La cuenta regresiva en el Tribunal Electoral de la Federación para validar la elección presidencial en favor de Enrique Peña Nieto y darle palo al juicio madre de nulidad promovido por la coalición de Andrés Manuel López Obrador agota el reloj apresuradamente.
Ayer, mientras la Sala Superior del Trife desechó un recurso de la coalición para diferir las fechas perentorias previstas por la ley, por el que se intentaba forzar al IFE a concluir las investigaciones de fiscalización de recursos de campañas, y sostuvo la legalidad de los plazos, ya circuló el proyecto de sentencia de la madre de todas las impugnaciones, elaborado por una comisión de magistrados de dicho tribunal.
La fiscalización de recursos de campaña que debe hacer el IFE está aún en proceso, y dentro de los plazos legales, así que AMLO no podrá usar estos informes en su juicio, como tampoco le servirán de mucho los informes solicitados por el Tribunal a la PGR sobre el número de acciones penales ejercidas por delitos electorales, que no fueron muchos. Sin pruebas contundentes de validez procesal, de violaciones a principios constitucionales relevantes para influir en el sentido de la votación, se avizora una sentencia negativa al juicio de inconformidad.
Aunque no se reveló el contenido del proyecto, la forma en que se han resuelto los juicios previos de inconformidad de la elección presidencial, 349 en total, con una anulación mínima de casillas, sin alterar la tendencia de la votación, lo previsible es que este último recurso, que contendrá consideraciones de principios constitucionales, también sea juzgado de improcedente. Si bien en el alcance de las facultades del Tribunal, es hipotéticamente posible declarar la nulidad, hacerlo iría contra toda lógica jurídica. Hasta el momento AMLO y los suyos no han conseguido probar jurídicamente la compra de votos y la coacción al electorado, ni los excesos de gastos o el uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, como tampoco las demás tramas imaginarias del fraude electoral. Mucho ruido mediático y más volumen sin eficacia probatoria, entre toneladas de papel que ha entregado y las miles de firmas adheridas a su demanda, de las que el Tribunal ha declarado no saber con qué carácter lo hicieron, si no están legitimados en el juicio.
Las advertencias emitidas como amenazas veladas por los dirigentes de la coalición Movimiento Progresista, de que la validación del triunfo de Peña Nieto provocará «estallidos sociales», no parecen intimidar a nadie y menos a los siete magistrados de la sala central del Tribunal Electoral.
A más tardar este viernes el Tribunal fallará sobre el juicio madre (y le darán en toda la ídem), dejando abierto el periodo, que vence el 6 de septiembre, aunque podría ser antes e incluso en la misma sesión en que resuelva el juicio madre, para hacer el cómputo final y la declaración de validez de la elección y la de presidente electo, obviamente en favor de Enrique Peña Nieto. Los días están contados. Ya viene la tormenta y el trueno.
HuevaZos al libre mercado
la elevación reciente del huevo, que ha duplicado o más su precio, dejado a las fuerzas del mercado –la gripe aviar, las restricciones a la importación y la especulación de acaparadores– ha provocado la intervención de los gobiernos para intentar estabilizar el precio y garantizar su consumo en la población de más bajos recursos.
Mientras el Gobierno Federal –que ha recomendado, desde su Ferrari en Economía, no comprar huevo o dejar de comerlo (además es alto en colesterol), y ha liberado hasta cierto punto los aranceles para importación, los gobiernos locales, más solidarios con las clases populares, le han entrado al quite con la distribución a bajo precio. En el Distrito Federal, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, no por nada el PRD tiene el control de la capital, desde mediados de la semana pasada empezó su programa «Central de abastos a tu colonia», para vender 20 toneladas de huevo a 20 pesos el kilo, cuando en el mercado andaba en más del doble. Ayer en Veracruz, el gobernador Javier Duarte tiró los huevos por la ventana, regaló una parte y otra cantidad la puso a 10 pesos el kilo, al arrancar el programa «Apoyo a la Economía Familiar Adelante» con una distribución de 5 mil paquetes de huevos. El gobernador Duarte ofreció pagar un peso como subsidio por cada peso que aporten los gobiernos municipales para intensificar el abasto a precios castigados, por lo que se esperaría una rápida reacción de los demás ediles, «echarle güevos al asunto» y extender el programa a toda la entidad.
Los gobiernos estatales de Sinaloa y Guanajuato también anunciaron medidas similares.
Podrán calificarlos de populistas o de oportunismo político, pero se demuestra que la mano invisible del mercado no funciona, y que, ante los desequilibrios de las fuerzas libres, el Estado está obligado a intervenir para su regulación. Vale más tener que comer, que la ortodoxia económica. Revés al libre mercado.
Defiende andrade su código
ausente en la reunión convocada por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, en la que los representantes de la Barra de Abogados y del Poder Judicial hicieron trizas su proyecto de Código de Procedimientos Penales, demandando revisiones y aplazamiento de su aprobación, el diputado Eduardo Andrade saltó a la palestra. Refutó que tenga errores (más de 140 señalaron) y que sea una «aberración jurídica». Además, recordó, lo cual es cierto, que esta iniciativa de código procesal que incluye los juicios orales y la adaptación a la reforma constitucional de 2008, la presentó al Congreso desde hace 4 meses. Si no la habían leído, no es su responsabilidad; efectivamente, el proyecto que cuenta con 577 artículos y prevé iniciar vigencia en mayo de 2013, de manera escalonada en los distritos judicial del estado, está publicada en la Gaceta Legislativa del 12 de abril de este año, por cierto que en su exposición de motivos se destaca, entre otros, la economía presupuestal del Poder Judicial, con un juez único, para que con el mismo personal puedan ocuparse de un mayor número de casos, además se consideran procedimientos para reducir la carga de trabajo en los juzgados, bajo la condición de que los juicios se lleven a cabo sin violación de derechos y ajustándose a las normas constitucionales. El proyecto es un buen punto de partida para la discusión, peor es partir de cero, así que no valen las descalificaciones absolutas ni los pretextos, como los del Poder Judicial, que nunca están preparados al cambio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa, obviamente, quien está detrás del magistrado Raúl Pimentel, enviado a la reunión con legisladores a tasajear el código Andrade, ya salió a hacer el papel de siempre. A pedir más presupuesto para el Tribunal si se aprueba la iniciativa para instaurar el nuevo modelo de justicia penal, y eso que reconoció que tienen edificadas 21 salas para juicios orales, que no se usan. Es evidente que los intereses de los magistrados por una reforma judicial van sólo hacia sus privilegiadas pensiones y al mayor presupuesto al Poder Judicial, temas de su propuesta de reforma congelada por el exceso de costo en el Congreso. La reforma de la justicia penal les tiene sin cuidado, mientras más se tarde, mejor.
