya nuevas reglas para resolver los problemas de la forma constitucional creados por la polarización del conflicto político entre el Presidente de la República y las fuerzas de oposición en el Congreso. Dados los antecedentes que pusieron en aprietos en el Congreso de la Unión a Vicente Fox en la entrega del último informe de gobierno y sobre todo la perturbación y bloqueo en la toma de posesión de Felipe Calderón hace seis años, éste un escenario muy similar al de ahora –tiene, como se sabe, el mismo protagonista, AMLO, que no acepta la derrota–, la nueva redacción del artículo 87 constitucional contiene salidas alternas. El 1 de diciembre el Presidente deberá rendir protesta ante el Congreso, pero si por cualquier circunstancia no pudiere hacerlo, la previsible toma de la tribuna parlamentaria podrá rendirla ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión. Y si de plano AMLO y sus huestes se apoderan de San Lázaro, que tampoco se descarta, hay otro recurso, podrá hacerlo ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos donde rinde protesta ese día Enrique Peña Nieto.

No se hagan bolas

Enredados por la forzada apertura de la convocatoria para elegir Auditor General del Orfis, cuando todo estaba dispuesto para la reelección directa en fast track al actual Mauricio Audirac, la Comisión de Vigilancia, que preside el diputado Américo Zúñiga, anda dando tumbos con evidentes aberraciones jurídicas. Lo menos que se podría pedir a un legislador es que conociera la ley que va a aplicar y, por supuesto, los fundamentos y alcances de sus facultades, y no expusiera públicamente sus graves errores de comprensión legal mínima.

En su declaración de ayer, el diputado Zúñiga sostiene que «es posible que se amplíe el plazo del actual auditor Mauricio Audirac en el cargo posterior al 18 de agosto, que es cuando vence su plazo, o se podría nombrar a un interino en caso de que la legislatura no haya aprobado para entonces un dictamen».

Si bien es cierto que al abrirse la convocatoria Audirac no está impedido de participar, está prevista la posibilidad de su reelección, en ninguna parte de la Constitución del Estado o de la Ley de fiscalización se otorgan facultades al Congreso (o a la Comisión de Vigilancia) para ampliar discrecionalmente el periodo de aquel, que vence el 18 de agosto, y extenderlo hasta que se hubiera hecho el nombramiento definitivo. Tampoco tienen facultades para «nombrar un interino», pues la propia Ley de Fiscalización (art. 72) establece que «En tanto el Congreso designa Auditor General, fungirá en calidad de encargado el auditor especial que señale el reglamento interior» (del Orfis). Un error menos grave es que diga que la Comisión de Vigilancia requiere que el pleno del Congreso le apruebe la convocatoria, cuando es claro que no lo necesita, según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización.

La interpretación jurídica correcta, la que se deduce lógicamente del marco legal aplicable, es que al vencerse el periodo de seis años para el que fue nombrado Mauricio Audirac, si no hubiera recibido un nuevo nombramiento conforme a la ley, deberá entregar el cargo, so pena –tanto del Congreso si hiciera una «prorroga» y de él si permaneciera– de incurrir en actos ilegales, sujetos a responsabilidad.

No hay duda en que el proceso abierto de selección del auditor general, con los plazos de ley previstos, se alargará más allá del vencimiento del periodo del actual y, por lo tanto, si Audirac compite tendrá que hacerlo desde afuera.

Peña con gobernadores del PRI
Saliendo del bajo perfil en que ha mantenido Enrique Peña Nieto, en espera de la calificación de la elección que realiza el Tribunal Electoral, ayer se reunió con la mayoría de los gobernadores del PRI. La difusión del evento reseña que se pronunciaron a favor de la consolidación del sistema democrático de México y por el ejercicio de una presidencia democrática y adelantaron (con la presunción de que será favorable) su respeto a la determinación que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los gobernadores dieron su apoyo para ciertos temas de la agenda que impulsará Peña Nieto desde la Presidencia de la República, mismos que ya antes había formulado en campaña. Entre estos, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la ampliación de la transparencia en el gobierno y la ley de publicidad gubernamental.

Con Peña y su círculo cercano estuvieron 16 gobernadores en funciones y 3 electos, faltaron 4 gobernadores, incluido el de Veracruz, Javier Duarte, además de los de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, según el parte informativo, estos se disculparon para atender contingencias ocasionadas en sus respectivas entidades por el huracán Ernesto. Dicha falta tendría su justificación en La importancia de llamarse Ernesto.