ASUNTOS PÚBLICOS: Incidencia delictiva en Veracruz

Con todo y las reservas de confiabilidad con que se toman los datos oficiales sobre delitos, ya sea por la cifra negra de los que no son denunciados o por el sub registro de las autoridades, desafortunadamente no existen otras fuentes para medirlos y tratar de conocer el impacto que tienen en la sociedad.

Si bien es cierto que generalmente no hay coincidencia en la percepción de inseguridad que tiene la población con la estadística oficial de incidencia delictiva, ésta no puede soslayarse cuando se intenta establecer las tendencias y registrar sus variaciones a lo largo del tiempo.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, la instancia federal a la que concurren los estados para fines de coordinación, desde hace varios años viene recopilando la información sobre delitos del fuero común de mayor impacto, sitio en el que pueden consultarse las cifras de todas las entidades, incluido Veracruz.

La serie de datos anuales de delitos en el estado que han sido reportados al SNSP, debe decirse, no refleja sino mínimamente el cambio que ha tenido la delincuencia en cuanto a su mayor peligrosidad y presencia.

Por ejemplo, el total de delitos denunciados tiene su punto más alto en 2007, el primer año de Felipe Calderón y tercero del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, con 76 mil 560 delitos, pero es apenas superior en cerca de 6 mil delitos respecto del año anterior. Este índice baja en el penúltimo año de FHB, y sube en el último, de 49 mil 615 a 69 mil 719, y alcanza su nivel más bajo en el primer año de Javier Duarte con 42 mil 710 delitos denunciados.

Los delitos más frecuentes en el estado son el robo y otros delitos patrimoniales, aunque son más representativos de la violencia los delitos contra la vida y la salud, como homicidio y lesiones, contra la libertad como el secuestro y la extorsión, este correspondiente a los patrimoniales.

El robo alcanzó su mayor nivel en 2010, el último año de FHB, con 23 mil 680, pero el año anterior es el menor con 13 mil 725. Este delito también disminuyó en el primer año de Javier Duarte, en que se registraron 16 mil 410 robos. En el rubro de robos, se destaca el crecimiento del robo de vehículos que de menos de 3 mil anuales que llevaba la tendencia, se eleva en 2010 a 5 mil 387, y aunque baja un poco en 2011, a 4 mil 468, no retorna a su nivel previo. El rango del homicidio doloso no muestra tampoco el contexto de peligrosidad aparejado a la percepción de inseguridad y riesgo. El sexenio de FHB registra su menor nivel en 2009 con 347 y el mayor en su último año con 583, cifra que baja en el primer año de Javier Duarte a 514, no obstante ser éste percibido como uno de los más violentos. La extorsión tiene el mayor registro en el cuarto año de FHB con 370 y baja a 222 en 2011. La menor confiabilidad la tiene el registro de secuestros, 36 en los primeros 4 años de FHB, el quinto está en ceros o se omitió y el sexto, reportado posteriormente, alcanzó 17 denuncias. En 2011, el primero del actual gobierno, la cifra fue de 60.

No hay en los datos proporcionados por la Procuraduría del Estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública ningún análisis. Los datos de delitos parecen cuestión de fe.

SABADAZO EN EL ORFIS

El sábado pasado entregó el cargo, por vencimiento de periodo de nombramiento, el Auditor General del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) Mauricio Audirac Murillo. No pudieron los de Comisión de Vigilancia prorrogarlo como era su ilegal intención hasta que el Congreso nombrara al nuevo titular, cuya convocatoria a aspirantes se publicó el pasado viernes. Pero torcieron el reglamento interior del Orfis y apretaron a los que llevaban mano para dejar de encargado del despacho al Auditor Especial Social, Antonio Ramón Rodríguez Vásquez. No queda claro cómo es que pasaron por el orden de prelación que establece el reglamento interior para saltar a dos funcionarios a los que les correspondía preferentemente asumir el interinato. En caso de falta del Auditor General, la Ley de Fiscalización dispone que fungirá en calidad de encargado el Auditor Especial que señale el reglamento interior, mismo que en su capítulo V, del régimen de suplencia de los servidores del órgano, indica la regla. Sin lugar a dudas prevé como orden de prelación el siguiente; el Auditor Especial de Legalidad y Planeación, y en ausencia de éste, el Auditor Especial de Gestión Financiera, y (únicamente) en ausencia de los anteriores el Auditor Especial Social. No se justificó que estuvieran ausentes los dos primeros funcionarios, en cambio, se filtró que «habían llegado a un acuerdo entre ellos para dejar al auditor social». El comunicado de la Comisión de Vigilancia del Congreso sostiene que «dicha suplencia se dio con fundamento en el artículo 63 del reglamento interior», pero indica que «obedeciendo a lo que se nos ha expresado por parte de los funcionarios en el orden de prelación (¿¿¿¿¿), se ha tomado a bien la designación de la tercera hipótesis». ¿En qué consiste «lo que se nos ha expresado por parte de los funcionarios»? No cabía ninguna expresión, más que su ausencia, en todo caso por renuncia en el acto, de lo que por cierto nada se informó. Parece un favor especial para Audirac, quien en su tormentosa salida, por la puerta trasera, dicen que no se apuntará para competir por otro periodo.

Eso dicen que dijo. Se creerá que no va hasta que se cierre el plazo de registro, que por cierto hoy empieza a contar y que estará abierto hasta por 10 días hábiles.

Al menos en un punto el enriquecido y cuestionado hoy ex auditor ha conseguido el consenso. Cualquiera, menos que se reelija Audirac.