Tendrá que aclarar el Procurador General de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa, las razones por las que su homóloga del ámbito federal, la PGR, no consignó a Isaías Flores Pineda, El Cronos y a su banda, integrantes del cártel de Jalisco, Nueva Generación y al otro delincuente apodado La Bertha, por los homicidios de las cuatro personas relacionadas con medios de comunicación cometidos en mayo pasado en el Puerto de Veracruz, cuando que sostuvo hace una semana en conferencia de prensa que en el expediente estaban confesos de dichos crímenes y por tanto para él quedaban «jurídicamente esclarecidos».
La rivalidad entre ambas dependencias por adjudicarse el golpe noticioso se observó de inmediato con las reservas que manifestó la PGR ante la conferencia de prensa del Procurador del Estado, y aunque no se produjo un comunicado oficial de ello, la filtración a medios: «fuentes cercanas revelaron» que para la dependencia federal, la presunta confesión no hacía prueba plena y que tendrían que efectuar sus propias investigaciones del asunto.
Ayer se conoció que un juez federal, con sede en Villa Aldama, Veracruz, dictó auto de formal prisión a los ocho consignados, pero por delitos distintos al homicidio de los 3 fotorreporteros y la empleada administrativa de un medio local. La delegación estatal de la PGR, que atrajo la investigación del grupo de detenidos en los operativos Veracruz Seguro –la Marina y el Gobierno del Estado–, los acusó de una serie de delitos federales tipificados como delincuencia organizada, violación a la ley federal de armas de fuego y contra la salud. Concretamente, posesión de mariguana y cocaína con fines de comercio, narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas reservadas a las fuerzas federales, mas no de ningún homicidio.
No se descarta que la PGR pudiera ampliar los cargos y formular posteriormente la imputación de los homicidios de los comunicadores. Lo cierto es que ahora no lo hizo y ha dejado al procurador Amadeo Flores en el aire con su versión de que el caso ya estaba resuelto. Si las pruebas de la presunta responsabilidad de los detenidos que dijo haber verificado el Procurador, eran efectivas y legalmente obtenidas (no por coacción de la autoridad), y más aún, citaba que confesiones y testimonios de los homicidios se habían dado ante autoridades federales y estatales, algún recurso legal habría de buscar para defender su posición y la del Gobierno de Veracruz. Por la importancia para el estado de acreditar verdaderos avances contra la impunidad y en la sanción a los responsables de los ataques a personas relacionadas con medios de comunicación, se justifican incluso intervenciones de mayor nivel con la procuradora Marisela Morales. O habrá que esperar al cambio de Gobierno Federal en diciembre próximo.
Desafortunadamente, mientras no haya proceso legal por esos delitos, y obviamente sentencias condenatorias definitivas, no puede sostenerse que los crímenes de los cuatro periodistas «están jurídicamente esclarecidos». De modo implícito, pero claro, con su omisión, la PGR no avala la versión del procurador Amadeo Flores Espinosa. Se esperan respuestas.
Registros para el ORFIS
A cuenta gotas ha comenzado la primera semana del registro de aspirantes al cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). La Comisión de Vigilancia, que preside el diputado del PRI, Américo Zúñiga, recibió el primer día la solicitud de sólo uno, Víctor Molina Barrón; el segundo, también de sólo uno, Hugo Alfredo Clemente Handall, y ayer, tercer día, fueron dos más, Abel Heredia Romero y Francisco Ballardo Tiburcio. La avalancha se vendrá en los siguientes días, y más en la próxima semana en que se cierra el registro, y no se duda habrá tantos como hace seis años en que se inscribieron más de 50. El codiciado puesto, aunque tiene un sueldo no muy elevado, 40 mil 471 netos al mes, más prestaciones, por cierto «no cuantificadas», es de los que ejercen mayor poder e influencia en el estado. Comprobar la gestión financiera del sector público estatal y tener evidencias de desvíos, deja. Y si no, hay que ver las grandes fortunas amasadas por los que por ahí han pasado y sacado raja –René Mariani Ochoa y Mauricio Audirac–, que se han como El Jibarito, locos de contento con su cargamento.
Muchos, se sabe, y sus nombres ya se manejan en las columnas y espacios públicos, se están guardando para demorar el golpeteo mientras recaban su documentación comprobatoria de los requisitos y experiencia profesional, pero sobre todo, buscan los apoyos políticos que les puedan permitir llegar a ser el elegido o la elegida... por el señor. ¿Por quién más?
La vecindad del IEV
Ya no hay sesión del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) en que los consejeros no protagonicen escandalosas y banales disputas entre ellos, en la que muestran, además de que no se toleran, la falta de respeto en que han caído. Son comunes los agarrones del chongo del consejero Víctor Borges Camaal con la presidenta Carolina Viveros, al que se suma con frecuencia del lado de Borges, la consejera Blanca Castaneyra. Borges y Castaneyra se han quitado la máscara de la cortesía, pues su periodo está por vencer, deberán ser sustituidos en enero próximo. Pero a Carolina, herencia de Fidel, todavía le queda formalmente más tiempo, y le correspondería seguir en la presidencia aún en el proceso electoral de 2012-2013, en que se habrán de elegir 212 ayuntamientos, por primera vez de 4 cuatro años, y 50 diputados al congreso local.
La renovación de dos consejeros podría ser ocasión para anticipar también la salida de Carolina Viveros. Habiendo Código Electoral nuevo y acuerdos políticos de equidad en la competencia, deberían procurarse nuevos aires en el IEV. Que el órgano electoral proyecte lo que no ha tenido en estos años, credibilidad, transparencia, profesionalismo, imparcialidad y autonomía. Aprovechando el viaje, de pasada darle aire a la Carolina. Ya fue suficiente con ella.
