Aunque la conferencia de prensa de ayer del procurador Amadeo Flores Espinosa, en la que informó del esclarecimiento de los crímenes de 5 personas relacionadas con los medios de comunicación (4 en Veracruz y uno en Xalapa), e identificó a los responsables de estos homicidios, ya causó polémica entre los que mantienen una actitud escéptica para la autoridad, de entrada no puede dejar de reconocerse el avance que representa la acción del Gobierno del Estado para acabar con la impunidad delincuencial y rescatar la seguridad no sólo de los periodistas, sino de la sociedad veracruzana en general.
Sólo con prejuicios, desconfianza sistemática o hasta celo profesional, puede ponerse en duda, sin mayores elementos racionales de refutación, la versión oficial de los hechos, que de acuerdo con lo expuesto ayer por el Procurador, está basada en la investigación ministerial realizada y en las diversas pruebas obtenidas de los inculpados, entre ellas la confesión, además de testigos y otros elementos probatorios. Ni que fueran los abogados de la defensa criminal.
En la versión del Procurador, el primer caso, los asesinatos de los reporteros gráficos de la fuente policiaca, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba y Esteban Rodríguez, así como Ana Irasema Becerra, empleada administrativa de un diario porteño, todos cometidos el 2 de mayo pasado en la zona Veracruz-Boca del Río, se esclarecieron a partir de la detención en un operativo reciente de una célula del grupo delincuencial autodenominado Cártel de Jalisco, Nueva Generación, encabezado por Isaías Flores Pineda, alias El Cronos. Esta persona y 6 más de su banda, sostuvo el Procurador, admitieron, ante autoridad competente, del ámbito federal y estatal, ser autores de 36 homicidios perpetrados en la conurbación Veracruz Boca del Río en los últimos ocho meses, incluidos los arriba mencionados. Además de la confesión de autoría, precisaron el modo de ejecución y los lugares donde fueron abandonadas las víctimas. En este mismo caso, el Procurador relacionó otra detención realizada posteriormente, la de Juan Carlos Hernández, alias La Bertha, intervenido en el Puerto de Veracruz hace unos días en un operativo de la Secretaría de Marina, a quien se le encontraron diversas credenciales de Ana Irasema Becerra Jiménez, una de las víctimas. De la declaración de La Bertha se desprenden los motivos del homicidio de los fotorreporteros y la dama que los acompañaba, ya que habría revelado que ellos «mataron a varios reporteros», debido a que «a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas». La revelación de este tema ha incomodado al algunas organizaciones civiles de defensa de periodistas, señalando que con dicha información se «criminaliza a las víctimas», lo que es ajeno a la investigación ministerial, de ser veraz el testimonio rendido por el criminal.
El Caso de VÍctor Báez
Un asunto distinto, aunque también ligado a la delincuencia organizada y a la agenda de los crímenes contra periodistas en Veracruz, es el del reportero de la fuente policiaca Víctor Báez Chino, secuestrado y asesinado en Xalapa el pasado 14 de junio.
Al respecto, refirió el Procurador que cuentan con elementos probatorios –dictámenes periciales, informes de investigación y testimonios– para concluir que Juan Ángel Torres y Daniel Reynoso, integrantes de una célula de la delincuencia organizada fueron los autores materiales del secuestro de Víctor Báez y presumiblemente también de su homicidio. No hay confesión de estas personas, ya que fueron muertas en un enfrentamiento con la fuerza pública el 19 de junio en una avenida de Xalapa, aun así, afirma el Procurador que hay testigos presenciales del plagio de Víctor Báez que los han identificado fehacientemente.
Para la Procuraduría del Estado, los 5 homicidios quedaron esclarecidos, y como se acredita que fueron cometidos por miembros de la delincuencia organizada, se solicitará a la Procuraduría General de la República atraiga los casos de acuerdo con su competencia legal.
Presuntos culpables
Estrictamente no hay todavía definitividad en la culpa, dada la naturaleza del proceso penal, tiene aún que haber sentencia condenatoria definitiva del juez que lleve la causa, y por ello, no es exacta la aseveración del Procurador de que «se puede afirmar jurídicamente que se esclarecen los hechos investigados». Sin embargo, la exposición de la presunta responsabilidad de los señalados como autores de los crímenes de las cinco personas relacionadas con medios de comunicación, permite al Gobierno del Estado acreditar que está haciendo su trabajo y que se combate la impunidad de la delincuencia. Pasar la bola, al menos de esos casos, a otras instancias del proceso penal y bajar aquí la presión y la crítica. Habrá que ver el desarrollo de los procesos criminales.
Pero no es congruente exigir justicia para los crímenes de periodistas y cuando hay detenciones e imputaciones a los presuntos responsables, descalificar sin más las investigaciones oficiales.
