Refuerzan DIF Estatal y diputados iniciativa de la Ley de Albergues

Para garantizar la atención de calidad, humanitaria y de respeto a las personas en desventaja, diputados locales analizaron y reconocieron como prioritaria la aprobación de la iniciativa de ley propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa que permita facultar, a través del DIF Estatal, un sistema de regularización para los albergues, asilos y casas de asistencia públicos y privados que operan en la entidad.

Con esta ley el gobierno no sólo supervisaría la operatividad de los cerca de 300 centros de asistencia públicos y privados de la entidad que atienden a menores, mujeres, víctimas de violencia, adultos mayores o personas con alguna enfermedad o adicción, sino también apoyaría igualmente su funcionamiento con dotaciones alimentarias y la capacitación al personal para dar garantía de la atención y cuidados adecuados que requiere cada residente.

Al reunirse con los diputados Flavino Ríos Alvarado, Brenda Abigail Reyes, Martha Lilia Chávez, Paulina Muguira, Rosa Enelva Vera Cruz y Alma Rosa Hernández, el director general del DIF Estatal, Juan Antonio Nemi Dib, se refirió a la urgencia de legislar la operatividad de albergues y casas de asistencia pues, ante la ausencia de mecanismos que los regulen, existen, en algunos casos, violaciones a los derechos humanos de las personas que requieren asistencia en estos lugares.

“Es urgente, debido a que el DIF y ninguna otra dependencia tiene facultades para intervenir cuando se detectan casos de abuso, violencia, daño patrimonial u otras situaciones que afectan a los residentes”, señaló el funcionario, tras reconocer que la mayoría de las instituciones de asistencia funcionan adecuadamente.

Los representantes de las comisiones permanentes de Salud, Derechos Humanos, Género y Familia, y de Protección Civil del Congreso del Estado coincidieron en que se requiere el sistema de regularización de dichos centros que habitan personas vulnerables como adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, adolescentes embarazadas, menores en abandono y que requieren una atribución legal, que permita al gobierno garantizar su bienestar, atención de calidad, humanitaria y de respeto a su dignidad.

Debido al interés por que se garanticen los derechos de la población en desventaja, principalmente de las personas en abandono, en la reunión se propuso que, una vez aprobados los reglamentos a estos centros, los legisladores, la sociedad civil y el gobierno participen en la supervisión y análisis de resultados.

Los legisladores y directivos del DIF Estatal propusieron una nueva reunión en la que participen las dependencias involucradas en este tema como salud, protección civil y derechos humanos para reforzar los lineamientos de la ley que, refirieron, requiere la entidad.