Sin sorpresa en los liderazgos de los dos grandes grupos de trabajo, pero si en algunas segundas posiciones relativas a ramas específicas, ayer el Presidente Electo Enrique Peña Nieto presentó al equipo de transición que le ayudará en la etapa de entrega-recepción del Gobierno Federal.
Como se anticipaba, sus dos brazos principales seguirán siendo Luis Videgaray, su secretario de finanzas en el Estado de México y jefe de campaña, designado para coordinar «la transición gubernamental», que se orientará a las áreas de administración y políticas públicas, y del ex gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, en la coordinación de «Diálogo y Seguridad», enfocado a la búsqueda de acuerdos con actores políticos y a temas de seguridad; nombramientos destacados entre los 46 de ayer, con lo que se confirma el predominio de los grupos políticos priistas del Estado de México y de Hidalgo, respectivamente.
Las designaciones inesperadas fueron dos: la de Rosario Robles Berlanga como vicecoordinadora de Política Social en el área de Videgaray, ya que la ex dirigente del PRD y ex jefa del gobierno del Distrito Federal, expulsada de ese partido, fue, como se recuerda, protagonista de escándalos que mezclaron la corrupción con las pasiones en sus vínculos con aquel argentino corrupto y tormentoso, Carlos Ahumada, el de los videos de las maletas de dinero a funcionarios del gobierno de López Obrador a cambio de contratos. Y el nombramiento de Roberto Campa Cifrián como vicecoordinador de Justicia, al lado de Osorio Chong. Campa Cifrián, ex diputado federal, desertó del PRI en 2003 junto con Elba Esther Gordillo para aliarse con el PAN, y luego le sirvió de monigote en la campaña electoral de 2006 como candidato a la Presidencia de la República por el Panal, el partido de la maestra; después fue colocado por ella, al principio del gobierno de Calderón, unos meses, como secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de ahí su recomendación magisterial y experiencia en temas de seguridad pública.
Con tales designaciones, ya fue sorpresa menor la aparición de María de los Ángeles Fromow, la panista y ex fiscal especial para delitos electorales (Fepade) durante el gobierno de Vicente Fox, como secretaria técnica del grupo de diálogo y seguridad de la transición de Peña Nieto.
No hay políticos o administradores de grueso calibre, y se dice que es un equipo cuando mucho de subsecretarios, ni de lejos un gabinetazo; hay, entre otros, varios juniors de la política, Alejandro Murat, hijo del ex gobernador de Oaxaca, José Murat; el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, Enrique de la Madrid Cordero, o la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, hija de su hermana Adriana y del político guerrerense José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI asesinado en1994, aquel año terrible de la política nacional.
Al dar a conocer estos nombramientos, Peña Nieto aseguró que no necesariamente ellos serán los titulares del gabinete (uff, qué alivio), pero la encomienda de tareas, desde ahora, revela que forman parte de su círculo cercano, del que no pocos ocuparán las primeras posiciones en el próximo gobierno. Ya se verá. Habrá que esperar las reacciones ante estas primeras señales enviadas por el Presidente Electo. Por lo pronto, seguimos sin encontrar a los políticos veracruzanos en la burbuja de Peña Nieto; 46 a 0 se llevaron esta partida nacional los del Estado de México e Hidalgo, los juniors y los tránsfugas de otros partidos políticos.
No es mas deuda
Falsa alarma resultó la versión inicial de que el Gobierno del Estado incrementará la deuda pública con la solicitud enviada ayer al Congreso para obtener un financiamiento hasta por mil 274 millones de pesos con Banobras. En realidad se trata de una operación financiera que si bien requiere la aprobación del Congreso, es una formalidad para poder acceder a un fondo federal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la infraestructura y seguridad (Profise). Las reglas de operación de este fondo que administra Banobras contienen la previsión de que del monto contratado, del que disponen los estados para los fines establecidos, de aquel se paga el capital, y estos únicamente los intereses. Con lo que se debe hasta ahora en créditos y obligaciones es suficiente. Según los registros de la Secretaría de Hacienda, a junio de este año asciende a un total de 31 mil 815.8 millones de pesos, de los cuales, 28 mil 974.9 son del estado y 2 mil 840.8 de los municipios. Al menos éste de Banobras para acceder al Profise no será una carga más.
Extraordinaria del Congreso
Este jueves, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado se ocupará no sólo de la aprobación del crédito mencionado. Los diputados locales también tienen agendada la discusión, y en su caso aprobación, del dictamen del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado, el que reglamentará el nuevo modelo de justicia penal, derivado de la reforma constitucional de 2008, y que incluye el desarrollo de los juicios orales. La iniciativa, obra del diputado Eduardo Andrade, recientemente levantó polémica entre abogados y magistrados y, supuestamente, al dictamen final se incorporarían las observaciones hechas por ellos. Mañana se sabrá en que quedó.
