ASUNTOS PÚBLICOS: Iniciativas de trámite preferente

Estrenando la nueva facultad concedida por la última reforma constitucional al Presidente de la República, Felipe Calderón ejerció el pasado 1 de septiembre el trámite preferente para dos iniciativas de reformas ante el Congreso de la Unión, y reabrió a chaleco en la agenda inmediata la discusión a la legislación laboral y al manejo de recursos y cuentas gubernamentales.

Ambas iniciativas remitidas –la laboral a la Cámara de Diputados y la de Cuentas Públicas al Senado– imponen plazos perentorios de 30 días naturales, respectivamente, para votarlas y luego intercambiarlas, de tal forma que en 60 días las dos cámaras deberán haberse pronunciado a favor o en contra sobre las dos propuestas de reformas legales. Las legislaturas, apenas instaladas, van contra el tiempo, pues aún no integran las comisiones que deberán dictaminarlas, además de que los dos asuntos planteados en la preferencia del presidente son complejos y requieren de la evaluación de sus consecuencias de aplicación, que son de alcance nacional. Hay precedentes de rechazo en sectores políticos de peso, sobre todo para la laboral por parte de los sindicatos, y no se duda los habrá en las cuestiones finas de la transparencia y rendición de cuentas desde los gobiernos estatales y municipales. Pero estas circunstancias no son excusas válidas para los legisladores, que tendrán que entrarle a los temas impuestos. Se probará si el nuevo mecanismo instituido para romper la parálisis legislativa funciona, en el entendido que la obligación es de votarla, más no de aprobarla, incluso pueden incorporar modificaciones y mezclarla con nuevos proyectos; sin embargo, mostrará de paso, en el actual Congreso, otra vez dividido, y al inicio de un nuevo ciclo político, la disposición de los grupos partidistas de alcanzar acuerdos.

Rehacen la ley federal del trabajo

La legislación vigente data de principio de los setentas y desde hace más de una década se han presentado múltiples iniciativas de reforma que no han prosperado. La iniciativa de Calderón recupera varias fallidas intentonas del PAN para flexibilizar las relaciones laborales, que gozan de simpatía patronal, pero introduce ahora propuestas de nuevas reglas sobre las organizaciones sindicales, que han puesto a éstas en pie de lucha. Del cúmulo de disposiciones, se destacan, en la esfera de la relación de trabajo, las nuevas modalidades de contratación, los periodos de pruebas, los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada; el reconocimiento de la subcontratación u outsourcing y el tele trabajo, la vinculación del salario a la productividad y la fijación de un tope al pago de salarios caídos, hasta un máximo de un año.

La resistencia de los sindicatos se enfoca a las normas del proyecto que establecen el voto libre y secreto en la elección de la directiva sindical, la obligación de rendir cuentas y la posibilidad de los agremiados para exigirlas, y la calificación de información pública de diversos documentos sindicales. Además de que suprime la llamada cláusula de exclusión por separación –quien deja el sindicato pierde el empleo–, permitida en contratos colectivos de trabajo, la que se sabe es uno de los instrumentos de control sindical sobre los trabajadores de una empresa. Revoloteó el avispero corporativo.

De la transparencia
en cuentas públicas
La iniciativa de reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental plantea un nuevo título de esta ley, denominado «De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera», que en su exposición de motivos, implícitamente, centra en gobiernos estatales y municipales, dando por sentado que el Gobierno Federal ya es muy transparente en sus cuentas.

En realidad la legislación federal y estatal vigente ya obliga a los gobiernos locales y municipales a hacer públicos sus informes financieros en páginas de internet, la novedad es que ahora se detalla hasta cierto punto la forma en que deben presentarse, a lo largo de los procesos de formulación de presupuestos de ingreso-gasto, su aprobación y su ejercicio y rendición de cuentas.

Dos temas sobresalen en las nuevas reglas. En cuanto a la información, se pretende obligar a que proporcionen en sus cuentas los registros de «todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública», con el agregado de «u otros pasivos de cualquier naturaleza», frase que ha sido interpretada en el sentido que informar de todo lo que se deba, así sean pasivos de corto plazo o cuentas por pagar, zonas abultadas y oscuras de las finanzas estatales y municipales. Asimismo, la obligación impuesta para el ejercicio presupuestal de que «los entes públicos implementarán programas para realizar pagos directamente en forma electrónica, mediante abono en las cuentas bancarias de los beneficiarios», norma que se pretende signifique una prohibición para las administraciones de manejar dinero en efectivo para pagos, no vaya a ser que los agarren con las maletas en la mano.

Por otro lado, se advierte en el proyecto el forcejeo de la Federación con los estados y municipios en el manejo de los fondos transferidos, especialmente en los programas federalizados de educación, salud y fondos municipales. Sobre todo en los dos primeros, intentan trasladar sus regateos continuos por el pago de plazas, y –otra vez la embestida al corporativismo– buscan la identificación del personal comisionado y con licencia.

Finalmente, el proyecto tipifica infracciones administrativas por acción u omisión en las obligaciones de transparencia y prevé sanción penal para los que omitan en forma dolosa su cumplimiento.

A ver qué dicen los gobernadores y ediles de estas nuevas reglas que pretende dejar el gobierno de Calderón. Por lo pronto, la Conago, donde predominan los de filiación priista, ya preparan sus observaciones.

entrevistas a aspirantes al orfis, que sean abiertas

No está previsto, pero tampoco prohibido, y como no se tratarán temas que afecten a la moral o pongan en riesgo la seguridad de nadie, se vería más la apertura y la contribución al debate público si la Comisión de Vigilancia del Congreso entrevistara en público a los 26 aspirantes al cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La media hora que destinarán a cada uno de ellos, a partir de mañana y durante 4 días, para que expongan su programa de trabajo, si fuese abierta al público permitiría conocer más de cerca a los aspirantes. Observar su desenvolvimiento personal, dominio o no de los temas centrales, y generar un conocimiento público de los alcances actuales y posible proyección de la importante función de comprobar la gestión financiera gubernamental.