El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) –cuyo proceso de renovación de su titular está en marcha, vencido el periodo de seis años de Mauricio Audirac–, mismo que es responsable de la comprobación del uso de recursos de casi la totalidad del sector público estatal, no sólo ha sido oscuro y cuestionado en su tarea externa, por complicidades y maquillaje de cuentas, sino también en el manejo de su propio gasto, el cual en materia de transparencia y rendición de cuentas deja mucho que desear.
No obstante estar sujeto, como toda entidad que dispone y aplica fondos públicos, a las leyes que le obligan a abrir su información de gasto al público y comprobar su uso lícito y eficiente, el Orfis es un ente de excepción. Es oscuro por fuera e igualmente oscuro por dentro. Una caja negra del gasto.
Basta una revisión de su página de transparencia para constatar la simulación u omisión, que para el caso es lo mismo, en la mayoría de los rubros que está obligado a rendir información acerca del modo en que ejerce su presupuesto anual, que para este año ascendió a 160 millones de pesos. Su informe de ejercicio presupuestal no es más que una transcripción del presupuesto del estado aprobado (y eso, no del año en curso), en el que se desglosan sólo los tres grandes capítulos de gasto: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, con tres columnas, de autorizado, ejercido y remanente presupuestal, algo así como las cuentas del gran capitán, o del informe del toma todo en su comida «lo que entró, salió y lo que quedaba, aquí nos lo estamos echando».
No hay tampoco informes de los resultados de las auditorías que le fueron practicadas al Orfis (no las que hizo), y si acaso una hoja de un despacho –de los que tiene contratados– en la que dice que sus cifras contables (que no muestra) fueron elaboradas con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y que reflejan su situación financiera, pura palabrería si no se conoce cómo y en qué se gastó.
No hay reporte de los ingresos que recibe por supervisión de obra, que equivalen a 5 al millar de las obras de todos los «entes fiscalizables», y que éstos deben retener a sus constructores y remitir al Orfis para su administración. De los elementos para evaluar su gestión, los indicadores de actuación, no hay nada, el link lleva a la leyenda «página en construcción». Hay unos pocos contratos de servicios, de poca monta, como limpieza y suministros de cómputo, por cierto, arreglados por invitación, no hay una sola licitación pública. La página de transparencia está tan hecha con las patas que el segmento de informe de bienes muebles propiedad del Orfis contiene sólo la mención del terreno y de su edificio, vamos, ni siquiera se toman la molestia de distinguir un bien mueble de un inmueble.
Sin embargo, calla el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), pues no se van a exponer a la represalia del titular del Orfis, órgano que revisa sus cuentas públicas, al igual que el Congreso del Estado, a quien también el Orfis revisa en su gasto y el único que puede fiscalizar éste, un error de diseño institucional, ya que se presta a los favores cruzados. Por cierto, el Congreso no hace públicas las auditorías que ha realizado al Orfis en su gestión financiera –ingreso y gasto– y hasta ahora se ha limitado a pasar de noche la aprobación con un simple párrafo al final del decreto de aprobación de todas las cuentas públicas. Como éste: «En virtud de que no se detectaron irregularidades ni inconsistencias que hagan presumir la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio o de carácter disciplinario, se aprueba el ejercicio del presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior del Estado correspondiente al año fiscal X». ¡Ah, qué bien!
Despachándose con los despachos
Aprovechándose de que el Orfis puede realizar las auditorías con su propio personal, y también mediante la contratación de despachos externos o de prestadores de servicios profesionales habilitados, ésta última opción ha sido, desde siempre, una de las fuentes de lucro indebido, es decir, de corrupción de la banda de sus titulares.
De los 58 millones asignados al Orfis para servicios generales, extraoficialmente se sabe que utilizan alrededor de 40 millones al año en pagos a despachos de contabilidad y auditoría. Estos contratos no son concursados, sino adjudicados directamente, a través de una argucia de aparente legalidad, legaloide, sin que funden ni motiven su determinación. Aunque dicho procedimiento de excepción está previsto en la Ley de Adquisiciones del Estado, el argumento del Orfis para hacerlo incumple con las formalidades y sobre todo con el supuesto de ley. El Orfis se aprobó unas reglas técnicas para estas contrataciones, a través de un considerando en que afirma que se debe garantizar que dicha contratación recaiga en personas con capacidad, así como mantener la reserva y confidencialidad, por lo que es conveniente se efectúen por adjudicación directa. Con ello, aparentan cumplir con el supuesto de que «existan razones justificadas para la contratación de servicios especializados». Y ni quien le diga nada por la entrega discrecional de contratos a los despachos arreglados, hasta por 40 millones de pesos. No pocos de estos despachos favorecidos son de reciente creación –asociados al negocio del titular o de sus allegados– obviamente pasan corriente, y en sus domicilios señalados de varios de ellos, o no los conocen, o tienen la fachada de changarros. Las asociaciones de contadores –que los tienen identificados– se la tragan, porque, si no les tocan contratos con el Orfis, deben gozar de su benevolencia, pues está facultado para «habilitarlos» con los entes fiscalizables, pero pagados por estos. Otra falla de diseño, que el ente fiscalizado contrate y pague al auditor externo y el Orfis se lo habilite, aceptando sus resultados.
La discrecionalidad abusiva permitida en la adjudicación de contratos a despachos de auditoría tiene igualmente su cara oscura en la omisión de informar acerca de ellos.
En la página de oscuridad –no podemos decir que sea de transparencia– del Orfis hay sólo un listado de despachos, el padrón de despachos externos y de prestadores de servicios profesionales en auditoría pública, que consta de 162 registros, sin domicilios –obviamente no aparecen los contratos celebrados, su objeto y menos los montos pagados a cada uno de ellos. No hay fundamento legal para no hacer pública la información de estos pagos, más que el ocultamiento de la cifra y los beneficiarios del negocio el auditor general del Orfis.
Ahora que está abierto el proceso de selección del nuevo auditor del Orfis, no debe dejarse pasar la oportunidad no sólo de evaluar su desempeño sustantivo, mejorar la fiscalización y procurar limpiar su corrupta relación con las entidades que revisa, sino también transparentar el uso que hace de sus propios recursos públicos.
