Al filo del vencimiento del plazo –sólo quedan hoy y mañana– se cuentan 33 apuntados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso para la competencia por el cargo de Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y todavía no se ve claro quiénes podrían pasar a la terna que será votada en el Congreso y menos la identidad del único que habrá de ser nombrado para dirigir la comprobación de la gestión financiera del sector público estatal durante los próximos siete años.
De manera creciente han venido sumándose los aspirantes a lo largo de la semana pasada y de lo que va de ésta, si bien han sido poco más de la mitad de los que acudieron por el mismo puesto hace seis años, 59, y a menos que lleguen en alud en los dos días que faltan para el cierre del registro, la cifra quedaría por debajo del precedente.
Llama la atención que entre los solicitantes formales de registro no aparezcan varios de los que se mencionan con más insistencia como los más viables, según los que se dicen enterados del trasfondo de los movimientos de poder.
Salvo el presidente del Colegio de Contadores de Xalapa, Sergio Vázquez, que hizo campaña de medios por su candidatura y por la que recibió golpeteo mediático, presuntamente dirigido por el hoy ex auditor general Mauricio Audirac, cuando éste aún creía que sería reelecto en automático, antes que uniera a todos en su contra para impedirlo y se abriera la convocatoria, los otros fuertes aspirantes al cargo todavía no dan color, ni puerta ni Portilla, ni luz como Clara Luz y Lorenzo Antonio.
Aunque Vázquez ha hecho campaña para postulación utilizando el membrete del colegio, y se le atribuye el apoyo del contralor del estado, Iván López, es improbable que tenga los amarres para pasar el filtro de la decisión política; como tampoco se le ven muchas posibilidades al ex rector de la UV, Carlos Manuel Aguirre, de quien se dice es recomendado del coordinador de la bancada
del PRI, Jorge Carvallo Delfín, con quien recientemente colaboraba. La decisión del nombramiento la tomarán los diputados del PRI con sus alianzas, pero no se cree que la designación de quien tendrá el control de las cuentas de los poderes, órganos descentralizados y autónomos, y los 212 ayuntamientos, se deje al nivel de un diputado. Otros aspirantes son desconocidos en el medio público, algunos son de despachos o colegios de contadores y se les vincula con el anterior auditor, Mauricio Audirac, o con el contralor Iván López, muchos más han ido por su cuenta y riesgo, sin visibles respaldos políticos, indispensables en la realidad del concurso, por ejemplo, el ex administrativo de Juan Maldonado en la SEV, en tiempos de Miguel Alemán, Antonio Gómez Pellegrín. Los más se han aventado como El Borras, inclusive con notorio incumplimiento de requisitos de convocatoria, tal es el caso de un licenciado en administración de empresas, no en administración pública, como se exige, o un arquitecto, profesión excluida para ser titular del Orfis.
Los integrantes de la Comisión de Vigilancia que harán el primer filtro selectivo, y que como se sabe, algunos de ellos ya estaban en la cargada por la reelección de Audirac, se han apresurado, aún fuera de procedimiento legal, como el diputado del PAN Llescas, a preparar una «quintilla», de la que dijo son los únicos que hasta ahora cumplen con los requisitos.
Habrá que esperar al cierre del registro este viernes, para saber cuántos más y quiénes se inscribieron y si finalmente es o no definitiva la cancelación de las aspiraciones por otro periodo del desacreditado auditor saliente, Mauricio Audirac. Entonces, se podrán observar en conjunto los perfiles y las marcas de sus respaldos. Hasta ahora el pronóstico parece ser que el bueno (que no Bueno Bello) todavía no ha presentado su solicitud.
CAMPAÑA EN CONTRA
La reciente campaña mediática en contra del contador Lorenzo Antonio Portilla, actual director de Control y Evaluación de la Contraloría del Estado, y uno de los aspirantes mencionados al cargo de auditor general «entre los enterados», cuando aún no ha presentado solicitud, es reveladora del temor a que lo haga y de los intereses que hay en juego entre los que participarán y sus apoyos externos.
A Portilla se le ha intentado presentar como inelegible por incumplir los requisitos para ocupar el cargo, con un erróneo libreto legal, quizá formulado, evidentemente no por un jurista, sino en el mejor de los casos por un contador (¿Audirac?).
Con una transcripción legaloide y equivocada de las disposiciones que rigen los requisitos para el cargo, el argumento «filtrado» sostiene infundadamente que para ser auditor general se requiere no haber desempeñado ninguna función, actividad o comisión alguna en partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas, en los órdenes municipal, estatal o federal, a menos de que se hubiere separado del cargo cinco años antes de la designación como titular de alguna de las unidades administrativas del Órgano (de Fiscalización), y citan los artículos 7 y 11 del reglamento interior del Orfis, Concluyen por error o dolo que Portilla estaría impedido, ya que fue contralor del PRI hace menos de cinco años.
La Constitución del Estado no prevé este requisito, como tampoco la Ley de Fiscalización, y por ello, en una interpretación correcta del marco legal que rige el proceso de renovación del titular del Orfis, la Comisión de Vigilancia del Congreso, que preside el diputado del PRI, Américo Zúñiga, omitió en la convocatoria el requisito antes citado que proviene del reglamento interior. Esta es una norma de inferior jerarquía a las dos anteriores, y por ser subordinada no puede ir más allá de lo que dispongan aquellas, además de que el reglamento interior es elaborado por el propio auditor general (lo hizo Audirac en enero de 2009). Es de elemental comprensión jurídica que su reglamento no puede estar por encima de la Constitución del Estado y de la ley secundaria, ambas de creación legislativa, mientras que el reglamento es de orden administrativo, sólo detalla, para mejor aplicación, lo que la ley estipula. No más. Un simple problema de la pirámide jurídica, de introducción al estudio del derecho.
Ya se verá si se inscribe Portilla, a quien también equivocadamente se le vincula con el contralor Iván López, desconociendo que su relación es más arriba, y si de hacerlo, llega a la final. Pero ese es otro cuento, lo cierto es que no tiene impedimento como lo propalan, por encargo, los leguleyos de contadores.
