Nuevo Congreso y calificación de elección presidencial

Dos acontecimientos derivados de las elecciones federales del pasado 1 de julio ocuparán la atención ésta semana; uno consumado, será la instalación del Congreso de la Unión el 1 de septiembre (fecha en que además se recibirá el sexto y último informe del presidente saliente Felipe Calderón), toda vez que ya fueron determinadas en definitiva las asignaciones de diputados y senadores tanto de mayoría relativa como de representación proporcional a los partidos políticos; el otro será la calificación de la elección presidencial, a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), proceso al que falta de resolver un juicio de inconformidad, el recurso madre del movimiento de López Obrador, el cual tiene como límite el 31 de agosto, antes de pasar a la declaratoria de validez y de Presidente de la República Electo, al que obtuvo la mayoría de votos.

Vista la integración del Congreso, en la que ningún partido obtuvo por sí mismo la mayoría absoluta, y la previsible confirmación del triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI-PVEM en la elección presidencial, habrá de nuevo gobierno dividido, como ha venido ocurriendo sin interrupción desde 1997, de modo más acentuado a partir del 2000, resultado de la votación plural y diferenciada en el país. Este factor obligará de nuevo a los actores políticos a realizar negociaciones y alcanzar consensos a fin de impulsar las reformas legales necesarias y operar la coordinación entre poderes. El mecanismo ya comenzó a ponerse en práctica entre los nuevos legisladores –muchos de ellos ya muy vistos– para repartirse las posiciones representativas; por ejemplo, en el Senado presidirá el primer año la Mesa Directiva el panista Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda y precandidato a la presidencia, la Junta de Coordinación Política el priista Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, del PRD, el Instituto Belisario Domínguez; se prevé que en la Cámara de Diputados se actúe de modo parecido. Dichos acuerdos seguirán en la distribución de las comisiones y más se requerirán en la definición de las agendas legislativas y para pactar las reformas que han prometido en las campañas electorales.

El PRI, que es mayoría simple en el ambas cámaras y que tendrá la Presidencia de la República, será el motor del Congreso, pero deberá formar coaliciones para poder avanzar en los proyectos de Peña Nieto, y si en la Cámara de Diputados podría tener la decisión necesaria en alianza con el PVEM y el PANAL –entre todos sumarían 251 votos–, en el Senado esta misma coalición tendrá sólo 63 votos, requeriría de 3 más, de ahí que no pasarían sin el apoyo bien del PAN o del PRD y sus aliados. Y una reforma constitucional, que exige votación de dos terceras partes de ambas cámaras, es imposible sin negociaciones y consensos con las fuerzas de oposición.

Espera, pues, un nuevo ciclo de gobierno dividido y de predominio del diálogo y los acuerdos como vía para la toma de decisiones políticas. Los legisladores desempolvan las agendas sobre las reformas estructurales aplazadas a lo largo de la década –fiscal, laboral y energética– y sacan las nuevas, las impuestas por la coyuntura, como la de seguridad y otra etapa de la electoral. El PRI pretende impulsar, de entrada, tres reformas relacionadas con la política de EPN en torno a la presidencia democrática: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, la creación de una instancia ciudadana que supervise la contratación de publicidad gubernamental y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Ya veremos, una vez que se instale el Congreso, los contenidos de sus proyectos legislativos y el rol que jugarán tanto el partido en el poder como la oposición. El sábado es su debut.

Las bancadas veracruzanas

Veracruz tendrá un total de 28 diputados; 17 del PRI en coalición con el PVEM, 7 del PAN y 4 del PRD. Y tres senadores, dos del PRI y uno del PAN. Habrá que estar atentos a su desempeño para empezar a ver en qué comisiones quedan y si presiden alguna.

Calificación de la elección presidencial

El pasado viernes el Tribunal Electoral resolvió 349 juicios de inconformidad presentados por el movimiento Progresista, y sólo se anularon 524 casillas, apenas el 0.4% del total, irrelevante para modificar la votación que favorece a Enrique Peña Nieto sobre López Obrador por más de 3 millones de votos.

Este veredicto parece ser el preludio de la puntilla a la inconformidad de AMLO. Falta por resolver ahora sólo el juicio relativo a la nulidad total de la elección, el que podría dictaminarse esta misma semana. Mientras tanto, López Obrador, el que no sabe perder, sigue enviando al Trife toneladas de «pruebas supervinientes» del presunto fraude, las que acompaña con actos mediáticos, su museo del fraude electoral, las protestas callejeras del menguante #yosoy132 y las amenazas de que habría caos social si no se anula la «turbia» elección.

La ruta final está trazada, el recurso madre de AMLO tendrá que fallarse antes del vienes próximo y el 6 de septiembre es la fecha límite para que el Tribunal se pronuncie sobre la validez de la elección, pero puede hacerlo antes, y a la vez, declarar Presidente de la República Electo. Todo indica que desechará las toneladas de pruebas armadas para el golpe mediático, pero sin valor jurídico, y legitimará el mandato de Enrique Peña Nieto.

Con ello, vendrá una reedición de la rabieta de hace seis años, aunque ahora a ver quiénes lo siguen. Los legisladores electos del PRD y su coalición, al igual que los que ganaron en elecciones locales, ya anticiparon que acatarán el fallo del Tribunal.