El tema de la deuda pública en Veracruz se ve con recelo y tiende a politizarse debido al incremento desproporcionado en su nivel que alcanzó en el sexenio pasado, cuando, como se sabe, pasó de 3 mil 500 millones de pesos en 2004 a 21 mil 500 en 2010, monto que ahora, con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a junio de 2012, está en 31 mil 815 millones de pesos, de los cuales 28 mil 974.4 son del estado y 2 mil 840.8 de los municipios.
Sin embargo, la aprobación hecha ayer en el Congreso para que el Gobierno del Estado contrate una línea de crédito con Banobras de 1 mil 274 millones de pesos dentro del programa de apoyo a la infraestructura y seguridad, es en realidad una ganga para las finanzas estatales.
La desconfianza en la autorización de recursos para que el Estado acceda al fondo federal para infraestructura y seguridad, denominado Profise, vía Banobras, no se justifica, ni por ignorancia o interés político en amplificar el asunto.
Como pocos, este crédito
es no sólo transparente sino benéfico para la economía y desarrollo del estado, y además de que no representa una carga financiera significativa a las finanzas públicas locales. El origen de sus reglas de operación se encuentra en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, concretamente en el artículo transitorio vigésimo sexto. Ahí se dispone el objeto de este fondo federal y se precisa en qué consisten los apoyos. No queda duda en que tiene por objeto «apoyar operaciones asociadas a infraestructura en las entidades federativas, incluyendo la destinada a seguridad pública», y que el apoyo consiste en «que el fondo aporte los recursos que servirán como fuente de pago al componente del capital», y que la obligación financiera de las entidades federativas es «cubrir los intereses correspondientes».
El manejo, destino, tratamiento contable y aplicación de estos recursos se realiza bajo la responsabilidad de las entidades federativas, que para el caso de Veracruz, su destino será la ejecución de 80 obras de infraestructura de vialidad, salud, seguridad y electrificación, en 50 municipios, según informaron ayer tanto el gobernador Javier Duarte, como el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz.
La Banca de Desarrollo del Gobierno Federal, Banobras, designado por el propio Presupuesto de Egresos de la Federación como la institución para operar el esquema financiero, a partir de este año, definió el programa de financiamiento para la infraestructura y seguridad en los estados (Profise). Según su información, este programa «potencializa» los recursos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 –que fue de 8 mil millones de pesos– mediante la compra de bonos cupón cero. De esta manera, se otorga un crédito a las entidades federativas (conforme al coeficiente de distribución del fondo general de participaciones de 2010) para utilizar los recursos del fondo como fuente de pago del capital. Las entidades federativas únicamente deben cubrir los intereses generados.
Más claro, ni el agua. El fondo federal paga el capital, y los estados sólo los intereses. El secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, informó ayer a una comisión de diputados, previo a la aprobación del Congreso, que por esta operación el estado pagará, por concepto de intereses a tasa fija, alrededor de 8 millones de pesos al mes durante 20 años.
El acceso de Veracruz al fondo federal de infraestructura y seguridad inyecta recursos a la economía del estado y contribuye a su reactivación, a la vez que permite satisfacer necesidades colectivas, a un mínimo costo financiero. La burra no era arisca, pero éste no es ningún palo a la caja. Ya quisiéramos muchos créditos de esos.
NUEVO MODELO DE jUSTICIA PENAL
Por fin, Veracruz tiene una legislación secundaria que regula el procedimiento de la reforma constitucional de 2008, la que estableció el nuevo modelo de justicia penal acusatoria, que incluye la presunción de inocencia, la protección a las víctimas de los delitos y los juicios orales.
El dictamen aprobado ayer en el Congreso, elaborado por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales que preside Flavino Ríos Alvarado, partió de la iniciativa del diputado del PRI Eduardo Andrade, pero dice haber incluido las observaciones recogidas en distintos foros de consulta. Entre estas de los representantes del Foro de Abogados del Estado, de grupos representativos de comunidades indígenas, mujeres, diputados de diversos partidos políticos, magistrados y jueces del Poder Judicial, de la Procuraduría del Estado y de la Consejería Jurídica del Estado. Asimismo, aseguran contar con el aval de la Secretaria Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) de la Secretaría de Gobernación, que manifestó que el código procesal cumple con las bases constitucionales del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio.
Habrá que revisar el nuevo código procesal a detalle, y sobre todo, capacitar al personal de los juzgados y de la Procuraduría, las partes institucionales, y a los abogados defensores y coadyuvantes; pues, a no ser que le vuelvan a meter freno para su aplicación, el nuevo sistema entraría en vigor, por etapas, a partir del año entrante. En mayo 11 del próximo año iniciará en 4 distritos judiciales, Xalapa, Coatepec, Jalacingo y Córdoba. En 2014, en otros nueve distritos: Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla y Misantla. Y en mayo de 2015 en los 8 restantes: Huatusco, Orizaba, Zongolica, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos. A ver si ahora sí va en serio.
